El conflicto entre el personal técnico de integración social (PTIS), de un lado, y las empresas subcontratadas y la Junta de Andalucía, de otro, ha subido de tono esta semana. Tras siete días de huelga indefinida, un mes de conflicto laboral y años de malestar entre las trabajadoras de educación especial, la Junta mantiene que el asunto no va con ella, sino entre las empleadas y las empresas subcontratadas.
“La Junta de Andalucía, a través de la APAE, firma contratos con empresas, no con sus trabajadores, cuyas condiciones laborales están sujetas a los correspondientes convenios colectivos”, advirtió la Consejería de Desarrollo Educativo en un comunicado difundido este martes, antes de añadir que los conflictos “deben resolverse por tanto en ese marco”, citando expresamente a la Inspección laboral y el Ministerio de Trabajo. CCOO, sindicato mayoritario en el sector, cargó contra la actitud del Gobierno autonómico, calificándola de “insulto a la inteligencia”. Acusa a la Junta de Andalucía de sacudirse la responsabilidad a pesar de que le corresponde garantizar el servicio educativo y fiscalizar cómo se usa el dinero público que abona a las entidades privadas a las que encarga la prestación.
La actitud de la Consejería es de una “estupidez supina”, denuncia Marina Vega, secretaria general de la federación de Enseñanza de CCOO en Andalucía, porque obvia su responsabilidad para vigilar que se cumplen los pliegos. “Está claro que estamos ante una estrategia para manipular que roza el nivel de lo absurdo”.
Fuentes de la Consejería insisten en que las denuncias se están presentando ante la Inspección de Trabajo, “que es quien tiene la competencia para intervenir en el conflicto y dictaminar, y quien comunicará a la empresa su resolución”. Admiten que APAE puede solicitar la intervención de la Autoridad Laboral, pero subrayan que en este caso “ya actúa a partir de las denuncias de los trabajadores”.
Obligaciones en la Ley de Contratos y en los pliegos
Aunque los pliegos eximen de responsabilidad a la administración de las “situaciones, discrepancias u obligaciones” entre la empresa y los trabajadores, también subrayan que la adjudicataria queda obligada a cumplir “estrictamente” “toda la legislación laboral vigente”, y que la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) podrá realizar “cuantos controles considere oportuno”.
También la normativa general recoge esa obligación. Así, la Ley de Contratos del Sector Público establece que los órganos de contratación (en este caso, APAE) están obligados a adoptar las “medidas pertinentes” para garantizar que las empresas cumplen con “las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral” al ejecutar los contratos (artículo 201). El artículo 62 recoge la figura del “responsable del contrato”, para supervisar la ejecución y “adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias” que garanticen la “correcta realización” de la prestación y defender el interés general. Y otra media decena de artículos de la ley (35, 101, 102, 122, 130) vinculan los contratos entre administración y adjudicataria al respeto de las condiciones salariales y los convenios colectivos.
“La Junta tiene que sacar los pliegos conforme a la ley, y luego exigir a las empresas que cumplan con el contrato que han firmado con ellas, donde pone que hay que cumplir con las condiciones laborales, que son los convenios: abonar las tablas salariales actualizadas, los trienios, los atrasos y, como a cualquier trabajo, dar vacaciones, festivos y descansos”, advierte Diego Rodríguez, secretario de política educativa de CCOO Andalucía.
“Trabajamos con distintas consejerías, y a ninguna se le ocurre decir que si no se cumplen los términos del contrato el responsable es el Ministerio de Trabajo. La propia Junta penaliza o resuelve los contratos cuando alguna empresa no cumple. ¿De verdad que la Junta dice que no tiene poder para controlar qué se hace con dinero de los andaluces y andaluzas?”, se pregunta el sindicalista.
Una huelga contra la precarización: cobro por horas, reducción de jornadas…
Los sindicatos denuncian la progresiva precarización de las condiciones laborales de unas 2.000 trabajadoras, operada por empresas intermediarias (la principal, sin sede en Andalucía) con el consentimiento tácito de la administración que paga por el servicio. Estas trabajadoras son esenciales para el aseo, higiene, alimentación y seguridad de los menores con necesidades especiales en los centros educativos.
CCOO, sindicato mayoritario en el sector, se unió el martes a la huelga indefinida convocada desde la semana anterior por CGT, cuyos representantes llegaron a encerrarse en la delegación de Educación en Sevilla. Tanto CGT como CCOO creen que esta protesta es un “punto de inflexión” en un conflicto histórico, pero admiten que no hay interlocución con las empresas o con la administración que haga atisbar una solución cercana.
Las PTIS en huelga son trabajadoras de empresas privadas, con condiciones mucho peores que unas 1.000 laborales —contratadas directamente por la Junta de Andalucía— con las que trabajan codo con codo. Relatan casos de la reducción de su jornada a 10 o 15 horas semanales, exigencias inasumibles de movilidad, retrasos continuos en el abono de la nómina o la introducción de un nuevo sistema de pago por hora de trabajo efectiva en la principal empresa (Osventos). Todo ello, denuncian, incumpliendo el convenio colectivo.
La pretensión de pagar por horas ha sido la gota que ha colmado el vaso, y tiene su origen en la supresión en los pliegos de la referencia al artículo 103 del convenio colectivo de discapacidad, donde se recoge el derecho a un mes de vacaciones retribuidas, además de 15 días en julio, Semana Santa y Navidad. Mientras eran indefinidas no había problema pero, con la reforma laboral, muchas pasaron a ser fijas discontinuas. Esto habría servido a Osventos para pretender el pago por horas efectivas de trabajo y a otras empresas para no pagar festivos y vacaciones, rebajando así el salario de sus empleadas.
Además, los pliegos recogen una referencia a las tablas salariales de 2019, que ya se han actualizado, y no contemplan el gasto para que las empresas afronten el pago de los atrasos por la actualización de las tablas o el reconocimiento de los trienios, según denuncia CCOO.
La administración autonómica defiende que ha aumentado la plantilla en un 55% (2.972 profesionales, unos 2/3 privadas) y casi triplicado el presupuesto en los últimos cinco años, hasta los 32,8 millones de euros. El precio del servicio, “que sirve de base para el pago de los salarios” es de un 17,6% más que en 2018, según la Junta de Andalucía.
Un conflicto histórico a la espera del Tribunal Supremo
Los sindicatos llevan meses intentando involucrar a la consejería en la solución de un problema histórico que empezó a generarse en 2006, cuando la Junta privatizó parte del servicio. La solución última pasaría por la subrogación (que las trabajadoras se queden en su plaza, pasando esta a ser pública, posición que defiende CGT) o la reversión (que se creen las plazas públicas y luego se cubran por concurso, como defiende CCOO). “La subrogación ahora mismo es muy complicada, imposible materialmente”, opina Marina Vega. “En la reversión se podría crear una bolsa de trabajo única, porque prácticamente todas están en las bolsas. La mayoría entraría”, asegura.
Las movilizaciones de este otoño llegan en un momento de máxima expectación judicial. El Tribunal Supremo debe resolver decenas de recursos contra la posible cesión ilegal de estas trabajadoras. También tiene sobre la mesa un recurso de nulidad contra el Decreto de la Junta de Andalucía que cataloga la educación especial como “servicio complementario”. Si le da validez, la Junta tendrá más fácil proseguir la externalización. Pero si lo anula y determina que es un servicio esencial, el escenario podría cambiar, porque la Intervención advirtió en su día que los servicios estructurales solo deben prestarse con personal propio.
La precariedad de las PTIS tiene su reflejo en la prestación del servicio. Tal y como contó este medio, familiares de menores con necesidades especiales del IES Mare Nostrum (Málaga) protestan desde el comienzo de curso por la insuficiencia de los recursos asignados a su centro.
En este curso se añadió una nueva aula específica a la ya existente (con seis alumnos en cada una) y se admitieron dos nuevos alumnos en integración con necesidad de PTIS. En total, son 15. “Cuál es la sorpresa de los padres que no solo no aumentan el personal asistencial para estos alumnos, sino que lo disminuyen, puesto que la educadora pide traslado de plaza y no llega nadie en su lugar”, señalaron en un comunicado este martes, en el que aseguran que solo cuentan con una PTIS a jornada completa y otro PTIS durante tres horas al día. “Esto significa no solo no mantener un mínimo de atención, sino disminuirlo a niveles insostenibles”.
Los familiares han protestado a las puertas de la Delegación y han celebrado varias reuniones, la última el 10 de noviembre, con Miguel Briones, delegado de Educación en Málaga. Pero a pesar de las promesas, nada se ha arreglado. “Nos vemos engañados”, lamentan: “Estaba muy claro que la situación era muy urgente, la precaria atención que sufren estos 15 chicos y chicas (algunos de ellos con enfermedades raras, otros con discapacidad motórica importante y otros con una gran dependencia) no podía alargarse más en el tiempo”.
Denuncian además que las ausencias tampoco se han cubierto, de modo que la atención de los menores se ha prestado por profesionales de otras especialidades sin cualificación técnica para atenderlos. “Hay varias familias que hemos tenido que tomar la determinación de que nuestros hijos no acudan al centro, puesto que su seguridad corre peligro al no ser atendidos ni a tiempo ni por personal especializado”.
Según ha indicado este jueves la consejera Patricia del Pozo, la Junta de Andalucía ha autorizado el incremento de diez horas más de PTIS, y se estaría valorando la reconversión de una plaza de educadora social que actuaba en dicho centro en una de PTIS, informa Europa Press.
“Solo pedimos un nivel de mínimos, una atención que permita mantener niveles de seguridad, higiene y atención dignos. Solo pedimos que se permita que estos chicos y chicas puedan seguir sus estudios con dignidad. Solo pedimos que puedan ser como los demás”, concluyen.