La generación de empleo y la oferta de programas para la formación del propio personal en los establecimientos hoteleros contarán como criterios a la hora de decidir su calificación -por ejemplo para el número de estrellas- y también para acceder a los fondos públicos y tener un trato preferente como interlocutores con la Junta de Andalucía. La Consejería de Turismo y Comercio de Andalucía ultima un décalogo de buenas prácticas para establecimientos hoteleros, “que dará ventajas a los que generen empleo de calidad y se ocupen de la cualificación y formación de su personal”, en palabras del consejero del ramo, Rafael Rodríguez.
Con esta medida se pretende corregir el desfase que se produce todavía, donde a pesar de que el sector está recuperándose, el empleo en el mismo sigue cayendo. El consejero se ha referido este miércoles a los últimos datos, correspondientes a finales de 2013, cuando las pernoctaciones habían crecido en Andalucía un 4% -“el mayor incremento de todas las comunidades autónomas”- pero el empleo había bajado un 2,7%. “Es un hecho que no es explicable”, ha dicho el consejero, para quien esto “afecta a la calidad del servicio, y por tanto, a Andalucía como destino”.
De este modo, ha adelantado tres puntos que tendrá ese decálogo. En primer lugar, la inclusión de este criterio en el decreto de calificación. En segundo lugar, las “bonificaciones” que tendrán a la hora de participar en promociones internacionales de la mano de la Junta de Andalucía -por ejemplo para ser ofrecidos como receptores de turismo sénior- o acceder a fondos reembolsables, de los que este año la consejería gestionará 80 millones de euros. Y, como tercer punto, se les dará “prioridad” como interlocutores. “En definitiva, se quiere impulsar un código de buenas prácticas, porque el empresario que apuesta por la calidad del empleo debe tener una interlocución privilegiada con la Junta de Andalucía, frente al que opta por otras estrategias empresariales. No quiere decir que este último no vaya a tener interlocución o que no pueda acceder a los recursos, pero habrá una prioridad”, ha aseverado.
Son estrategias que ha enmarcado en el nuevo modelo productivo que se quiere impulsar desde el Gobierno de Andalucía y al que la presidenta, Susana Díaz, se ha referido insistentemente, aunque sin desvelar muchos detalles sobre cómo se articulará.
Durante su participación en el Fórum Europa. Nueva Andalucía, celebrado en Sevilla, el consejero también ha hablado de la redacción por parte de su departamento del Plan de Ordenación Turística del Litoral, que complementará al Plan de Protección del Corredor del Litoral que elabora la Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio. Ha reconocido que su redacción está suponiendo dificultades, por las “controversias” que genera en los intereses de “ciertos empresarios e inversores”, pero ha insistido en que esto no le preocupa: “En materia de planificación se decide en función de los intereses generales de Andalucía”.
Ha dicho que este instrumento estará completo en la presente legislatura, y ha destacado la apuesta del Gobierno de Andalucía por la protección de las costas. “En Andalucía vamos a llegar a la paradoja de que la primera línea de playa, que depende del Gobierno de la Nación con la Ley de Costas, tendrá menos protección que la segunda, que es la que la Junta de Andalucía ordenará con estos planes”, ha enfatizado Rafael Rodríguez, quien también se ha referido al próximo decreto de campos de golf de interés turístico, con el que se persigue “agilizar los trámites” para los que realmente son tales y “evitar el uso de esta fórmula para esconder negocios inmobiliarios”.
Sobre fiscalidad y financiación
También ha incidido en que todos estos planes necesitan recursos, que parten tanto de la fiscalidad como del modelo de financiación. Sobre este último, ha abogado por el papel protagonista que debe tener Andalucía: “Una vez que finalice el debate de las banderas, empezará el de las carteras”. En su opinión, “la conclusión no puede ser que lo que no consiguieron en 1977 lo consigan en 2014 federalizando el norte y regionalizando el sur, y eliminado competencias, por lo que el 28 de febrero debe ser para Andalucía un referente en la defensa de nuestros derechos, para romper ese pacto de hierro”.
De la fiscalidad que debe abordar el Gobierno de Andalucía en las dos materias que le ocupan, ha subrayado que no se plantea por ahora la creación de una tasa turística, como la que existe en Cataluña, aunque se ha mostrado claramente partidario: “La responsabilidad de promoción no debe caer exclusivamente sobre los recursos públicos”. De todas maneras, ha aclarado: “En este momento no hay una tasa de estas características sobre la mesa porque en una situación de crisis no es oportuno introducir elementos que puedan distorsionar la imagen y proyección de Andalucía como destino”.
Y en cuanto a la tasa de grandes superficies, por la que pelea IU pero que Susana Díaz ha dejado aparcada con la condición de que los empresarios de este modelo no destruyan empleo, se ha limitado a decir que “hay en marcha un proceso de discusión” entre los dos socios. Tras insistir en que es una propuesta para “practicar la solidaridad entre los diferentes formatos comerciales”, ha subrayado que “no es nada excepcional y se aplica en otras comunidades autónomas”.
Por otro lado, ha hablado de comercio, incidiendo en la apuesta de su departamento por la regularización del sector. También ha anunciado la próxima presentación -previsiblemente para junio- de una marca de calidad para la artesanía hecha en Andalucía, así como la declaración de nuevos espacios como Zona de Interés Artesanal, de los que hay ocho creados hasta la fecha.
Por último, el consejero ha destacado el reto que para IU supone gestionar dos sectores claves en la economía de Andalucía, dado que el turismo y el comercio suponen el 24% del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad autónoma y más de 800.000 empleos.