La Junta de Andalucía estima, en un primer estudio, que UGT-A no justificó 1,8 millones de euros en subvenciones
El gabinete jurídico de la Junta de Andalucía ya tiene en su poder el primer informe encargado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa sobre las subvenciones a UGT-A, en el tras el análisis de dos expedientes se ha detectado que el sindicato ha dejado sin justificar 1,8 millones de euros en subvenciones. Una vez estudiados, y requerida nueva información a la organización, se verá cómo proceder, y en caso de que se abriera una causa en los tribunales, no se descarta la personación de la Junta de Andalucía como acusación particular.
Esto es sólo el inicio de la depuración iniciada por la Junta de Andalucía, que con un funcionario instructora al frente, ha encargado que se repasen 17 expedientes -estos son los dos primeros- entre 2009 y 2010 y por un total de 7,5 millones de euros en subvenciones, lo que no quiere decir toda esa cantidad esté sin justificar.
Del contenido del informe, el Gobierno de Andalucía ha pasado poca información a los medios de comunicación, salvo que esos 1,8 millones de euros corresponden a partidas que debieron destinarse a programas de información y asesoramiento sobre actividad sindical y negociación colectiva. Pero en sindicato no ha podido justificar este destino, y la información aparecida en la prensa las últimas semanas sí habla de que hubo dinero gastado en celebraciones, regalos y otras campañas.
El portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, ha dicho este martes que el gabinete jurídico hará ahora su propio informe, que remitirá a UGT-A para que formule alegaciones, y luego al Consejo Consultivo, donde se valore si existen o no elementos para acometer “alguna acción más, además de la vía administrativa, que sigue su curso, y donde se están cumpliendo con los plazos y actuando con rigor, con todas las garantías para que se llegue hasta el final de la investigación y con total transparencia”.
Ha descartado que se vaya a investigar con el mismo celo otras partidas correspondientes a subvenciones de formación y entregadas a otros sindicatos o a las patronales, porque no existe denuncia, como el caso de UGT-A que ha salido a la luz por los medios de comunicación. “La documentación acreditativa que se presentó para la justificación era la que demandaba la ley y recibió la validación por parte de los órganos administrativos competentes, por lo que era imposible detectar una irregularidad si la factura era correcta”, ha recalcado, rechazando que el mecanismo haya fallado pese a que sólo con los primeros estudios sobre dos expedientes, y de hace cuatro años, se haya descubierto que puede haber al menos 1,8 millones de euros sin justificar.
En su opinión, poner en marcha mecanismos para seguir un procedimiento similar con otras subvenciones, “sería poner en en duda no sólo a las organizaciones a las que se les conceden, sino también a todo el procedimiento administrativo”. Por ello, ha insistido que en la Junta de Andalucía “tiene que actuar donde ve que hay un caso que sea perseguible y no puede perseguir lo que no existe”.
Finalmente, ha rechazado la sugerencia del PP-A de que comparezca en el Parlamento de Andalucía el secretario general de UGT Cándido Méndez -el regional Francisco Fernández dimitió la pasada semana tras este escándalo- porque cree que no procede “y sólo busca hacer ruido”. Ha pedido, en cambio, que los populares pongan el mismo empeño en el Congreso de los Diputados “donde ha vetado 37 peticiones de comparecencias” en los últimos meses por casos de corrupción.
