La Junta de Andalucía ha formalizado este lunes su plan de rescate a la Universidad de Málaga (UMA), que atraviesa una crisis económica sin precedentes en el sistema universitario andaluz. El Gobierno autonómico ha concedido a la institución académica un préstamo extraordinario de 48,5 millones de euros, al 1% de interés y a devolver en 21 años (con tres de carencia) para que pueda salir a flote de las deudas que arrastra en los últimos años, y que la han ahogado por los impagos a las constructoras de las obras en las que se embarcó.
Según han informado este lunes la Junta de Andalucía y la propia universidad, el crédito supone un 'balón de oxígeno' para salvar a la UMA de una situación de asfixia económica marcada por un déficit que supera los 45 millones. De la trascendencia del momento daba cuenta el hecho de que estuvieran presentes en el acto de presentación dos consejeros: el de Universidad, José Carlos Villamandos, y la de Hacienda (encargada de dar el visto bueno al desembolso económico), Carolina España. Pero también el batallón de decanos de los que se ha hecho acompañar el rector Teodomiro López: nada menos que 14 de 17.
A España y Villamandos se los veía relajados, en contraste con el rictus tenso y un punto mohíno del rector, que en su primer año al frente de la universidad se ha encontrado con una caja llena de telarañas. “Estoy convencido de que va a permitir a la universidad entrar en un nuevo modelo de gestión más eficiente”, ha celebrado Villamandos, deslizando que mucho ha de cambiar la gestión de la UMA a partir de ahora. Fuentes de la institución malagueña reconocen que el plan de ajuste irá en esa línea: se trata no solo de aumentar los ingresos, como han incidido todos, sino de contener el gasto de personal, cuya partida apuntaba hasta ahora a un crecimiento en próximos ejercicios.
El plan de rescate se ha anunciado en un contexto en el que los rectores de las universidades públicas están denunciando los “incumplimientos reiterados” de la Junta en materia de financiación. De acuerdo con esta denuncia, el Gobierno autonómico “adeuda” 25 millones de euros a las instituciones públicas y en caso de no abonarlos antes de final de año cerrarán 2024 “en déficit”. Petición que han hecho ya varias veces y que ha sido “sistemáticamente desatendida” por el Gobierno andaluz, según reprochan las universidades públicas. Los sindicatos CCOO y UGT también tienen en marcha un calendario de protestas para exigir el cumplimiento del acuerdo sobre complementos autonómicos para el Personal Docente e Investigador (PDI).
Los consejeros y el rector de la UMA han pintado una situación catastrófica. Tan escuálida estaría la universidad que Carolina España ha celebrado que pueda abrir la persiana cada día. “[El préstamo] supone que pueda seguir prestando día a día los servicios”, ha apuntado, antes de añadir que la Universidad de Málaga “se merece dar sus enseñanzas con normalidad”.
En pleno debate abierto sobre la financiación de las universidades públicas andaluzas, la clave política radica en el cómo se ha llegado hasta aquí. La Junta de Andalucía lo atribuye a la irresponsabilidad de la UMA al meterse a las bravas en obras que la superaron financieramente, más aún cuando la pandemia lo trastocó todo. En ese sentido, fuentes de la Consejería de Universidad aluden a “una mala gestión del anterior equipo de gobierno” relacionada con “un aumento exacerbado de gastos, especialmente en materia financiera”.
A la administración autonómica le beneficia este relato porque difumina el contexto de insuficiencia financiera general que vienen denunciando los rectores de las universidades públicas. También al actual equipo de gobierno de la UMA le resulta conveniente porque descarga en el anterior equipo de gobierno (liderado por Ángel Narváez, pero en el que también estaba el actual rector) la responsabilidad de una situación que los actuales gestores heredaron al asumir el cargo hace apenas medio año. No obstante, diversas fuentes insisten también en señalar un lastre estructural: el desajuste entre los gastos corrientes y de personal, y las transferencias de la Junta que se reciben por este concepto, y que ha acabado consumiendo el remanente con el que se contaba hace una década, hasta dejar a la tesorería tiritando.
Esa es la razón por la que fuentes de CCOO consultadas por este periódico achacan la responsabilidad a la propia administración autonómica, que en 2020 reclamó a la UMA que aportara 36 millones euros de sus remanentes a los Fondos COVID, una reserva que la universidad tenía previsto destinar a las obras que ya tenía licitadas. A ojos del portavoz del PSOE en la Comisión de Universidades, Antonio Ruiz, en la raíz de la crisis de la UMA subyace un problema de infrafinanciación en el plan de infraestructuras universitarias del que adolece todo el sistema universitario público andaluz. “Si están en esta situación es porque, en el fondo, existe un déficit en el programa para renovar edificios que, en muchos casos, son inmuebles muy deteriorados con más de 40 años de antigüedad”, subraya.
El consejero de Universidad, por su parte, ha dicho no entender el “juego” de las universidades públicas andaluzas, que han reclamado recientemente por carta a la Junta más financiación, pues, con “los números que nos dan las propias universidades”, resulta que “están en superávit”. En el caso de la UMA, el departamento de Villamandos asegura que lleva desde septiembre de 2022 advirtiendo a la Universidad de Málaga de la necesidad de sanear sus cuentas, pero la universidad “hizo caso omiso”. Como resultado, explican desde la Consejería del ramo, la institución académica ya no es capaz de afrontar sus deudas “con la financiación que tienen, que es la mejor de su historia”.
La crítica salud financiera de la UMA en la actualidad contrasta con la época de bonanza de hace apenas una década. En 2015, la UMA contaba con un remanente de tesorería de 192 millones de euros. La administración autonómica pone el foco en los gastos extraordinarios asumidos por la universidad, singularmente, tres obras millonarias que decidió afrontar por su cuenta y riesgo, y a las que atravesó la crisis generada por la pandemia: el nuevo Pabellón de Gobierno, la nueva Facultad de Psicología en la ampliación del campus y, en particular, la prolongación y renovación del bulevar Louis Pasteur con ambicioso proyecto capaz de combinar tecnología y espacios de socialización con criterios medioambientales.
Esas obras y sus correspondientes certificaciones han dado lugar a varios procedimientos judiciales de reclamación de cantidad por un total de 26 millones de euros más intereses de demora, que aumentarán a medida que se emitan nuevas certificaciones, según fuentes del Consejo Social de la UMA. La obra del bulevar, tres nuevos kilómetros para conectar todo el campus con un presupuesto inicial de 20 millones de euros, quedó paralizada a finales del año pasado, sumando nuevos plazos a los dos años de retraso y varios añadidos presupuestarios que acumulaba por las desavenencias con la contratista, la constructora Vías.
Pero estas obras no explicarían el alcance del agujero, capaz de comerse cerca de 200 millones de euros de remanente. Tras la evaporación de ese dinero estaría, antes que nada, la infrafinanciación de la universidad, según Fernando Cubillo, secretario general de CCOO Málaga. Cubillo, que conoce al detalle las cifras como miembro del Consejo Social de la UMA, asegura que desde 2015 la Junta ha dejado de abonar 206 millones de euros en concepto de gasto de personal y gastos corrientes.
Abrir la universidad, pagar salarios y los gastos corrientes son conceptos asumidos por la administración andaluza. Según las cifras que se aportaron al Consejo Social, el gasto por estos capítulos fue aumentando (de 182 en 2015 a 259 millones en 2023) a mayor ritmo que la financiación autonómica. La brecha pasó de ocho millones anuales en 2015 a 28 en 2023, dando un salto gigantesco en 2019, con la llegada del Gobierno de Juan Manuel Moreno. Ese año la UMA gastó 25 millones en personal y gastos corrientes, 25 millones más de lo que le ingresó la Junta. Al año siguiente, 50 más. En 2022, 24 más, y en 2022, 35 millones más.
A ello se añade el ajuste obligado de la pandemia, y la entrega de un excedente de 36 millones de euros a los Fondos COVID para paliar sus efectos. “Se ha pedido que se devuelvan”, asegura Cubillo, que explica también el esfuerzo de ajuste que ahora sí estaría realizando la institución. Por ejemplo, se ha salido de la compra centralizada de energía eléctrica y se ha reforzado el autoconsumo para reducir el gasto de tres millones anuales, que llegaron a ser nueve en plena subida de precios por la guerra de Ucrania.
La crisis económica de la Universidad de Málaga se intensificó especialmente desde el curso pasado. El balance económico de 2023, el último bajo la dirección del exrector José Ángel Narváez, reflejó un déficit de 27 millones de euros y una deuda adicional de 18 millones (un total de 45 millones). De hecho, al asumir el cargo, el actual rector, reconoció que la situación económica era “peor” de lo que se esperaba.
El plan de rescate anunciado este lunes condicionará los presupuestos de la UMA, que deben aprobarse antes de final de año. El consejero de Universidad ha hablado incluso de ajustes “trimestrales”, un dato que refuerza la idea del control que ejercerá la Junta. “Espero que no suponga un lastre excesivo, no es eso lo que se pretende”, ha apuntalado la titular de Hacienda.
La Universidad de Málaga dispondrá de 21 años para devolver el préstamo, con un periodo de carencia inicial de tres y un tipo de interés fijo del 1%, unas condiciones muy favorables que no ocultan que el aceite de ricino se esconde en los recortes de gastos del obligado plan de ajuste. Sobre este punto, el rector Teodomiro López apenas ha dado unas pinceladas, escudándose en que antes tiene que informar a su Consejo de Gobierno, que se reunirá este martes.
Entre los aspectos que están sobre la mesa, el pretendido aumento de los ingresos (a cuenta de la futura residencia o el subarriendo del mastodóntico pabellón de Gobierno) y un recorte de gastos que necesariamente debe pasar por el capítulo de personal. La cuestión es que ni siquiera ahora se renuncia del todo a concluir las obras que ha conducido a la universidad quiebra, con la esperanza de completarlas a medio plazo gracias a los planes de infraestructuras que aportarían músculo financiero. “Lo que nos garantiza este préstamo es que tendremos la capacidad de afrontar esas obras que son importantísimas en la Universidad de Málaga en los próximos años”, ha concluido el rector de la UMA.
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