El viceconsejero de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, José Repiso, ha instado este lunes al resto de instituciones y entidades sociales a que “se involucren de manera activa” en la elaboración y ejecución del I Plan Estratégico para erradicar los asentamientos irregulares en Andalucía, impulsado por esta consejería y cuya formulación ya fue aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado mes de julio.
Repiso ha realizado este llamamiento en Huelva en el marco del Foro Andaluz para la Integración de las Personas de Origen Migrante que se ha retomado en la capital onubense con el objetivo de “reactivar con más fuerza” las acciones y medidas ante el fenómeno migratorio, según ha indicado la administración andaluza en una nota.
En este sentido, dentro de la apuesta de la Junta por plantear “una respuesta general, planificada y concreta”, se enmarca el I Plan Estratégico para la erradicación de asentamientos informales y la inclusión social de personas residentes en zonas agrícolas de Andalucía conformados por población migrante (EASEN).
“Se trata de un punto de inflexión en esta materia y por ello, este plan necesita de toda la implicación de todas las administraciones y agentes sociales”, ha proseguido el viceconsejero, que ha subrayado que el I Plan EASEN pivota “esencialmente” sobre las entidades locales, que desarrollarán sus propios planes adaptados a su realidad.
El mismo ha tenido una buena acogida por parte de las entidades sociales y ayuntamientos presentes en el Foro Andaluz para la Integración de las Personas de Origen Migrante que, además, han agradecido a la administración regional este paso para buscar “de manera dialogada” soluciones al fenómeno de los asentamientos.
Tras señalar que este plan busca la “unidad y el consenso” de todas las partes para recoger una actuación coordinada y una intervención integral, Repiso ha incidido en que este plan contempla el apoyo por parte de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a las entidades locales proporcionando formación y metodología a los equipos “de cara a una mejor intervención” y para poder elaborar un censo de las personas que residen en asentamientos.
Asimismo, Repiso ha demandado el “compromiso” del Ejecutivo central para que “se involucre en la elaboración y ejecución del Plan Easen dado que la problemática de los asentamientos requiere medidas y acciones de todas las administraciones”. De hecho, todas las actuaciones que se prevén en el marco de este plan se desarrollarán sobre los municipios con la imprescindible implicación de la administración local y con medios reforzados del resto de administraciones públicas, por lo que desde la Consejería han exigido al Gobierno central “implicación” en este sentido.
En Andalucía, la existencia en algunos municipios de asentamientos informales e infraviviendas asociadas, donde residen personas de origen migrante, es una situación de al menos los últimos 25 años y que impacta especialmente en Almería y Huelva, aunque no son las únicas que tienen esta realidad. Además, la compleja naturaleza de la integración hace necesaria la implementación de mecanismos de coordinación y cooperación de los gobiernos locales, autonómico y central en aquellas actuaciones que se centran en zonas donde se da la existencia de núcleos chabolistas e infraviviendas.
Así, este plan tiene como objetivo erradicar los asentamientos informales en Andalucía y prevenir la creación de nuevos poniendo en marcha diversas soluciones habitacionales dignas, flexibles y adaptadas a los territorios y los perfiles de residentes. Para ello se establecerá un modelo de Plan Local o comarcal que identifique los elementos y actores claves en función de su realidad territorial y cuente con el acuerdo de todos los actores públicos y privados y la coordinación de todos los niveles administrativos que participan.
“Desde la Consejería consideramos la colaboración entre administraciones y de todos los agentes implicados fundamental para poder buscar soluciones y tomar medidas”, ha proseguido el viceconsejero, que ha remarcado el “afán” de la Consejería por conseguir la “inclusión plena” de las personas de origen migrante.
Por su parte, la Consejería ha informado de que ha movilizado en este año 2023 un total de 21,5 millones de euros en fondos, tanto europeos como propios, para políticas migratorias de cara a “dar respuesta a las necesidades de la población de origen migrante”.
Destaca la línea de subvenciones, por valor de cinco millones, dirigidas a entidades locales para la atención residencial a personas inmigrantes sin hogar en municipios con actividad agrícola (adquisición de inmuebles, construcción, reforma o equipamiento de nuevos recursos públicos de carácter comunitario para atención residencial). A esta convocatoria han concurrido con proyectos los municipios onubenses de Lepe, Moguer y Lucena del Puerto y el almeriense de Níjar.
Igualmente, se encuentran los fondos para el concierto de 300 plazas para inserción social de jóvenes migrantes que hayan estado bajo medidas del sistema de protección de menores de la Junta o jóvenes inmigrantes en situación de gran vulnerabilidad (4,3 millones); otros 1,7 millones para subvenciones a entidades locales para la atención a personas inmigrantes y emigrantes temporeras andaluzas y sus familias o los 1,5 millones para las subvenciones a entidades privadas para programas de acción social, entre otros.
La federación Andalucía Acoge cree que el plan que se aborda en esta reunión es fundamental para acabar con una realidad que se arrastra desde varias décadas y que afecta a miles de personas. Para ello, la federación considera que se requiere de una estrategia integral de con carácter estatal y en coordinación con el resto de las administraciones implicadas. Más allá del nivel de competencias administrativas, esta estrategia debe ahondar en un compromiso político, en instrumentos financieros suficientes desde una perspectiva interseccional y comunitaria. Promover el acceso de las personas a una vivienda digna, en un entorno inclusivo, así como su mantenimiento a lo largo del tiempo, a través de programas de realojo de las personas y familias, que deberán ser acompañados por los recursos públicos, promoviendo su plena inclusión social.
Según José Miguel Morales, director general de Andalucía Acoge, “este plan supone por fin que la Junta de Andalucía reconoce sus competencias en este ámbito, como venimos reclamando desde hace décadas. Esperamos que la intervención que se desarrolle esté diseñada por las entidades sociales que hemos estado aportando soluciones en la medida de nuestras posibilidades hasta ahora y, por supuesto, con la implicación de los ayuntamientos”.
Andalucía Acoge ha publicado este año el informe ‘Asentamientos 2022. Consecuencias de la discriminación en los asentamientos de Huelva y Almería’. Un estudio en el que se constatan los graves problemas a los que se enfrentan estas personas vínculos al acceso al derecho a la vivienda, la educación o la sanidad, así como casos de trata de personas o las situaciones de vulnerabilidad extrema de los menores residentes.
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