Un juzgado de Sevilla ha concluido la investigación sobre una entidad que impartía cursos de formación en varios puntos de Andalucía, concluyendo que existen “indicios suficientes sobre la existencia de una trama organizada”. Así, la concesión de subvenciones para programas de formación a la sociedad Formación Integral para el Empleo SL en los años 2010, 2011 y 2012 sumaron más de cinco millones de euros, superando con creces los 120.000 euros que se justificaron por cada año.
“Ello es posible”, dice el auto, ya que en la normativa que regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, la Administración se “limita” “a una comprobación formal del dinero empleado, es decir, que las facturas cumplan con los requisitos formales y con los criterios establecidos, no entrando a valorar la realidad de las partidas que contemplan y las sociedades auditadas”. Según explica la jueza, “las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas posibilita que, concedida la subvención por la Junta de Andalucía, se transfiera el 75% del importe concedido, quedando el 25% restante aplazado hasta la finalización de la actividad y justificación de la subvención”.
Se trata de una de las investigación que se vienen realizando en distintos juzgados de la comunidad autónoma por la otorgación de ayudas a la formación. En este caso, la jueza concluye los beneficiarios de las subvenciones “no estaban obligados a aportar a la administración las facturas sino sólo obligados a almacenar las mismas y presentar, simplemente, un informe de auditoría externa, limitado a una comprobación formal, que ellos mismos pagaban con cargo a las subvenciones obtenidas”.
Nueve imputados por el “entramado documental”
La “trama” la llevaban adelante un empresario (“tenía contratado un contable que sabía justificar cursos de formación y llegó a tener hasta tres contables” y su esposa. Ambos están imputados, junto a otras siete personas presuntamente implicadas, y la jueza acuerda continuar la tramitación del caso y dar traslado al fiscal y a las acusaciones particulares para que pidan la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. A estas nueve personas se les imputa imputa, a falta de la calificación definitiva de la Fiscalía, delitos contra la hacienda pública por defraudación de cuotas superiores a 120.000 euros en las declaraciones correspondientes al IRPF y al impuesto de sociedades, fraude de subvenciones correspondientes a ayudas de formación por haber falseado las condiciones requeridas para la concesión de las mismas en un importe superior a los 120.000 euros, y delito continuado de falsedad documental.
Los cursos subvencionados se llegaron a impartir pero en un coste real del 70% menos de lo documentado a la Junta de Andalucía. La entidad no realizó buena parte de los gastos justificados, que sólo corresponderían a un 30% de los importes facturados. La mujer del empresario se encargaba de realizar los pagos a los profesores entregándoles talones firmados por otras personas, según algunas de las conclusiones de la jueza.
En el auto, contra el que cabe recurso, se explica que, si el coste real de la hora de clase de un docente eran 20 euros, se facturaban a 80 euros, y el mismo concepto se facturaba por duplicado. Así, en varios cursos de formador ocupacional de 400 horas cada uno, aparecían como docentes autorizados varias personas con 400 horas de clase cada una, pero en cambio se facturaban 800 horas.
El “entramado documental” que permitió justificar ante la Administración autonómica los gastos y la actuación de los imputados “es posible al amparo del sistema que regula la Orden de 23 de Octubre del 2009, artículo 102, que desarrolla el Decreto 335/2009, de 23 de Septiembre por el que se regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas”.