Ayudas extraordinarias para cubrir necesidades básicas como la distribución de agua potable, limpieza y recogida de basuras de los asentamientos de inmigrantes de Huelva y Almería y su entorno. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este miércoles la puesta en marcha de ayudas extraordinarias para ayuntamientos en cuyos municipios existen conjuntos de chabolas conformados mayoritariamente por personas de origen inmigrante. Desde el terreno, las ayudas se valoran pero, según coinciden, llegan tarde.
Las ayudas extraordinarias aprobadas por la Junta se dirigen igualmente al suministro de bienes básicos como la “adquisición y distribución de alimentos y material de higiene y sanitario, además de otros productos básicos y actividades esenciales para atender las necesidades de la población residente en los asentamientos”. Igualmente, según la información oficial trasladada con la Junta, “también se podrán destinar a los gastos que ya haya realizado el municipio desde la aprobación de las medidas de confinamiento por el Estado”.
Las partidas aprobadas se centrarán en Almería y Huelva y se dotarán para este ejercicio presupuestario con un total de 2.297.160,21 euros, de los que 1.158.537,60 euros serán para la provincia almeriense, para atender a una población de unas 2.210 personas aproximadas, repartidas en 79 asentamientos. A la provincia onubense se destinará una cantidad de 1.138.599 euros para 2.170 personas distribuidas en 30 poblados.
Estas ayudas, coordinadas por la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, se incluyen en un decreto ley de medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia del Covid-19 que también recoge iniciativas de otras tres consejerías.
Datos de los municipios
La asignación a cada ayuntamiento se ha distribuido según la información ofrecida en los mapas de asentamientos chabolistas de Huelva elaborados por el Infoca y Cruz Roja y en los informes de los equipos de atención al inmigrante (EDATI) de Almería, así como de la Guardia Civil actualizados por Cruz Roja a marzo de 2020. Estos datos también han sido verificados a su vez por los municipios interesados.
Para Pastora Filigrana, de Abogadas Sociedad Cooperativa Andaluza, “así dicho es toda una conquista”. “Es bienvenido porque verdaderamente la situación es insostenible en estos momentos en los asentamientos chabolistas, pero es preocupante que haya tenido que llegar una crisis sanitaria por pandemia para que la Junta tomara cartas en los asentamientos”, comenta a este periódico.
Según la letrada, “ha de tenerse en cuenta que acciones como garantizar el abastecimiento del agua y la recogida de basura son competencias de los ayuntamientos de forma permanente” y que, hasta ahora, “los ayuntamientos han incumplido estas publicaciones”. “Estas dotaciones deben mantenerse después del fin del estado de alarma, pero, en todo caso, hacia lo que tenemos que caminar es a la desaparición de estos asentamientos y la garantia de viviendas dignas de estos trabajadores, tal como marca el convenio del campo tanto en Huelva como en Almería”, concluye la abogada, que detalla que “son más de 30 los asentamientos que Cáritas tiene cotabilizados en Huelva”.
Antonio Abad es uno de los fundadores del Colectivo de Trabajadores Africanos y presidente de la Asociación Solidaridad Igualdad y Sostenibilidad Trabajo Integral Cuenca Minera (ASISTI). Señala a este periódico que “cuando llegan estas noticias se reciben bien pero a ver cuándo lo vemos sobre el terreno, porque estas cosas suelen tardar”.
“En todo caso, vienen tarde, porque llevamos un mes de alerta, aunque como se suele decir más vale tarde que nunca”, comenta Abad, que cnsidera las medidas “imprescindibles y necesarias, pero tenían que haberse aprobado al principio de la alerta”. Para el representante del colectivo, ahora también habrá que ver “a través de qué organismo, si Políticas Migratorias de la Junta o los ayuntamientos, se articula esto por que no está claro”, pero “es necesario que se haga con la máxima celeridad y se solucionen pronto los temas burocráticos”.
Construcción de viviendas
Para Mila Garaialde, del área de migraciones y delegada de Huelva de APDHA, la ayuda aprobada por la Junta de Andalucía “viene, en el caso de Huelva, a saldar 20 años de dejación y abandono por parte de las instituciones a los temporeros migrantes que habitan alrededor de los cambios freseros de la provincia”, recordando que el incendio de hace dos días en uno de los asentamientos de Palos de la Frontera en el que “casi 200 personas han perdido el refugio que tenían, porque no se puede llevar llamar vivienda, muestra la precariedad y el riesgo en el que habitan habitualmente, desconociéndose hasta ahora las medidas a tomar por parte del Ayuntamiento de Palos de la Frontera en su auxilio”.
Según Garaialde, tras un mes de confinamiento y del establecimiento de medidas de higiene excepcionales “las actuaciones en esa línea han sido casi inexistentes en los asentamientos de la provincia y en nada determinantes en cuanto a salvaguardar la salud de sus habitantes. Las precarias condiciones de vida y de higiene son conocidos por todos y fueron denunciadas hace dos meses por el relator de la ONU”, recuerda.
“Con esta ayuda, es el momento de proyectar una solución definitiva a esta realidad y construir viviendas, que es la clara reivindicación de todos los afectados: viviendas en régimen de alquiler, espacios dignos para los trabajadores del campo. Hay iniciativas baratas innovadoras rápidas en la construcción de viviendas fabricadas con impresoras de 3D. Exigimos que, con esa ayuda, se construya, y con ello abordar de frente el 'Quédate en casa' que, este momento de pandemia, exige también abordar la situación de indignidad que se da en los asentamientos de la provincia desde hace décadas, siendo un problema ya crónico”.
La representante de APDHA exige también “una evaluación continua de los proyectos que con estas ayudas se vayan a desarrollar, desde la proyección, durante el desarrollo y al final de la ayuda. Exigimos un trabajo coordinado de los ayuntamientos donde se elabore la mejor propuesta y se desarrolle con evaluación continua como hemos dicho para aprovechar realmente esta oportunidad y resolver el problema habitacional de una provincia que precisa la presencia de un gran número de personas de manera estacional en las campañas agrícolas”.
Por último, Garaialde considera que “sería necesario acompañarlo también, por parte del Gobierno central, con una regularización de residencia o de trabajo, como han hecho otros países, como Portugal, para reducir la precariedad de sus condiciones de vida y favorecer su protección en el estado de alarma y también el desarrollo de las campañas agrícolas, que están en algunos casos sin mano de obra regularizada”.