Los servicios jurídicos de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía han determinado que se admitirán como válidos los testamentos vitales anteriores a la ley de eutanasia de España, en vigor desde junio, en los que se pedía la eutanasia. La comunidad autónoma rectifica de esta forma, como hizo la de Madrid a finales de octubre, y acepta que las personas que quieran beneficiarse de la nueva prestación no tengan que rehacer sus testamentos vitales si fueron registrados con anterioridad a la nueva ley.
Pese a que la web de la Junta sigue diciendo que “en aquellos casos en los que hubiese expresado dicha voluntad de acogerse a la eutanasia en determinadas circunstancias, y lo hubiera expresado antes de la publicación de esta Ley, deberá actualizar el documento de Voluntades Vitales Anticipadas para hacer constar y actualizar dicha voluntad en tal sentido”, fuentes de la Consejería indican que, como en el resto de comunidades autónomas, ese paso de “actualizar” la voluntad vital no será finalmente necesario. “La actualización de la voluntad no será necesaria aunque se recomienda”, puntualizan las fuentes, que indican que la información que aparece actualmente en la web “se cambiará” en ese sentido.
El pasado 7 de octubre, en comisión parlamentaria, el socialista Javier Carnero le preguntó directamente al consejero: “¿los testamentos vitales registrados antes de la Ley, que manifestaban su voluntad de solicitar la eutanasia, van a tener validez como en el resto del Estado o aquí, en Andalucía, puesto que tenía un testamento vital anterior a la Ley, va a tener que hacer un nuevo testamento vital?. Es una pregunta que la verdad es que nos gustaría que nos pudiera resolver”. Pero el consejero no la resolvió y contestó respecto a esa cuestión concreta: “Los testamentos vitales están vigentes y desde esta Consejería instamos a la población andaluza a que los realicen y los registren dentro de las delegaciones territoriales de Salud y Familias”.
Cabe recordar que la Consejería dio a conocer el pasado 11 de noviembre los nombres de los 13 integrantes de la Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación de ayuda a morir en Andalucía, cuya constitución se demoró en nuestra comunidad autónoma hasta el momento en que el Consejo de Gobierno tomó conocimiento de la misma, apenas un día antes. Al frente se ha situado, por cierto, a Juan José Sanchez Luque, presidente del Consejo de Médicos de Málaga hasta el pasado mes de junio, académico de la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental y bien conocido del consejero, Jesús Aguirre, quien fue presidente del Colegio de Médicos de Córdoba de 2000 a 2006.
La Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación de ayuda a morir en Andalucía tiene previsto reunirse al menos una vez al mes para actuaciones de verificación previa como resolver las reclamaciones que formulen las personas a las que el médico responsable deniega su solicitud, dirimir posibles conflictos de intereses de los profesionales implicados o acreditar si la prestación se realiza de acuerdo con los procedimientos previstos en la normativa.
El caso de Andalucía es paradigmático porque, con la Ley de Muerte Digna de 2010, fue la primera comunidad autónoma en contar con una ley de derechos y garantías para las personas ante los últimos días de su vida. Ahora, ha sido la última comunidad autónoma en adaptarse al desarrollo marco legal en España, que no exige la actualización o ratificación del testamento vital para poder obtener la prestación de ayuda para morir.
El pasado viernes trascendía que una francesa residente en Andalucía desde hace una docena de años con un Parkinson severo fue la primera persona en esa comunidad que pudo beneficiarse de la ley sobre la eutanasia en su propio domicilio y asistida por un equipo médico, según informó la emisora France Info. La mujer tenía 63 años y se le había diagnosticado su enfermedad hacía cuatro.
Su decisión, muy meditada, la tramitó con ayuda de una de sus cuidadoras y amiga, Pascale, aprovechando la aprobación de la ley de eutanasia española, que entró en vigor el pasado mes de junio, aunque la comisión autonómica andaluza solo empezó a funcionar cinco meses después, informó Efe. Eva Camps Olmedo, de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, explicó a France Info que “algunos médicos no las aceptan y otros las aceptan pero no saben qué hay que hacer, no saben qué hacer porque no tienen ni formación, ni información para acompañar a las personas que quieren acogerse a la eutanasia”.
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