La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la Fundación La Caixa y la Asociación de Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) firman este viernes el acuerdo alcanzado que permitirá llevar a cabo el proyecto de intervención para las Reales Atarazanas de Sevilla, construidas en 1252 y declaradas bien de interés cultural (BIC).
Así, según ha informado el departamento que dirige Miguel Ángel Vázquez, tras una serie de intensas reuniones, las partes han consensuado un texto de acuerdo que se firmará este viernes y que “asegura los aspectos jurídicos, técnicos y patrimoniales del proyecto”.
El acuerdo, según Cultura, implica “respetar” el documento técnico elaborado en las últimas semanas por el grupo de trabajo constituido al efecto y recoge aportaciones y recomendaciones de todas las partes. En este sentido, conviene recordar que las modificaciones están sujetas a cuantos informes administrativos y autorizaciones preceptivas deban emitirse y tampoco pueden alterar el contrato de concesión suscrito entre la Junta de Andalucía y la Fundación La Caixa.
La voluntad de acuerdo de las partes implicadas ha sido “fundamental” para llegar a este punto, en el que se establecen los términos de la intervención. Por último, la Consejería señala que el acuerdo es la manifestación de la voluntad de las partes de que la ciudadanía pueda disfrutar de este espacio cultural que está destinado a ser uno de los emblemas de la ciudad de Sevilla.
La polémica de la conservación
El diseño original del proyecto de restauración, obra de Guillermo Vázquez Consuegra, plantea restaurar y adaptar como centro cultural el citado recinto histórico, formado por restos de la antigua muralla almohade, siete naves de las atarazanas medievales del siglo XIII, restos del apostadero de la Carrera de Indias de los siglos XVI y XVII y edificaciones de la Real Maestranza de Artillería pertenecientes a los siglos XVIII, XIX y XX.
Pero aunque la iniciativa cuenta con aval de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico e incluso licencia de obras, los colectivos conservacionistas la tachaban de “crimen patrimonial”. Principalmente, criticaban que la iniciativa no recuperase la cota original del monumento y contemplase “la reforma de dos cuerpos edificados sobre las naves dos y cuatro, modificando sus cubiertas, cerramientos y distribución interior”, con la instalación de “varias escaleras mecánicas y un nuevo forjado”, entre otros aspectos.
Además, criticaban la previsión inicial de incorporar “micropilonos de hormigón a los pilares originales”, lo que a su juicio suponía “introducir elementos nuevos disruptivos con el entorno y contrarios a la conservación íntegra” del monumento, sobre todo porque los micropilonos de hormigón “no salvaguardan el patrimonio arqueológico”.
Adepa, de hecho, impugnó ante los tribunales la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento, consiguiendo que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número nueve suspendiese cautelarmente dicha licencia, a la espera de la resolución completa del litigio judicial. Dicha suspensión, de hecho, continúa aún vigente.
No obstante, la prolongada y ardua negociación entablada entre Adepa y a Consejería de Cultura para alcanzar un acuerdo extrajudicial acabó dando su fruto, con un principio de acuerdo para lograr una salida negociada. Fruto de dicho principio de acuerdo, Adepa remitió a la Consejería de Cultura un borrador inicial para el convenio a firmar entre ambas partes, para modificar el proyecto técnico de rehabilitación y adaptación del monumento.
El borrador
El mencionado borrador, objeto después de diferentes retoques al proseguir la negociación entre ambas partes, contemplaría entre otros aspectos la renuncia a las medidas inicialmente previstas para reforzar la cimentación, especialmente a los micropilonos de hormigón, los encepados de hormigón o los taladros en los pilares.
Además, el borrador inicial del futuro convenio recogería excavaciones arqueológicas en las naves seis y siete del monumento hasta el nivel original del mismo, así como la excavación y recuperación de los vestigios de la antigua muralla almohade, la supresión de la escalera metálica prevista al final de la nave cuatro, la renuncia a habilitar accesos al monumento desde la calle Dos de Mayo, la conservación de la sala de armas y de mandos del edificio del siglo XVIII o la renuncia a usos hosteleros en el cuerpo superior.