El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, se ha referido este lunes a la jornada de 35 horas y ha apuntado que se va estudiar “sector por sector para saber dónde se puede implementar”, con lo que abre la puerta a introducir cambios en una demanda de comunidades autónomas como Castilla la Mancha, que fue pionera en establecerla y verla tumbada; Euskadi, con el mismo final; y Andalucía, que ha sido la última en recibir la misma respuesta que el resto de territorios: el recurso.
Mientras la Junta de Andalucía intenta evitar que el Gobierno de España, tras aprobar en el último Consejo de Ministros recurrir el decreto en el Tribunal Constitucional (TC) exija también la suspensión cautelar de una medida en vigor desde el pasado mes de enero, se atisba una luz en el horizonte. Esto no garantiza que no se vaya a pedir esa suspensión cautelar por un recurso, con el que el ministro Íñigo Méndez de Vigo insiste en que se busca que los empleados públicos no estén sometidos a diferentes regímenes “en función de la comunidad autónoma en la que trabajan”. Pero puede ocurrir haya una tregua para estudiar si se pueden mejorar las condiciones laborales en la materia para todos los empleados públicos.
En este contexto, Roberto Bermúdez de Castro ha matizado que “el recurso está planteado a futuro”, es decir, para los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para “cumplir la ley” y no tratar de manera diferente a Andalucía con respeto a los demás territorios. De manera que hay margen para esa posible reforma para todas las comunidades autónomas.
De fondo subyace una tensión entre comunidades autónomas que intentan apuntarse el tanto de liderar esta reclamación y el Gobierno de España que a su vez quiere tener a iniciativa, igual que en 2012 decidió pasar de las 35 horas, derecho conquistado en 1999, a las 37,5, con la crisis como razón porque se trataba de ahorrar en nuevas contrataciones haciendo trabajar a los empleados públicos dos horas y media más cada semana. Sin embargo, cuando Mariano Rajoy está hablando de recuperación de la economía va perdiendo peso este argumento y la presión para devolver este derecho perdido crece.
Tras la reunión de la comisión de seguimiento de la Conferencia de Presidentes de las comunidades autónomas esta semana, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, salió medianamente optimista en este sentido. No en vano, la comunidad autónoma había encajado 48 horas antes el golpe del recurso, que además se produjo en el último día que tenía el Gobierno de España para ello, lo que en los últimos nueve meses había permitido a la Junta de Andalucía planificar su política de personal con la previsión de esas 35 horas.
De este modo, mientras que en el PSOE de Andalucía se preguntaban horas antes sobre por qué se había esperado hasta el último minuto, sembrando la sospecha en torno a esta maniobra, las últimas declaraciones del secretario de Estado para las Administraciones Territoriales dejan entrever que el Gobierno de España ya trabajaba para articular una vuelta a las 35 horas, aunque sea por fases y no tan completa como habían decidido las tres citadas comunidades autónomas, e incluso también el Ayuntamiento de Madrid, el único que lo ha hecho, y que terminó igualmente con la medida anulada. Pero no puede permitirse que parezca una victoria de ningún territorio, y menos de uno gobernado por el PSOE.
El caso es que Manuel Jiménez Barrios ha comentado que el propio ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, manifestó en dicha comisión que “intentará evitar la conflictividad” en lo relativo al recurso. También él ha planteado es la posibilidad de ir viendo por sectores, en función de su particularidad, un ajuste de la jornada laboral.
Lo que habrá que ver es “cómo se traduce eso en el trabajo de diálogo y encuentro que hay que seguir haciendo”, en palabras del vicepresidente de la Junta de Andalucía. En su opinión, una manera de “evitar la conflictividad” es precisamente no pedir la suspensión cautelar“ porque eso sería ”dar credibilidad a lo que se ha dicho“ en el seno de la comisión.
La propia consejera de Hacienda y Administración Pública en Andalucía, María Jesús Montero, ha saludado este martes la posibilidad porque entiende que permitirá que el Gobierno de Andalucía continúe “con su hoja de ruta y revitalizar los servicios públicos con mejores condiciones laborales y nuevas contrataciones”. En su opinión, “tras este anuncio no tiene sentido la suspensión cautelar de las 35 horas en Andalucía [...] para aprobarla tres meses más tarde en el proyecto de PGE”.