La Junta de Andalucía ha anunciado este jueves que, de manera “inmediata”, comenzará a redactar el pliego de condiciones técnicas y administrativas que regulará un concurso “internacional” destinado a adjudicar la explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar (Sevilla). La mina de Aznalcóllar fue abandonada poco después de la famosa catástrofe medioambiental de 1998, cuando la balsa de residuos de metales pesados asociada al complejo minero, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa), sufrió una fractura que provocó un vertido masivo de lodos tóxicos a todo el área de influencia del río Guadiamar.
La consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz; el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila; y el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, han celebrado este jueves un encuentro con diversos alcaldes de la comarca del Corredor de la Plata, en Sevilla, al objeto de anunciarles la decisión de promover la reapertura de la antigua mina de Aznalcóllar, marcada por el mencionado siniestro y la posterior catástrofe medioambiental.
Y es que la ruptura de la balsa de residuos de la mina que por aquel entonces explotaba Boliden-Apirsa constituye un episodio sencillamente inolvidable para la provincia de Sevilla y más aún para la comarca del Corredor de la Plata. Porque como consecuencia del siniestro, la mencionada multinacional sueca de la minería abandonó la explotación de Aznalcóllar, que sostenía más de 450 empleos estables y cerca de 700 eventuales, y para contrarrestar la contaminación masiva del cauce del Río Guadiamar fue necesario un programa de restauración que ha supuesto el desembolso de aproximadamente 90 millones de euros durante varios años.
A día de hoy, de hecho, la Junta de Andalucía mantiene vivas sus iniciativas para reclamar a la multinacional sueca Boliden el elevado coste de los numerosos y laboriosos trabajos de restauración medioambiental que siguieron a la catástrofe de 1998.
Los consejeros Susana Díaz y Antonio Ávila, a la hora de hacer pública la decisión del Gobierno andaluz de reactivar el yacimiento minero de Aznalcóllar, han rememorado el mencionado y famoso desastre medioambiental, han defendido los efectos del programa de recuperación desplegado durante varios años en el área de influencia del río Guadiamar y han expuesto la necesidad de que la “riqueza del subsuelo” repercuta en la sociedad en términos de desarrollo, señalando el futurible impacto económico de la reapertura de la mina.
En cuanto a los 15 años transcurridos desde la catástrofe de Aznalcóllar, han manifestado que, en todo este periodo de tiempo, el sector de la minería ha experimentado una serie de “modificaciones” fundamentales para entender la decisión de intentar reabrir la mina “más emblemática” de la provincia de Sevilla. Han señalado, en concreto, las “innovaciones y avances tecnológicos” del propio sector de la minería, gracias a los cuales “se explotan los yacimientos de una manera diferente”, y el incremento de los precios de los minerales. “Determinadas explotaciones que no tenían umbrales de rentabilidad, ahora pueden ser rentables para las compañías mineras”, han explicado.
Así, Susana Díaz y Antonio Ávila han detallado que Boliden-Apirsa abandonó el yacimiento minero de Aznalcóllar dejando aproximadamente 35 millones de toneladas de materiales aún por explotar, si bien el conjunto del yacimiento cuenta con un potencial de hasta “80 millones” de toneladas de “cobre, plomo o zinc”.
De cualquier modo, han anunciado que, de forma “inmediata”, la Junta de Andalucía comenzará a redactar los pliegos de condiciones técnicas y administrativas destinados a regular este concurso “internacional” cuyo fin no es otro que ofertar la explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar mediante el modelo de explotación minera a cielo abierto. En ese sentido, los consejeros del Gobierno andaluz han manifestado que en este concurso internacional serán exigidas “las máximas garantías de seguridad y sostenibilidad”, siento excluidas “las empresas que mantengan deudas” con la Junta de Andalucía.
Las reclamaciones de la Administraciones a la multinacional sueca Boliden para que asuma los costes del programa de restauración medioambiental derivado de la catástrofe de 1998, según los consejeros del Gobierno andaluz, excluye directamente a Boliden del mencionado concurso. El pliego de condiciones del concurso, según han explicado, favorecerá a las ofertas con propuestas especialmente generosas en materia de medidas de seguridad y protección medioambiental y prestará “especial atención al factor de volatibilidad que tiene el precio de los minerales”, extremo que podría ser contrarrestado con un “fondo social” a cargo de la empresa adjudicataria si las fluctuaciones de estos precios se tradujesen en efectos sobre los trabajadores.