La Junta de Andalucía intentará de nuevo vender un paquete de inmuebles para obtener ingresos después de la operación fallida los últimos años -en 2011 se aprobó el primer listado con patrimonio situado en todas las provincias- para ponerlos en el mercado. En este nuevo intento son 75 en lugar de 76 inmuebles y los ingresos que espera obtener bajan ostensiblemente: poco más de 300 millones euros cuando hace tres años se esperaba “mucho más”. De hecho, el portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, ha hablado del “doble” de dinero, pero precisando que la superficie que se ponía a la venta entonces era mayor (más de 300.000 metros cuadrados frente a casi 260.000 esta vez).
De este modo, el Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la licitación respondiendo a una propuesta de la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, que el pasado mes de diciembre hablaba del interés de varios compradores por hacerse con el “paquete completo”, operación que confiaba cerrar “en el primer trimestre de 2014”. El que los compre se compromete a alquilarlos a su vez a la Junta de Andalucía “a largo plazo” -el periodo se negociará según las ofertas que haya- manteniendo su uso. Se trata de usar la fórmula de alquiler con retorno (sale & leaseback) y lo que se obtenga iría en los presupuestos autonómicos de este ejercicio, que ya prevén estos ingresos.
Los inmuebles, que actualmente albergan oficinas y servicios de distintas consejerías en las ocho provincias, se distribuyen entre las siguientes ciudades: Almería (5), Cádiz (6), Córdoba (8), Granada (7), Huelva (10), Jaén (7), Málaga (4) y Sevilla (22). La relación se completa con seis edificios más, localizados en Algeciras y Jerez de la Frontera (Cádiz); Marbella (Málaga), y Camas, Dos Hermanas y San Juan de Aznalfarache (Sevilla). Gran parte de los edificios se encuentran en áreas céntricas de las ciudades, si bien se han excluido de la operación todos aquellos que están catalogados como BIC (Bien de Interés Cultural) y que se consideran emblemáticos.
El portavoz ha destacado que la fórmula “se viene utilizando durante los últimos años, tanto en el ámbito privado como en el público, no solo en España sino en países europeos como Austria, Alemania, Francia, Bélgica o Reino Unido”. Su objetivo es compensar parcialmente la caída de los ingresos obteniendo liquidez sin renunciar al uso de los inmuebles. “Esto nos permitirá mantener la política de prestación de servicios”, ha dicho.
Tras la valoración de las ofertas que se reciban -que esta vez esperan que sea posible “porque el mercado ha comenzado a moverse y se da más crédito”- por parte de una comisión técnica, se cerrará la operación con la empresa que ofrezca condiciones más ventajosas. Una vez terminado el proceso, se transmitirán los inmuebles a los compradores y la Junta de Andalucía recibirá el montante final resultado de esta gestión.