El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha aclarado este jueves que la Junta de Andalucía ha ido respondiendo “puntualmente” a los requerimientos de la jueza Mercedes Alaya en relación a la investigación de fondos de formación gestionados por UGT-A entre 2004 y 2011 y que, paralelamente, se están revisando desde la consejería todos los expedientes del sindicato desde 2007 (los anteriores habrían prescrito), que suman 41. En tres de ellos ya se le ha pedido que reintegre la subvención, como ha afirmado Alonso en sede parlamentaria, porque no ha justificado correctamente el gasto, y en dos casos ha sido el propio sindicato el que ha renunciado a la misma. Eso sí, como se trata de expedientes en estudio, no ha desvelado el importe que suman, igual que ha dicho que tampoco sabe “qué documentación” se ha llevado la Guardia Civil de su departamento. UGT Andalucía asegura por su parte que “no se le ha reclamado ninguna cantidad de esos expedientes revisados”.
En la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Parlamento de Andalucía, el consejero ha detallado, con “transparencia”, las fechas de todo este proceso para dejar claro que se ha mantenido “siempre una línea de colaboración” con la justicia. En concreto, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla le requirió el 20 de marzo un informe de gestión y justificación de subvenciones “concedidas a los diferentes agentes sociales”. Se pedía “un desplegable” de las subvenciones para formación desde 2004 hasta 2011 así como el acceso de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a las aplicaciones informáticas de los cursos. El 7 de abril, ha continuado el consejero, se mandó por parte de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo (DGFPE) a los servicios jurídicos tanto el desplegable y los protocolos informáticos como una petición de aclaración sobre el concepto de agentes sociales. El 16 de mayo se notificó por parte del juzgado a la DGFPE la aclaración.
El 20 de mayo la Guardia Civil retiró las claves de las aplicaciones informáticas, y un día después se presentó en la DGFPE para recoger toda la documentación, operación que podría repetirse si se requiere más documentación. En esa línea de colaboración, ha precisado que la Junta de Andalucía facilitó incluso “el transporte” de la documentación a la Guardia Civil.
En este contexto ha criticado que el PP-A esté haciendo un uso “cínico” de este caso en los medios de comunicación y haga “juicios sumarísimos e inquisitoriales”. El consejero ha insistido en que el Gobierno de Andalucía continuará con el principio de no exoneración, tal y como decidió Susana Díaz en su toma de posesión como presidenta, de forma que no se concederán nuevas subvenciones a los que no hayan justificado el destino de otras percibidas previamente. Igualmente, ha dicho que se mirarán “uno a uno, expediente a expediente, si la jueza me lo permite”, todos los fondos de formación concedidos, un trabajo iniciado por la consejería hace meses. Por ello, ha deseado que “ojalá” el mismo modelo se pusiera en marcha en otras comunidades autónomas.
Trabajo interno
En dicha revisión de los expedientes (no sólo los de UGT-A sino los de todos los fondos de formación desde 2007 y que superan los 8.000), el consejero ha reiterado que se puede dar una casuística diferente: proceder a la liquidación si todo está justificado correctamente o bien se puede optar por los requerimientos de documentación. “Y desde luego, en caso de que no se aporte la documentación necesaria para la justificación, al agotar todos los plazos, se procederá a un expediente de reintegro, o en su caso a la resolución”, ha recalcado.
Posteriormente, ha detallado cómo va la revisión de los expedientes de UGT-A, que corresponden a diferentes líneas y están “vivos”, es decir, en plazo para su comprobación. De este modo, en la línea de formación continúa (para ocupados) hay en estos momentos 13 expedientes, de los cuales siete corresponden a las convocatorias de 2007, 2008 y 2009 que están fiscalizados, y por lo tanto pagados. Son expedientes que ya están cerrados. Otros tres se están ejecutando todavía y corresponden a la convocatoria de 2011. Hay otros tantos de la convocatoria de 2010, que están en estudio: es decir, se han realizado los cursos, se ha presentado la documentación y los técnicos están valorando su justificación antes de pasarla a intervención.
En la línea de formación de desempleados hay 17 expedientes en tramitación. Uno de ellos está finalizado y cerrado, y tres se encuentran en verificación de fondos europeos para pasar a su abono. Estos expedientes corresponden a la convocatoria de 2009. Hay otros tres que han solicitado prórroga para la justificación de los mismos y corresponden a la convocatoria de 2010. Mientras, otros siete están en estudio, ya que se le ha requerido la documentación y se han presentado alegaciones por parte de UGT-A. Los técnicos están estudiando si la documentación aportada es suficiente. “Si no es así, se iniciará el expediente de inicio de reintegro con carácter inmediato”, ha apostillado. Por último, en esta misma línea, hay tres expedientes a los que se les ha iniciado ya el procedimiento de inicio de reintegro.
Mientras, en la línea del fondo de formación para autónomos hay en tramitación un expediente de la convocatoria de 2008, que se ha remitido a verificadores de fondos europeos. En cuanto, a la línea de acciones complementarias, hay en tramitación seis expedientes. Todos están finalizados y pendientes de liquidación y corresponden a la convocatoria de 2008 y 2009. Finalmente, en la línea de acciones de investigación e innovación existen cuatro expedientes que están liquidados y que corresponden a la convocatoria de 2010. Otros dos, de la convocatoria de 2011, corresponden a cursos a los que UGT-A ha renunciado a dicha subvención: una en 2013 y otra en 2014.
Sin noticias del otro frente
El consejero ha aclarado también que este proceso es distinto a la revisión a la revisión de oficio que inició la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de subvenciones concedidas a UGT-A y que se ha saldado por el momento con cuatro resoluciones firmes -de un total de 19 expedientes en estudio- en las que se le exige el reintegro de 3,6 millones de euros. Es un proceso todavía en fase de alegaciones y del que el consejero del ramo, José Sánchez Maldonado, no ha ofrecido información los últimos meses por lo que no se sabe si ha habido más peticiones de reintegro ni si UGT-A ha devuelto ya dinero.
Por su parte, la portavoz del PP en la comisión, Teresa Ruiz Sillero, le ha reprochado que “ni siquiera sepa” qué se ha llevado la Guardia Civil. “Yo no hubiera dormido pensando en qué expedientes se ha llevado”, ha dicho, tras pedir la destitución de Luciano Alonso. Tras calificar de “bochornosa” la gestión que se está haciendo del caso, ha opinado que la Guardia Civil ha tenido que ir a por la documentación porque no se le ha entregado. “Si la Junta de Andalucía no da explicaciones, los andaluces pueden pensar muchas cosas y miles de hipótesis con lo que está ocurriendo”, ha insistido la popular, para quien eso es lo que está provocando un “daño irreparable en el buen nombre” de la comunidad autónoma.