La Junta de Andalucía pagó en 2020 algo más de 1,1 millones de euros a la empresa que abonó comisiones a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Durante la primera ola de la pandemia, FCS Select Products, S.L., una entidad con sede en Barcelona que no había contratado previamente con la administración andaluza, se hizo con un contrato de emergencia, sin publicidad y de adjudicación directa (a dedo) para proveer al Servicio Andaluz de Salud de tres millones de mascarillas quirúrgicas “ante la escasez de material de protección en los mercados habituales”, según explicó entonces la administración andaluza. Las mascarillas tenían como destino los centros sanitarios andaluces.
Aunque la fecha de compra es el 20 de marzo y la de autorización de pago es el 30 de marzo, la Junta la anunció el 26 de mayo en una nota de prensa en la que se recogen adquisiciones de material a diferentes empresas: 1,6 millones de batas sanitarias (16,3 millones de euros); 8,8 millones de mascarillas quirúrgicas, FFP2, KNP2 y N95 (6.342.740 euros) y seis millones de guantes de nitrilo por 649.000 euros. En total, 23.341.079 euros a diez sociedades diferentes.
De esta cantidad, 1.125.300 euros correspondían a las mascarillas quirúrgicas EFB 95% de FCS Select Products, y debían abonarse antes del 24 de septiembre de 2020, según un documento interno del SAS al que ha accedido este periódico.
Preguntada por este diario, la Junta de Andalucía explica que se trató de una de tantas ofertas que se recibieron en el buzón abierto para posibles proveedores, en un contexto de grave escasez de material sanitario, y poco después de que el Ministerio retirara un stock de 1,7 millones de mascarillas depositado en una nave de Alcalá de Guadaíra.
Un portavoz explica que el material, “de excelente calidad”, se suministró a conformidad y por un precio el 37% más barato que el obtenido por el ministerio de la misma entidad. También, que no ha habido incidencias o reclamaciones en relación con este contrato, ni tratos anteriores o posteriores con FCS Select Products.
La Junta de Andalucía no es la única administración pública con adjudicaciones a FCS, que también fue contratada por el Ministerio de Sanidad para suministrar más de 500 millones de mascarillas, diez millones de guantes y 150.000 gafas de protección por 263 millones de euros. Con estas adjudicaciones en pandemia pasó de empresa dedicada al marketing a entidad capaz de proveer de material sanitario a la administración general del Estado, la Junta de Andalucía y el sector privado, y de facturar menos de un millón de euros a superar los 260 millones.
La contratación por el departamento dirigido entonces por Salvador Illa motivó que el PP madrileño interpusiera una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2022, cuando estaban bajo la lupa los contratos para el suministro de material sanitario intermediados por el hermano de Isabel Díaz Ayuso. En la denuncia, el PP madrileño relacionaba a FCS con Salvador Illa, natural del mismo municipio en que está domiciliada la entidad.
“¿Cómo había logrado, en tan breve espacio de tiempo, redirigir su actividad mercantil y lograr tan importante contrato de suministros de productos sanitarios, tan escasos en dichos momentos?”, se preguntaba la denuncia del PP. La Fiscalía analizó cuatro contratos, entre ellos el suscrito entre FCS y el ministerio, pero no encontró indicios de irregularidades.
Por aquel entonces, Alberto González Amador estaba contratado por FCS para intermediar en la consecución de clientes y contratos para el suministro de ese material con empresas y administraciones públicas, y el SAS (además del ministerio de Sanidad) contrataba con FCS.
Por sus labores de intermediación para FCS durante la pandemia, González Amador facturó 1.973.000 euros a través de la empresa Maxwell Cremona, S.L., según recoge el informe de la Agencia Tributaria en el que se basa la denuncia presentada por la Fiscalía contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Era el pago de la comisión por vender a la firma gallega Mape Asesores material sanitario por valor de 42 millones en mayo y agosto de 2020. La comisión era del 4,5% del volumen de ventas que lograra.
Después, González Amador se habría valido de facturas presuntamente ficticias por 1,7 millones de euros, con la finalidad de rebajar la cuota tributaria que debía abonar en el Impuesto de Sociedades de 2021 y 2022 por el beneficio obtenido.
El presunto fraude ascendería a 350.951 euros, motivo por el cual la agencia tributaria dio traslado a la Fiscalía, que ha interpuesto una denuncia contra él por dos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad documental. El abogado de González admitió, en un correo remitido a la Fiscalía el 2 de febrero, que “ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”.
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