El varapalo judicial al sistema de contrataciones exprés, utilizado por la Junta de Andalucía para asignar unos 4000 empleos públicos desde el verano, ha obligado a la administración a mover ficha. Desde la semana pasada negocia con los sindicatos un nuevo sistema de contratación rápida. La negociación no está cerrada, pero la Junta propone involucrar al Servicio Andaluz de Empleo en la selección del personal y establecer algún tipo de mérito para valorar las candidaturas. Además, este lunes anunció que creará un “nuevo colectivo de aspirantes a interino” al que recurrir cuando se hayan agotado las bolsas. Estará integrado por quienes hayan aprobado una prueba o estén participando en la oposición de la especialidad.
El objetivo de estas novedades es sortear el severo reproche del Tribunal Superior de Justicia al sistema hasta ahora vigente. A petición de Comisiones Obreras, el máximo órgano judicial de Andalucía suspendió la “ejecutividad” de la última de las convocatorias de este tipo, porque “contraría de manera radical” la jurisprudencia y la propia Constitución, al establecer un único criterio de selección: la rapidez en presentar la solicitud. Más allá de sus dudosos efectos sobre las convocatorias ya ejecutadas, el auto del TSJ es una advertencia ante la tentación de seguir usando un modelo muy controvertido.
La Junta de Andalucía ha asumido el revés y que no podrá prorrogar este sistema: Elías Bendodo, titular de la consejería responsable de las contrataciones, anticipó que respetarían el auto cautelar (no definitivo). Muchos de los llamados “contratos exprés” vencen el próximo 31 de diciembre, y desde la consejería descartan rotundamente la posibilidad de prórroga.
Así que el objetivo es fijar un nuevo marco. Los sindicatos deben valorar en los próximos días la propuesta de la consejería. No obstante, fuentes oficiales advierten de que antes de desarrollar las nuevas bases es necesario modificar el Decreto Ley 3/2020, de 16 de marzo, que recogía un amplio catálogo de medidas de emergencia contra la pandemia. Una vez hecho esto, se modificará la resolución de Recursos Humanos que regulaba concretamente la selección de interinos y temporales.
Evaluación de la experiencia en la especialidad
La propuesta trasladada por la Junta de Andalucía a los sindicatos pasa por asignar un papel de mediador en la contratación al SAE y por establecer unos criterios de selección rápida basados en la experiencia. El primer sistema para cubrir con urgencia plazas de interinos y temporales serán las bolsas vigentes. Esto ya sucede ahora, pero la Junta de Andalucía alega que la mayoría están agotadas, y que por eso ha tenido que recurrir a la alternativa: oferta en la web durante 24 horas, sin aviso previo y selección del primero en llegar.
La consejería propone ahora que si la bolsa está agotada y no hay candidatos del “nuevo colectivo de aspirantes a interino”, intervenga el SAE, que difundiría la oferta durante dos días y seleccionaría los candidatos “disponibles e idóneos”. Después, la Junta evaluaría esos candidatos, con varios criterios sucesivos: primero, por experiencia en el cuerpo o especialidad; si sigue habiendo plazas por cubrir, se valoraría la antigüedad en la Junta de Andalucía; por último, el orden de las candidaturas remitidas por el SAE.
Hasta ahora, la selección obviaba cualquier mérito, lo que provocó la incredulidad de los magistrados del TSJ. “Nos llama poderosamente la atención que (…) no haya más ”mérito“ y criterio de selección que tener la fortuna de que la solicitud tenga entrada antes de que se adjudiquen las plazas que se ofertan”, escribieron.
En su respuesta a los jueces, la Junta de Andalucía llegó a decir que solo seleccionando por orden de llegada podía cubrir las plazas con rapidez. “El único método que se ha visto ágil y eficaz es el adoptado”. Al proponer ahora un método alternativo, la consejería socava esta línea de argumentación de cara a un posible recurso.
La Junta de Andalucía parece también dispuesta a eliminar el requisito que impedía participar en estos procesos exprés a los grupos que consideraba de riesgo (embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, mayores de sesenta y una amplia variedad de enfermos crónicos). Para los sindicatos y algunos expertos, esto suponía una discriminación contra estos colectivos que podía vulnerar varios preceptos constitucionales. La nueva declaración responsable que tendrían que rellenar los candidatos obvia cualquier mención a que no estén incluidos en colectivos de riesgo.
Sin delimitación de los perfiles “esenciales”
Fuentes sindicales de la negociación valoran positivamente la “garantía” que supone la intervención del SAE, pero explican que hay flecos por cerrar. En la propuesta, formulada por la consejería en la mesa y en la comisión de convenio, no se delimitan aquellos perfiles considerados “esenciales” para los que se podría recurrir a este procedimiento excepcional.
Este ha sido uno de los principales motivos de discordia entre la Junta de Andalucía y los sindicatos, que en un principio apoyaron los procesos exprés para contratar de urgencia trabajadores sociosanitarios (por ejemplo, trabajadores de residencias). Los sindicatos impugnaron las convocatorias cuando la Junta de Andalucía recurrió a este método para contratar en todas las consejerías y con todo tipo de perfiles, desde técnicos de pesca a conservadores de museos, pasando por cientos de administrativos.
“Nuevo colectivo” de aspirantes a interino
A la modificación del marco legal para las contrataciones exprés, todavía pendiente de un acuerdo definitivo entre administración y sindicatos, se suma también la creación de un “nuevo colectivo de aspirantes a interino” para cada cuerpo o especialidad, con el que la Junta de Andalucía pretende sortear el agotamiento de algunas de las bolsas de las especialidades.
Este nuevo colectivo estará formado por personas que hayan superado algún ejercicio de oposición o que estén opositando en una convocatoria vigente cuando se convoque la plaza. Los aspirantes se seleccionarán según la calificación obtenida en el ejercicio superado. Esta modificación ya ha sido acordada con los sindicatos y entró en vigor este mismo lunes.