“Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”. En diez palabras reconoció Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, los dos delitos de fraude con los que intentó evadir impuestos tras haber cobrado una comisión de casi dos millones de euros por vender mascarillas en lo más duro de la pandemia.
Pese a la propaganda del Ejecutivo autonómico y a las palabras de Ayuso de este miércoles, tratando de atribuir todo a una confabulación de los peores organismos del Estado, la confesión de su pareja está escrita desde hace mes y medio. Llegó por correo electrónico a la Fiscalía Provincial de Madrid el pasado 2 de febrero a las 12.45 horas.
El texto completo de ese email, adelantado anoche por la Cadena Ser y cuya veracidad ha comprobado elDiario.es, decía:
Alberto González Amador, comisionista de mascarillas y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, decidió ese día tirar la toalla. Sabía desde muchos meses atrás que Hacienda lo tenía contra las cuerdas tras una investigación de casi dos años. Durante ese tiempo, el comisionista de mascarillas había presentando facturas, documentación, contratos, todo tipo de papeles para intentar justificar 1,7 millones de euros en gastos que rebajasen los impuestos del pelotazo de dos millones que había logrado en 2021 con la venta de mascarillas.
La pareja de Ayuso había tenido que reconocer al fisco que dos facturas por 1,5 millones de euros a nombre de una firma mexicana y otra de Costa de Marfil no tenían ningún trabajo detrás. González Amador admitió a la inspección que había computado como gastos deducibles 1,5 millones que en realidad no había pagado a nadie. Desde Hacienda le explicaron que una vez que se notifica la inspección la investigación de los delitos es imparable. Y que, en todo caso, quedaban otros 200.000 euros en facturas falsas que no habían sido justificadas.
El expediente de Hacienda concluyó que había fraude por importe de 350.951 euros en los ejercicios 2020 y 2021, muy por encima de los 120.000 por año fiscal que establece la legislación para que sea delito. La denuncia de la Fiscalía estaba al caer. Así que antes de eso, la pareja de Ayuso decidió confesar los delitos de fraude en el impuesto de sociedades, pactar una condena y evitar un juicio que sabía demoledor para la imagen de su pareja, la presidenta de Madrid.
Unos días antes, el 23 de enero la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid había abierto ya las diligencias de investigación penal, el paso lógico tras haber recibido el escrito-denuncia de Hacienda que atribuía a la pareja de la presidenta los tres delitos, los dos de fraude y el de falsedad documental.
El 7 de febrero, cinco días después de la confesión de González Amador, el fiscal especialista en delitos económicos concluyó sus diligencias. Las investigaciones sobre fraude que parten de un informe de la Agencia Tributaria son rápidas: la mayor parte de los trámites, la audiencia a los interesados y las alegaciones, ya las ha afrontado Hacienda.
Así que ese día el fiscal firma un decreto donde acuerda interponer una denuncia en el juzgado por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental.
El 12 de febrero, el fiscal encargado del caso contesta por correo electrónico al escrito de confesión que había mandado diez días antes la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. A las 11.34 horas le responde que toma nota “de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas” y hace una aclaración: no considera que la existencia de otras personas implicadas en la defraudación al erario público denunciada por la Agencia Tributaria pudiera ser un obstáculo para alcanzar “una conformidad penal”.
Al día siguiente, el 13 de febrero, el fiscal encargado del asunto interpone la denuncia contra González Amador y las otras cuatro personas que están acusadas de ayudarlo a defraudar a la hacienda pública.
Una semana más tarde, el 20 de febrero la Fiscalía Provincial de Madrid, remite la denuncia al Juzgado de Instrucción decano de Madrid. El 5 de marzo de 2024 el Juzgado Decano de Madrid registra por fin la denuncia. El fraude de 350.951 euros de la pareja de Ayuso y la acusación de falsedad documental es ya materia judicial, a la espera de que se adjudique por reparto a un instructor.
El martes 12 de marzo, una semana después de que esa denuncia haya llegado al decanato de los jueces de Madrid, el fiscal encargado del caso remite la denuncia por escrito al abogado de González Amador. En esa comunicación le reitera, como ya había hecho un mes antes, que la existencia de otras personas denunciadas en este procedimiento no constituye un obstáculo para que se pueda alcanzar una conformidad penal. Lo mismo que le había dicho el 12 de febrero, una vez conocida la confesión de la pareja de Díaz Ayuso.
Ese mismo 12 de marzo elDiario.es revela en exclusiva que la pareja de Ayuso ha defraudado 350.951 euros a Hacienda.
La noticia desata una tormenta política. En la Comunidad de Madrid dicen primero que se trata de un asunto personal de la pareja de la presidenta. Y empiezan a filtrar a algunos medios que cuando sucedió el fraude no eran novios. Esa afirmación choca con las fotografías que han publicado numerosos medios de comunicación a partir de mayo de 2021 en las que se ve a la lideresa madrileña en compañía de un “técnico sanitario” en Ibiza, en festivales de música y actos variados de Madrid.
Según la documentación que obra en el expediente el primer fraude fiscal se comete en la declaración del impuesto de sociedades que Alberto González Amador, que se presenta el 14 de julio de 2021. El segundo delito se fecha un año más tarde.
La primera comparecencia pública de Isabel Díaz Ayuso se produce ese mismo día 12, cuando ya se presenta como víctima de una suerte de cacería contra ella por los delitos de su pareja constatados por Hacienda y que han motivado la denuncia de la Fiscalía. “Era algo que me esperaba porque desde hace cinco años todos los días me pasa algo similar. Primero fue mi padre, después mi hermano, mi madre, mis primos, mi pueblo, mi barrio, mi colegio, mis profesores y mi expediente. Después fue mi etapa universitaria. Siempre ha sido buscar algo en mi entorno”, dice a los medios en Castelldefels (Barcelona).
Un día más tarde, el miércoles 13 de marzo y tras una reunión de su Gobierno en Leganés, Ayuso atribuye la denuncia a una persecución “de todos los poderes del Estado”. La presidenta culpa directamente a La Moncloa y a Pedro Sánchez de intentar destruirla en lo personal. Y cuando entra a explicar los detalles del asunto, asegura que realmente es Hacienda la que debe dinero a su pareja. 600.000 euros, en concreto.
Esa afirmación la hace Díaz Ayuso ante los periodistas, un mes y 11 días después de que su pareja, a través de su abogado, hubiera confesado por escrito el fraude a la fiscalía con esas diez palabras: “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”.
Nota final: quien haya seguido el tema habrá podido leer en algunos diarios conservadores que fue la Fiscalía y no la pareja de Díaz Ayuso quien propuso el acuerdo de conformidad para evitar el juicio. Es falso. El entorno de la presidenta envió a distintos medios a última hora del miércoles el último correo del fiscal al abogado del comisionista en el que con fecha 12 de marzo se reiteraba el ofrecimiento para alcanzar una conformidad y evitar el juicio. Ese email, que algunos medios han presentado como el inicio de un pacto, es en realidad el último de una conversación que inició el letrado de González Amador en nombre de la pareja de Díaz Ayuso el pasado 2 de febrero de 2024. El día de su confesión.
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