La pelea por la conocida como “ley antidesahucios” de Andalucía aún no ha terminado. Tanto la Junta de Andalucía como el Parlamento andaluz estudian recurrir ante la justicia europea la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el decreto ley andaluz que permitía al Gobierno expropiar a la banca las viviendas vacías. En la sentencia publicada este martes el Constitucional anula la disposición adicional segunda de este decreto-ley por entender que invade una competencia del Estado, la coordinación de la planificación general de la actividad económica. La disposición anulada es precisamente la que hace referencia a la expropiación de viviendas vacías y, según la doctrina marcada por el Constitucional, hace prever una segunda sentencia desfavorable contra la ley andaluza de Función Social de la Vivienda, también recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy.
La consejera de Fomento y Vivienda en funciones, María Jesús Serrano, avanzó este miércoles que los servicios jurídicos de la Junta valoran recurrir ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, único resquicio legal que les queda para salvar norma. “La Junta tiene interés en seguir haciendo efectivo el derecho a una vivienda digna y no vamos a parar hasta conseguir que nos dejen ejercer nuestras competencias, basadas en el Estatuto”, afirmó Serrano, quien insiste en que la Junta “no va a parar hasta arbitrar algún mecanismo o alguna fórmula, dentro de la legalidad, para ayudar a las familias a evitar que las echen de sus casas”.
La Mesa del Parlamento acordó también este miércoles encargar a sus letrados un informe para plantear otro recurso de la Cámara autonómica ante la justicia europea. Todos los representantes de la Mesa dieron el visto bueno a la iniciativa presentada por IU. Este grupo planteó la necesidad de un recurso ante una sentencia del Constitucional que entiende erosiona gravemente las competencias de las comunidades autónomas, como explicó José Antonio Castro.
“Nuestra obligación es seguir defendiendo la dignidad de la gente que hoy siguen siendo expulsadas de sus casas”, dijo el diputado de IU. La formación de izquierdas fue la impulsora de esta normativa durante la pasada legislatura, en la que conformaron gobierno junto al PSOE.
El recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en ambos casos se enfocaría sobre una posible violación con la sentencia del Constitucional de la Convención Europea de Derechos Humanos apelando al derecho a la vivienda.
El PSOE también ha anunciado que llevará al Congreso de los Diputados una iniciativa a través de sus diputados para exigir al Gobierno de Mariano Rajoy que retire el recurso que presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley de función Social de la Vivienda. Mario Jiménez, portavoz parlamentario del PSOE andaluz, reclamó un pronunciamiento de todos los partidos, tanto en España como en Andalucía, a favor de esta ley.