El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes un decreto ley por el que los 10 consorcios escuela que han sobrevivido -eran 14- se integrarán en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), lo que deberá garantizar su viabilidad y sacarlos de la crisis financiera y limbo legal en los que se hallan. “Es la solución definitiva para los consorcios escuela”, en palabras del portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, quien ha recordado que son casi 5.000 los alumnos que esperan el fin de la incertidumbre después de un curso perdido (no ha habido clases el último año en nueve de ellos), a lo que se une el impago de la nómina a sus trabajadores de hasta 18 meses en muchos casos.
Este proceso se inició en octubre de 2014 y ha sido calificado de “complejo” por el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, quien hereda este caos de la Consejería de Educación, hasta el momento responsable de la formación para el empleo. Ha recordado que la situación se originó con las leyes de racionalización de las administraciones locales que aprobó el Gobierno de la Nación en los dos últimos años y que afectó directamente a estas estructuras por impedir que los consistorios participaran en este tipo de estructuras. Responde también a las recomendaciones de la Cámara de Cuentas de Andalucía que había apuntado varias irregularidades en su funcionamiento.
Previamente cada consorcio escuela deberá dar unos pasos: aprobar su disolución (tal y como se acordó en el Consejo de Gobierno del 21 de octubre de 2014), con la consiguiente valoración de sus activos y pasivos, y ratificar un proyecto de cesión global a favor del SAE. Esto implicará que tengan que intervenir en el proceso también las administraciones locales, que participan en minoría con la Junta de Andalucía en los mismos y que dejarán de hacerlo. Este proceso, según la consejería, está ya muy avanzado en algunos de ellos.
De igual modo, el coste por año de estos consorcios escuela ronda los 12 millones de euros, por lo que será necesaria una modificación presupuestaria, que se quiere llevar a Consejo de Gobierno la próxima semana. En cuanto a la deuda que heredará el SAE cuando asuma su gestión, todavía no está cuantificada, según el consejero.
Por otro lado, los servicios jurídicos de la consejería dirán cómo se procede en los casos de que haya financiación que los consorcios escuela no puedan justificar a la hora de la liquidación a la que están obligados, o sea, en los supuestos de subvenciones de la Junta de Andalucía que hubiera recibido -que era como funcionaban hasta el momento- y que no han destinado a los fines previstos, lo que investigan varios juzgados. De hecho, hasta la propia Junta de Andalucía les ha reclamado reintegros que superan los 50 millones de euros por incorrectas justificaciones de los expedientes de subvenciones, en un caso similar a lo ocurrido con los fondos de formación otorgados a empresas. El escollo puede estar en esto a la hora de su integración en el SAE, pero el consejero ha dicho que no espera que frene este proceso. Igualmente, ha garantizado que con él como responsable “no habrá ninguna irregularidad más”.
En paralelo, este decreto ley obligará a modificar el objeto y fines del SAE, que podrá gestionar los centros de formación para el empleo de este tipo. Igualmente, la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación (Apaef) pasará a ser Agencia Pública Andaluza de Educación tras liberarse de esta obligación.
Una tramitación por urgencia
Por otro lado, el consejero ha defendido que la figura del decreto ley aprobada este martes y que debe ser convalidada por el Parlamento de Andalucía permite actuar con “urgencia” y que puedan iniciar el curso en las próximas semanas. Urge especialmente en una estructura cuyos trabajadores llevan meses sin cobrar la nómina (en algunos consorcios escuela más de un año). En total, suman una estructura de 167 trabajadores que pasarán a ser empleados del SAE, por subrogación de plantilla. El SAE, a su vez, deberá ponerse al día con sus nóminas.
El consejero ha dicho que el objetivo fundamental era mantener una red que ofrezca una formación especializada y adaptada a la demanda de la comunidad autónoma. Los primeros se pusieron en marcha en 1991 y desde entonces el nivel de inserción laboral ha sido cercano a un 90% con reconocidos prestigio. Sin embargo, los impagos de la Junta de Andalucía los habían dejado en una situación muy problemática y de hecho a estas alturas la mayoría no ha empezado ni el curso.
En este contexto, el PP-A ya ha anunciado que pedirá que se tramite como proyecto de ley. Su diputada Teresa Ruiz-Sillero ha confiado en que esta propuesta suponga “la solución definitiva al problema”. En una nota de prensa ha lamentado la “incompetencia” de la Junta de Andalucía con continuos cambios de responsabilidad en la materia.
Los consorcios escuela que asumirá el SAE son el Mármol en Fines (Almería), Hostelería en Cádiz, Joyería en Córdoba, Madera en Encinas Reales (Córdoba), Artesanía, Restauración y Rehabilitación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural en Granada, Hostelería en Islantilla (Lepe, Huelva), Hostelería y Turismo en Puente Obispo (Baeza, Jaén), Hostelería en Benalmádena (Málaga), Artesanos de Gelves (Sevilla) y La Cónsula de Hostelería en Málaga, que es el único que ha tenido clases en el curso 2014-2015.