El juez de los ERE impide que tres cargos del Ministerio de Empleo declaren sobre las ayudas
Hasta por dos veces, y sin demasiada argumentación, ha rechazado el juez Álvaro Martín, encargado de varias piezas del caso ERE, la práctica de una prueba solicitada por una de las defensas, en este caso el testimonio de tres cargos del Ministerio de Empleo. “No ha lugar a lo solicitado al no ser objeto de la presente causa”, dice el juez en una providencia fechada este lunes.
El pasado 2 de agosto, una de las empresas investigadas en el caso ERE, con pieza separada propia en la causa, hizo llegar al juzgado un escrito en el que pedía que se citara en calidad de peritos-testigos a tres cargos del Ministerio de Empleo “por considerar que el testimonio de los mismos puede ayudar a la resolución del procedimiento”.
El objetivo último de esta defensa era que estas personas intentaran desvelar el “error” supuestamente cometido al inicio de la instrucción de la causa, dirigida entonces por la jueza Alaya, y hacer ver a los actuales titulares del juzgado (María Núñez y Álvaro Martín) que las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía “se ajustaron” a la norma de 1995, la cual validaría la “concesión directa” de subvenciones.
Martín, este pasado 16 de agosto, remitió a esta defensa a una providencia del 28 de marzo en la que decía que no era el momento procesal oportuno para realizar la petición, pero la defensa solicitó al juez una explicación más amplia para negar la práctica de una prueba. Ahora, en esta segunda providencia, dice directamente que no se admite “al no ser objeto de la presente causa”.
La “concesión directa” de ayudas
Pero la propuesta de la empresa investigada (Surcolor) alude a una cuestión, de la que ya informó este periódico, y aspiraba a que determinadas personas del Gobierno central que hubieran podido intervenir en la elaboración de la normativa laboral o pertenecieran al departamento que concede las ayudas, aclararan lo expuesto ya por otras defensas en cuanto a la “confusión” de dos conceptos en la instrucción: las ayudas previas a la jubilación ordinaria y la prejubilación.
Las personas propuestas para acudir al juzgado, al menos esa era la intención de la defensa, podrían demostrar que el sistema utilizado por la Junta de Andalucía es el que el Estado viene usando desde 1995. De hecho, el Ministerio de Empleo financió en 2014 ayudas directas como las del caso ERE por valor de 34 millones. Los cargos del Ministerio de Empleo que ya no tendrán que acudir al juzgado eran el director general (Xavier Jean Braulio Thibault), el subdirector general (Juan Manuel Gutierrez) y la vicesecretaria general técnica (Raquel Peña).
En los informes previos a la aprobación de la normativa laboral se argumentaba que las ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por reestructuración de empresas “no pueden ajustarse a un régimen de concurrencia competitiva”. Cabe recordar, por otro lado, que Alaya denunció en el arranque de la instrucción que Andalucía desarrolló un “sistema propio” de ayudas sociolaborales, como así entiende también la Fiscalía Anticorrupción, si bien los referidos informes, que deberían corroborar los testigos propuestos, inciden en que el Gobierno es el único que puede legislar y que las comunidades las ejecutan.
La petición de esta empresa, que secundan varias defensas, hacía mención especialmente en la Memoria del Análisis del Impacto Normativo, base de la normativa aprobada en 2013 por el Ministerio. En esa línea, el escrito de Surcolor denunciaba “el inexplicable hecho que no haya sido tenido en cuenta para la adecuada solución legal al asunto, la Orden Ministerial de 19 de Abril de 1995, que ha sido ignorada por la instructora”.
