La Guardia Civil tiene el foco puesto sobre el dinero público de la Junta de Andalucía que, según sospechan los investigadores, acabó engrosando los negocios particulares de los antiguos colaboradores de Luis Rubiales y el propio expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Esta circunstancia, detallada en el sumario del caso desvelado el miércoles, añade dinamita política en la semana más complicada que se le recuerda al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno.
En un informe de la UCO contenido en el sumario de la causa, al que ha tenido acceso este medio, se detallan las relaciones económicas entre la RFEF, la constructora y adjudicataria Gruconsa (en la que era directivo el hermano de un estrecho colaborador de Rubiales) y Dismatec Sport, una sociedad vinculada a Francisco Javier Martín Alcaide, Nene, íntimo amigo del expresidente de la RFEF. Esta empresa, cuya principal fuente de ingresos es la facturación a Gruconsa (un 53,36% del total) es uno de los principales socios de la mercantil GRX, “en la que participan diferentes directivos/colaboradores de la RFEF”, según los investigadores.
El proveedor último de los fondos habría sido la Junta de Andalucía, a través de contratos de patrocinio y convenios de reforma. “El año 2021 resultó el ejercicio más lucrativo tanto en la relación entre Gruconsa y la RFEF, como entre la constructora y Dismatec. Este notorio aumento de la facturación tiene su origen en una serie de convenios firmados entre la RFEF y la Junta de Andalucía para la disputa de diferentes torneos y partidos en estadios andaluces, principalmente en el estadio de la Cartuja de Sevilla, de los que se derivaron contrataciones de bienes y servicios a Gruconsa”, se lee en el informe de la UCO.
Los agentes apuntan a tres convenios entre la por entonces Consejería de Educación y Deportes y la RFEF para la celebración de la Supercopa 2021 (semifinales en Málaga y Córdoba, final en Sevilla), 24 partidos de selecciones nacionales de varias categorías entre 2021 y 2024 y final de las finales de Copa del Rey de 2020, 2021, 2022 y 2023 en Sevilla. Los tres convenios supusieron la entrega de fondos públicos para adecuar los estadios y en concepto de patrocinios a la RFEF, que debía asumir “todos los gastos y responsabilidades” derivados de la celebración de los partidos y sufragar las “obras efímeras relacionadas con la imagen” de la Federación, los patrocinadores o los partidos, teniendo la posibilidad de “contratar con terceros a su libre criterio”.
Según la UCO, 2.570.000 euros acabaron en Gruconsa, que también recibió 900.000 euros por las obras de adaptación de la Cartuja a los requisitos de la Eurocopa 2020 (disputada en 2021 por el coronavirus y de la que albergó cuatro partidos).
En total, Gruconsa ingresó 3.671.030 euros de la RFEF y el estadio de la Cartuja entre el 31 de mayo y el 12 de noviembre de 2021. Por su parte, Dismatec recibió de Gruconsa 530.000 euros. Todos esos fondos provenían, directa o indirectamente, de la Junta de Andalucía.
Estos acuerdos implicaron el desembolso total de 14 millones de euros de dinero público del presupuesto andaluz, destinados supuestamente a la adecuación de los estadios (con varias adjudicatarias, no sólo Gruconsa) y el patrocinio de la selección en sus partidos en Andalucía. 9.615.000 euros fue el coste de los tres convenios (Copa del Rey, Supercopa y categorías inferiores) y, tal y como desveló este medio, 4,9 millones de euros se extrajeron de la partida destinada a escuelas infantiles y se canalizaron a obras en la Cartuja con el fin de prepararla para la Eurocopa de 2020, previa subvención a la sociedad la Cartuja, una empresa pública participada al 40% por la Junta de Andalucía (Consejería de Turismo), Patrimonio del Estado (25%), Ayuntamiento y Diputación de Sevilla (13% cada uno), Real Betis y Sevilla FC.
Hasta ahora, cuando se ha revelado el sumario, se sabía que de las obras de emergencia para adecuar la Cartuja a los requisitos de la UEFA para la Eurocopa, 900.000 euros fueron a parar a la constructora Gruconsa, en la que trabajaba como directivo Ángel González Segura, hermano de Pedro González Segura, asesor jurídico de la RFEF y socio de Rubiales en GRX. Todas las obras de adecuación, 28 en total, se adjudicaron en 15 días y se ejecutaron en siete en el caso de las dos asignadas a Gruconsa, pues debían estar listas antes de que comenzara la competición, el 21 de junio. En total, poner a punto el estadio requirió una inversión de 4,9 millones, a pesar de que había albergado una final de Copa del Rey meses antes y diversos partidos preparatorios de la selección.
En todos aquellos contratos se articuló el procedimiento de contratación “mínimo”, negociado y sin publicidad. La Consejería de Turismo insiste desde hace días en que los procedimientos fueron en pública concurrencia, pero en la web de la sociedad pública gestora de la Cartuja figuran las adjudicaciones, y ningún documento más que la adjudicación a cada una de las empresas adjudicatarias. Es decir, ninguna oferta de otras empresas.
Otro dato que añade misterio a las adjudicaciones es la supuesta existencia de un convenio de asesoramiento técnico entre la RFEF y la sociedad Estadio la Cartuja, cuyo fin teórico era establecer las pautas de las obras de adecuación para ajustarlas a los criterios de la UEFA. Desde hace tres años un periodista lo ha estado pidiendo, primero ante la Consejería de Turismo (como socio mayoritario de Estadio la Cartuja) y luego ante esta propia sociedad, que se negó a entregarlo por exigencia de la RFEF, según fuentes del Consejo de Transparencia.
Este organismo resolvió a favor del periodista, y aunque la RFEF impugnó la resolución ante un juzgado contencioso-administrativo, se le ordenó la entrega del documento al particular, que la ha recibido recientemente. En los últimos 15 días este medio ha intentado obtener el documento pidiéndolo reiteradamente a la administración autonómica, que lo tiene, pero no lo ha facilitado.
Ahora, la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), que instruye el caso Rubiales, ha emitido un auto en el que requiere documentación a varios bufetes, entes y sociedades, entre ellas la Consejería de Turismo de Andalucía, para que entregue todo lo relacionado con los convenios con la RFEF para la celebración de la Supercopa de España de la temporada 2021/2022, para la disputa en esa comunidad autónoma de 24 partidos de las selecciones españolas de fútbol y para albergar allí la final de la Copa del Rey en dos temporadas.
La rama andaluza del caso Rubiales abrió este jueves otra vía de agua al Gobierno andaluz. A la Junta de Andalucía le ha estallado el caso justo después de que se desvelara el fichaje de su exviceconsejero de Salud por Asisa, grupo al que asignó a dedo contratos por 43,6 millones de euros, tal y como contó en exclusiva elDiario.es Andalucía. También en unos días en que se ha desvelado que otro alto cargo de Turismo concedió un patrocinio discrecional de 350.000 euros al equipo de E-Sports en el que antes fue directivo, los Giants, y poco después de que la Oficina Antifraude concluyera que hubo incompatibilidad en las subvenciones concedidas por el director general de Pesca a una empresa de la que era socio.
La derivada andaluza del Caso Rubiales dio este jueves nueva munición a la oposición de izquierdas, mientras el Ejecutivo de Moreno se afanaba por taponar las vías de agua.
Juan Espadas, secretario general del PSOE-A, pidió explicaciones por los patrocinios, las adjudicaciones, las relaciones y el convenio de la Junta y la RFEF, aventurando la posibilidad de que los eventos celebrados en la Cartuja hayan podido suponer “algún tipo de enriquecimiento ilícito por parte de alguien”. Espadas, que era alcalde de Sevilla cuando se firmaron los convenios, apuntó a la Junta de Andalucía por su posición mayoritaria en la empresa gestora de la Cartuja y su condición de patrocinadora de los eventos.
El PSOE desveló el martes que los contratos de patrocinio entre la Junta de Andalucía (a través de la empresa pública Turismo y Deporte) y la RFEF ascendieron a 12,9 millones de euros. También, que los contratos para la reforma del estadio fueron suscritos por José María Arrabal, presidente del estadio de la Cartuja y también secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía sin que, según los socialistas, se diese conocimiento de los mismos al resto del consejo de administración
Por su parte, Antonio Sanz, consejero de Presidencia, insistió en que la investigación judicial “no va sobre la Junta de Andalucía, sino sobre las actividades de la Federación”. El Gobierno andaluz, ha insistido, “actúa con transparencia y ha ofrecido toda la información que se nos ha solicitado por parte del juzgado y por parte de los cuerpos de seguridad que actúan como policía judicial”. Asimismo, ha proclamado que la Administración autonómica “no tiene nada que ocultar” porque “todo es transparente”.
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