Una muestra de los 17.518 contratos de emergencia firmados en 2020 por un total superior a los 980 millones de euros, el 90% a cargo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para compra de material sanitario, es objeto de una fiscalización que la Cámara de Cuentas ultima en plena polémica por presuntas irregularidades en la gestión de estos fondos públicos que ya han saltado en otras comunidades autónomas.
Bajo la lupa de los auditores cuatro años después de la pandemia de la covid-19, el resultado estará en unos meses y, junto a otro informe en marcha sobre geriátricos y centros de días para mayores y personas con discapacidad, supondrá la culminación de las tareas de la Cámara de Cuentas del periodo marcado por el coronavirus. Previamente, se han auditado subvenciones a la cultura, con “conformidad en todos los aspectos significativos”, y la contratación de personal, donde el órgano fiscalizador ya censuró la elevada rotación.
De hecho, igual que la de años previos, la gestión de 2021 ha sido fiscalizada, pero la de 2020 sigue siendo una incógnita, cuando la contratación de emergencia es una fórmula que exige menos controles y que se generalizó en Andalucía a través de varios decretos cuya vigencia se extendió hasta bien entrado 2022, y que incluso se usó cuando ya habían sido derogados, como reveló este medio.
En este sentido, los de 2021 sí fueron objeto de estudio por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), que en el caso de Andalucía los elevó a más de de medio millar por casi 670 millones de euros, siendo la comunidad autónoma con más contratos de emergencia, en los que no se aplican los principios de libertad de acceso a las licitaciones, transparencia y publicidad.
Mientras, en 2018 y 2019, ejercicios fiscalizados conjuntamente por la Cámara de Cuentas, sumaron 182 por un importe de 86,9 millones de euros, la mayoría para carreteras por efectos de fenómenos atmosféricos. Eso sí, entonces, ya se advertía que, casi en el 40% de los expedientes fiscalizados, la tramitación de emergencia se había empleado para cubrir necesidades que podrían ser consideradas urgentes, pero que no se acreditaban suficientemente los demás supuestos excepcionales exigidos por la ley.
El caso es que la fiscalización del año del estado de alarma se produce también en un contexto en el que el PSOE ha visto rechazada su petición de una comisión de investigación por los contratos de emergencia desde 2020 hasta hoy, y cuando ha trascendido que la Junta de Andalucía pagó hace cuatro años algo más de 1,1 millones de euros por mascarillas a la empresa que abonó comisiones a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Desde el PP-A opinan que “no tiene sentido” y que los socialistas pretenden correr una “cortina humo que tape el caso Koldo”, en palabras de Toni Martín, portavoz parlamentario de los populares. No es la primera vez que se pide: la legislatura pasada lo hizo el grupo Adelante Andalucía para los contratos de emergencia entre 2020 y 2022, y no prosperó.
Entre los contratos de emergencia más elevados ese año, la adjudicación directa de servicios de asistencia sanitaria complementaria a usuarios del SAS en las distintas provincias, “afectados por la suspensión de una intervención quirúrgica derivada de la pandemia”, con un total de más de 30 millones de euros. También, la adquisición de equipos de protección individual (EPI), con destino a los centros sanitarios, por 117.414.221,79 euros, suministros de equipamiento médico para la contingencia en Sevilla por más de 28 millones de euros y analíticas PCR por 21.206.293,31.
En estos momentos en periodo de alegaciones, según aclara el presidente de la Cámara de Cuentas, Manuel Alejandro Cardenete, el informe de 2020 va especialmente lento en Andalucía. Por comparar: en el caso de la Comunidad de Madrid, su Cámara de Cuentas avaló los contratos de emergencia de 2020 hace más de dos años, incluido el que supuso cuantiosas comisiones para el hermano de la presidenta por la compra de mascarillas.
Ese año en la Comunidad de Madrid, también por comparar, fueron 4.448 contrataciones de este tipo por 943,4 millones de euros, cifras que muestran cómo en Andalucía se multiplicaron los de menor cuantía. De hecho, desde la Cámara de Cuentas destacan, en sus consideraciones previas, “el ingente volumen de contratación menor y el uso tan generalizado de esta figura”. En 2020 supusieron casi el 90% del total de los adjudicados, y su importe, el 7,50% de lo comprometido ese ejercicio. También llama la atención la cifra de contratos por menos de 5.000 euros “que podrían haberse tramitado por el procedimiento de anticipo de caja fija u otro sistema similar que permiten priorizar sin necesidad de la contratación de emergencia”.
Desde la Junta de Andalucía replican que la pandemia exigía “la disponibilidad de EPI, productos sanitarios e infraestructuras hospitalarias y otros suministros con una urgencia extrema”, por lo que se generalizó ese régimen previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y donde no se aplican los trámites ordinarios.
Sin embargo, como reconoce la propia Cámara de Cuentas en sucesivos informes, es un sistema “expuesto a malas prácticas” y también coladero para un “uso irregular de fondos públicos”. De todas formas, la Cámara de Cuentas no tiene función sancionadora: el objetivo de la fiscalización en curso es comprobar que se ha cumplido la obligación de remitir la información exigida sobre estos contratos; verificar que se ha dado a conocer el volumen total; y que los mismos se ajustan a los “supuestos, condiciones y límites que justifican este tipo de tramitación”. El informe englobará tanto a las consejerías como a las agencias administrativas (como es el caso del SAS), agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios del sector público.
Todo ello porque más allá de la tormenta política, en muchas ocasiones, la tramitación de emergencia se usa para cubrir necesidades en las que no se acredita que hayan surgido “de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o que afecten a la defensa nacional”, como recogen los supuestos del citado artículo 120. Otras veces, no se justifica lo suficiente que no sea posible remediar los daños usando otros procedimientos menos restrictivos de la concurrencia, tales como la tramitación abreviada. Y otras, su uso responde más a la carencia de una diligente planificación o programación.
“Debo reconocer que ha sido todo un desafío, ya que nos hemos enfrentado a una situación desconocida, que significó una profunda transformación en el funcionamiento y gestión de las administraciones, con elevado grado de incertidumbre y complejidad, y con un gran impacto en la gestión de los gastos e ingresos públicos. Todo ello ha constituido un reto para las instituciones fiscalizadoras, ya que en ese contexto las funciones de control han ganado relevancia”, apunta en declaraciones a eldiarioand Manuel Alejandro Cardenete, que firmará con este un primer informe de los que más interés generan para cualquier labor de oposición.
El catedrático indica la pandemia “es un asunto que ha ocupado y preocupado” a la ciudadanía. “Nuestra institución tenía la obligación de entrar a valorar la gestión de esta crisis, y lo ha hecho desde enfoques muy diferentes para poder abarcar los máximos aspectos posibles de la complicada gestión de esta inusual situación”, insiste.
Sobre posibles incompatibilidades por el hecho de que presida esta institución después de haber sido consejero de Educación y Deporte, dice que ha pasado “sobradamente” más de un año desde la gestión y la fiscalización. Recalca que si fuera un tema que estuviera vinculado como su periodo como consejero, se “abstendría, pero también subraya que son más de 1.700 las instituciones que fiscaliza la Cámara de Cuentas, por lo que ve una probabilidad mínima de que esa circunstancia afecte a su tarea.
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