La Junta de Andalucía ha interpuesto recurso contra el auto dictado por la jueza Alaya en el que imputaba en el caso de los ERE a una veintena de altos y exaltos cargos de la Administración, entre ellos la que fuera consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, entre 1994 y 2004.
El recurso del gabinete jurídico, del que hoy informa El País, ahonda en que la decisión de la jueza cuestiona de algún modo la ley de presupuestos, indicaron fuentes de la Junta. Alaya decía en su escrito que había “llegado el momento de dar un paso cualitativo” en la instrucción y de determinar la participación de personas que habrían permitido el “dispendio continuado de fondos públicos” por el “uso indebido de las transferencias de financiación”.
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, indicaba el martes que el auto era “perfectamente recurrible” y que en él se señalaba a personas “honestas, honorables y que han hecho un buen servicio a Andalucía”. Además de incidir en que la Junta tendría que pagar, por ley, la defensa de los cargos imputados si estos lo solicitaran, Vázquez comentó que el auto “parece querer imputar delitos que no existen en el Código Penal”, aludiendo a la “inconsistencia” de la resolución judicial.
Según Susana Díaz, una “decisión técnica”
La consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha manifestado este jueves en relación con el recurso de la Junta contra el último auto de la juez que instruye el caso de las irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE), Mercedes Alaya, que ha sido un “criterio y una decisión técnica” del Gabinete jurídico, personado como acusación particular, que, entre otros argumentos, “nos ha trasladado no entender que se cuestione una ley del Parlamento de Andalucía”, como es la de los presupuestos de la comunidad, “por parte de un juzgado de instrucción”.
En declaraciones a los periodistas en la sede de la Diputación Provincial de Sevilla, Díaz ha manifestado que, en todo caso, cualquier cuestionamiento de la Ley de Presupuestos tendría que venir por parte del Tribunal Constitucional.
La consejera ha insistido en que se trata de una “decisión técnica” del Gabinete Jurídico de la Junta y ha apuntado que no habrá inconveniente en hacer público el texto del recurso al auto de la juez.
Preguntada sobre si puede darse cierta “contradicción” entre el hecho de que la Junta esté personada en el caso como acusación particular y el recurso al auto, la consejera ha explicado que “la acusación particular tiene la obligación de manifestarse sobre imputaciones concretas y si no lo hace ahora no lo podrá hacer hasta que se abra el juicio oral y eso ha sido parte también de esas motivaciones que al Gabinete jurídico le han llevado a manifestarse en ese sentido”.
De otro lado, la consejera de la Presidencia e Igualdad se ha remitido a las declaraciones que hizo ayer en el sentido de que “lo razonable y lo lógico” sería que la Junta de Andalucía abonara la defensa jurídica de aquellos altos cargos de la administración que “resultaran inocentes” al final del proceso que la jueza Mercedes Alaya tiene abierto por el caso de los ERE irregulares.