El Juzgado de lo Penal 1 de Granada ha fijado para el 14 de junio el comienzo del juicio contra Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) que se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de cárcel por sustracción de menores después de que permaneciera casi un mes ilocalizable con sus dos hijos incumpliendo la orden judicial que le obligaba a entregárselos al padre, el italiano Francesco Arcuri.
Así consta un auto notificado este martes, en el que se precisa que la vista comenzará a las 9.45 horas y se exponen qué pruebas de las propuestas por las partes para el acto de juicio oral han sido aceptadas y cuáles no; entre las que se encuentran distintas testificales, prueba documental y periciales.
Entre las que se han denegado están algunas de la defensa que a juicio del magistrado “no guardan relación con el objeto del procedimiento, que es determinar si hubo o no delito de sustracción de menores”. Así, entiende que “carece de interés para el proceso la escolarización de los menores, su tarjeta sanitaria” o “las conexiones de correo electrónico entre la acusada y el denunciante”.
Sobre la exploración del menor, sostiene que “no ha lugar” porque “su testimonio no resulta útil para el objeto del proceso”, agrega el auto, contra el que cabe recurso.
La Fiscalía acusa a Juana Rivas de dos delitos de sustracción de menores y, además de la pena de cárcel, también pide para ella la inhabilitación especial para ejercer el derecho de patria potestad sobre sus hijos por un plazo de seis años, según consta en su escrito de acusación provisional.
El italiano Francesco Arcuri está personado en la causa como acusación particular y ha solicitado para ella cinco años de prisión y ocho años de inhabilitación para ejercer la patria potestad sobre los niños. En concepto de responsabilidad civil, el padre de los menores reclama que Juana Rivas le abone por los “daños materiales y morales ocasionados” una indemnización de 30.000 euros.
Actualmente él reside en Italia con los niños después de que Rivas se los entregara a finales del pasado agosto. El Tribunal de Cagliari (Italia) tiene abierto un procedimiento civil para decidir sobre la guarda y custodia.
El proceso
Juana Rivas siempre ha alegado que se fue con sus hijos del domicilio familiar de Carloforte (Italia) para huir de una supuesta situación de maltrato a manos de su pareja.
Arcuri fue condenado en 2009 por lesiones en el ámbito familiar, una sentencia que se dictó por conformidad de las partes, y en 2016 volvió a ser denunciado por Juana Rivas en España.
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada rechazó la apertura de las diligencias por supuestos malos tratos contra él al entender que los hechos denunciados ocurrieron presuntamente en Italia y que por tanto la jurisdicción competente es la italiana, adonde se remitió en su momento por petición de la Fiscalía la denuncia que Juana puso en Granada.
El Juzgado de Instrucción 2 de Granada llegó a investigar a los familiares de Rivas, así como a su asesora jurídica y a su psicóloga en el Centro Municipal de Maracena para averiguar su presunta vinculación con la sustracción de los menores este pasado verano, aunque la causa se archivó finalmente para todos excepto para ella.