La Junta ha nombrado adjunto a la Coordinación del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía a Luis Pizarro, que fue concejal del Ayuntamiento de Sevilla por Izquierda Unida entre 1987 y 2003, y candidato a la Alcaldía en 1995 y en 1999. Según resolución de la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), la llegada de Pizarro servirá “para poder llevar a cabo de forma efectiva el área de los Derechos Humanos y la Lucha contra el Estigma” dentro del III Plan Integral de Salud Mental de Andalucía (PISMA 2016-2020), cuya “complejidad” hace que sea “necesaria” debido a “la cantidad de líneas de actuación que contempla y el número de profesionales implicados”.
“Mi objetivo es mejorar la atención y asistencia a las personas con problemas de salud mental y a sus familiares en Andalucía”, comenta e elDiario.es Andalucía. Nacido hace 60 años en Fuentes de Cantos (Badajoz) y licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, Pizarro fue entre 2007 y 2020 adjunto al Defensor de Pueblo Andaluz, tanto con José Chamizo y con Jesús Maeztu, en ambos casos a propuesta de IU. El nuevo puesto no le pilla muy lejos de las labores que realizaba hasta ahora, ya que viene trabajando desde los servicios centrales de la Consejería de Salud y Familias en el Programa de Salud Mental, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), al que seguirá vinculado.
La figura del Defensor del Paciente con Problemas de Salud Mental en Andalucía, una histórica reivindicación de las familiares y personas con problemas de salud mental, venía contemplada en el programa electoral con el que el PP concurrió a las últimas elecciones autonómicas, celebradas hace ya tres años. Su creación fue anunciada también en el Día Mundial de la Salud Mental de 2019, si bien ahora ha sido cuando se ha creado la figura que desarrolle estas políticas, con Pizarro al frente, aunque no con dicha denominacion.
Cabe recordar también que el Congreso de los Diputados está tramitando una ley de salud mental a nivel nacional, muy parecida a la que decayó en 2019 por falta de apoyos, y en la que también se contempla esa figura del Defensor del Paciente con Problemas de Salud Mental. En marzo, el diputado de Más País Íñigo Errejón llevó al hemiciclo, y de ahí a la conversación pública, las carencias del sistema de salud mental: la falta de profesionales y el estigma social. De hecho, una de las cuestiones que tiene pendiente de abordar el Plan Integral que desarrolla Andalucía es el déficit de profesionales públicos en salud mental que, con la pandemia de Covid-19, está generando año un aumento de cuadros ansiosos y depresivos, entre otros trastornos. La actual ratio de psicólogos públicos en el sistema público andaluz de salud es de tres por cada 100.000 habitantes. “Estamos a años luz de lo deseable”, comenta Pizarro en ese sentido.
La futura ley “normativizará” esas figuras de los defensores del paciente mental, señala. En cualquier caso, una 'oficina' de este tipo no le es extraña al exconcejal de IU puesto que, además de sus 13 años como adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz, en 2004 fue elegido por el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla como presidente de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. Pizarro afronta ahora el “interesante reto” como “un proceso” en el cual primero tendrá que ir dando forma a una estructura “lo más indepediente posible” y que desarrollará unas acciones centradas principalmente en “llevar a la máxima expresión la defensa de los derechos de los pacientes con problemas de salud mental y sus familiares”.
A su juicio, existen en Andalucía “muchas carencias” en la asistencia de salud mental pese a que es “uno de los principales problemas sanitarios que la pandemia ha evidenciado aún más”. Una reciente encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre los efectos psicológicos de la pandemia lo dejaba claro: la Covid-19 nos pasa y nos va a pasar factura en nuestra salud mental. “Hay mucho trabajo por delante”, asegura Pizarro, quien espera desarrollar su labor, consciente de que, por ejemplo, el año pasado, España registró la mayor cifra de suicidios de su historia con un total de 3.941 personas (2.930 hombres y 1.011 mujeres) que pusieron fin a sus vidas de manera voluntaria.
“La salud mental afecta a unas mayorías”, dice Pizarro, que ya en el Programa de Salud Mental de Andalucía viene tramitando numerosas quejas por la asistencia sanitaria, listas de espera o por falta de personal, entre otras muchas cuestiones, apostando por abordar directamente ahora que las personas sean “verdaderamente bien atendidas” en este ámbito. Sus primeros objetivos, aparte de ir conformando la estructura que le rodee, serán “dar a conocer” que existe un recurso en Andalucía que denuncia el funcionamiento de los servicios de salud mental, con atención a la población más vulnerable a través de los familiares y las personas con problemas de salud mental en nuestra comunidad autónoma, así como la “supervisión” de las instalaciones de internamiento y dispositivos establecidos en este ámbito.
En ese sentido también prevé Pizarro abordar la situación en los centros penitenciarios, tratando de compartir con todos los operadores intervinientes en el proceso que lleva a las personas a perder la libertad (jueces, fiscales, abogados, etc.) que hay muchos internos “sin tratar” de su problema, considerando que una cárcel quizás no sea “el lugar más adecuado” para personas con problemas de salud mental pero sí un centro de atención sanitaria a su diagnóstico. En este punto tendrá que vérselas también con la administración penitenciaria, dependiente del Gobierno central, puesto que las Unidades de Custodia Hospitalarias (UCH) que acogen los ingresos de pacientes procedentes de la cárcel están plenamente integradas en los centros sanitarios públicos del SAS.
“Mi objetivo es mejorar la atención y asistencia a las personas con problemas de salud mental y a sus familiares en Andalucía”, comenta ante sus nuevos cometidos, donde espera “trabajar sin cortapisas” y para lo cual existe una “condición básica” como es “la independencia”, con “libertad de intervención”, sin que su histórica vinculación con IU, cuyo carnet dejó en 2007 para ser nombrado adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz, sea obstáculo en una Consejeria del PP para poner al servicio público sus conocimientos en un área que conoce bien desde hace años.
La designación no comporta retribuciones específicas, siendo éstas las correspondientes a su puesto de origen, según se explica en el BOJA. Pizarro, que desarrollará físicamente su labor en la Consejería de Salud y Familias, en Sevilla Este, conservará la vinculación jurídica existente con su institución de procedencia y conatrá con los recursos de los que dispone actualmente la jefatura de Salud Mental, añaden fuentes del departamento que dirige Jesús Aguirre.
La Federación Andaluza de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental (FEAFES Andalucía Salud Mental) ha celebrado el nombramiento de Pizarro, porque “cuenta con todo el apoyo del movimiento asociativo, por su formación como médico, su experiencia en áreas de protección de derechos de la ciudadanía tanto en el Ayuntamiento de Sevilla, como en el Defensor del Pueblo Andaluz, y por su compromiso, sensibilidad y cercanía al movimiento asociativo”. De hecho, el primer área del III PISMA es la “protección de los derechos de las personas con problemas de salud mental y el fortalecimiento de los movimientos asociativos y la participación ciudadana”.
“Se trata de una reivindicación del movimiento asociativo de salud mental que el Gobierno Andaluz asumió como suya y que ahora se dan los pasos efectivos para dar cumplimiento”, asegura la federación, que señala que la “desinformación” provoca que muchas personas de este colectivo sean víctimas de “vulneraciones de sus derechos de forma habitual, tanto en el acceso a los recursos, a la justicia, al empleo y en otras parcelas de la vida”. “El autoestigma y la falta de credibilidad, en muchas ocasiones, son una barrera importante a la hora de poder reclamar sus derechos o denunciar situaciones de indefensión y de discriminación”, señalan en su web al conocer el nombramiento de Pizarro.
Por ello, desde la federación y según ha informado su presidente Manuel Movilla, “esperamos que esta figura, y las actuaciones que están planificadas para acercar la salud mental al ámbito judicial, fuerzas y cuerpos de seguridad, y abogacía, constituyan un antes y un después en la lucha para lograr que las personas con problemas de salud mental tengan un proyecto de vida en comunidad y en igualdad de oportunidades con el resto de la ciudadanía”.
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