Antes de que a última hora de la mañana de este martes saliera a la luz la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la condena de Miguel Ángel Serrano, había al menos dos personas que estaban seguros del fallo que tumba parcialmente el segundo pilar del caso de los ERE. Una era el portavoz de Juan Manuel Moreno en la Junta (“¿Alguien tenía alguna duda de lo que iba a decir el Tribunal Constitucional?”, ha dicho Ramón Fernández Pacheco al enterarse en directo). Y la otra era el abogado del exdirector general de la agencia IFA-IDEA, que se dirigía raudo y veloz a la Audiencia de Sevilla antes de ir a la cárcel de Sevilla I a dar cuenta a su cliente. “Yo estaba absolutamente convencido que esto iba a ser así, absolutamente”, asegura por teléfono a elDiario.es Andalucía.
La opinión del primero proviene del atril político. La del segundo desde el punto de vista estrictamente jurídico. De hecho, sin preguntas comparativas al respecto, el letrado Juan Carlos Alférez, feliz tras el éxito de la estimación parcial de su recurso de amparo, comenta lo siguiente. “Hay una parte del caso, y siempre lo hemos dicho así las defensas, que siempre ha sido así, es decir, que siempre ha sido como lo ha visto el Tribunal Constitucional”, comenta respecto a las últimas sentencias que vienen anulando o rebajando las penas por delitos de malversación y prevaricación a las que llegaron la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo.
“Lo que pasa es que nosotros somos las defensas y, claro, qué vamos a decir las defensas. Las defensas opinamos en derechos, opinamos jurídicamente. Las defensas no opinamos políticamente. La política nos trae al fresco. Y este caso, jurídicamente, siempre ha sido así. Para nosotros no es un más que punto de razón jurídica, que debería haber sido así pero que no lo fue”, comenta brevemente en sus primeras impresiones, a las puertas del Palacio de Justicia de Sevilla, cerca de los 40ºC.
Miguel Ángel Serrano “debería estar ya en la calle, pero las horas no acompañan y en la Audiencia no hay nadie y todo está cerrado”. “El Tribunal Constitucional me confirma que a las 15h de la tarde ha llegado el fallo a la Audiencia”, ha relatado, confiando en que el proceso se acelere porque “Miguel Ángel está en prisión y es inocente”.
Preguntado por si tiene previsto pedir algún tipo de indemnización por el año y medio que ha pasado en prisión, dice que ahora mismo es “el menor de los problemas”, primando el hecho de que salga de la cárcel “cuanto antes”. De hecho, durante la tarde, la Audiencia de Sevilla ha dictado una providencia al habérsele “anticipado por correo electrónico” el fallo de la sentencia y ha ordenado “mandamiento de libertad al director del centro penitenciario en el que se encuentre” Miguel Ángel Serrano, según ha podido comprobar este periódico.
Alférez ha enviado a primera hora de la tarde unas breves líneas informativas a la prensa en las que detalla que “la estimación total del recurso de amparo determina la inmediata puesta en libertad” de Miguel Ángel Serrano, considerando que “ha sido una enorme satisfacción pues el Tribunal Constitucional haya estimado las tesis defensivas que desde Constitución 23 -despacho de abogados- y desde varias de las defensas, hemos esgrimido desde el inicio de la instrucción hace ya más de trece años”.
“La sentencia, cargada de razón y lógica jurídica, es una redefinición total del derecho aplicable al caso que, tal y como postulábamos desde las defensas, determina que la inmensa mayoría de los actos cometidos por los condenados ya no sean actos delictivos y que lo que se consideraba como actos de malversación de la totalidad de la partida presupuestaria quede reducido a una práctica minoría. Se elimina por completo la malversación global a la que fueron condenados a excepción de aquellos actos que verdaderamente constituyan una desviación clara de la finalidad para la que el legislador creó la partida, lo que sin duda, afectará al devenir de las piezas por enjuiciar”, señala.
En el caso de los directores generales de la agencia IDES a quienes Alférez defendió, “el fallo limpia por completo su conducta, su absolución es total”. “La agencia IDEA nunca podría haber cometido infracciones penales pues su actuar se ajustaba a los mandatos de las distintas leyes de presupuesto y no estaba a su alcance conocer el destino real de las ayudas concedidas. Creemos desde máximo respeto, que ha existido un enorme desconocimiento en la opinión pública sobre qué se enjuició en concreto en el llamado 'procedimiento específico', lo que lleva al error de sostener que se haya producido una malversación de 700 millones de euros”, apunta.
Para el abogado, “la malversación verdaderamente producida será la que se determine tras enjuiciar todas y cada una de las piezas y saber qué concretas ayudas de concedieron apartadas de la finalidad del programa y cuáles se ajustaron el programa, pero me atrevo a opinar que serán la minoría, pues la mayoría del programa fue a parar a los más de 6.000 prejubilados que, a día hoy, siguen cobrando su prejubilación”, como ha informado este periódico.
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