El asunto se centró en denuncias en los medios de comunicación pero ya está en manos judiciales. La Junta de Andalucía ha puesto en manos de la Fiscalía de Almería la perforación de las milenarias piedras del Patio de Armas de la Alcazaba, el principal monumento histórico artístico de Almería, construido por Abderraman III en el eño 955.
La responsable de la fortaleza es la administración autonómica, a quien todos los sectores de la cultura culpan de los daños ocasionados con una veintena de taladros al levantar un escenario para el desarrollo de las recientes Jornadas de Teatro del Siglo de Oro, cita a la que acudieron los miembros de la Junta y a quienes se acusa de no haberlo denunciado in situ, el pasado 18 de junio.
El tema también llegó al Parlamento Andaluz, donde la parlamentaria almeriense del Partido Popular, Carmen Crespo, se ha preguntado “qué hubiera pasado si esto sucede en cualquier otro monumento de Andalucía”. En la capital almeriense, la concejal de Cultura, Ana Martínez Labella, exige la dimisión del delegado provincial del área, Alfredo Valdivia, quien respondió que tiene todo el respaldo del Gobierno andaluz y no va a dimitir, si bien se ha trasladado el asunto a la Fiscalía para que lo investigue.
La junta directiva de la Asociación de Amigos de la Alcazaba ha publicado en medios de comunicación locales una carta con doce preguntas para el delegado provincial, tales como “¿dispone la Alcazaba de un Pliego de Condiciones Técnicas, como tiene la Alhambra, para realizar este tipo de instalaciones?” o “¿tiene establecido la Alcazaba el protocolo y requerimientos técnicos que deben cumplir este tipo de instalaciones? o ”¿mantiene que no supo de esta agresión hasta el lunes y por tanto que la directora del monumento no le informó el mismo sábado?“.
Las preguntas de la asociación no se detienen ahí sino que ahondan en que tanto el delegado como la directora vieron in situ durante el acto público los anclajes, taladros y agujeros realizados en la piedra. La reparación de los daños causados ha ascendido a 150 euros cuando es a partir de 400 euros de reparación cuando se considera oficialmente daño al patrimonio cultural.
La Junta defiende su gestión
Por su parte, la delegada de la Junta, Gracia Fernández, ha asegurado que se ha abierto una investigación de los hechos yque se trató de un problema puntual, pidiendo cordura y diálogo y que no se utilice La Alcazaba como confrontación política entre partidos, administraciones y medios de comunicación. Un llamamiento similar hizo en el Parlamento la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, que ha defendido la gestión que hizo de esta crisis la Junta.
Gracia Fernández ha asegurado que “en ningún momento se ha mentido, se actuó rápidamente y todo se ha hecho para reparar el daño”, culpando al Ayuntamiento del PP y a ciertos colectivos culturales de consumar una campaña de desprestigio. Sobre el destrozó señaló que “no hay excusa ante estos hechos que lamentamos profundamente pero los taladros, fruto de la mala praxis de una empresa, no puede ensombrecer la actividad que genera La Alcazaba”.
La concejal del Ayuntamiento, la popular Ana Martínez Labella, ha denunciado que “era el Centro Andaluz de Teatro quien se comprometía a poner toda la infraestructura, incluida toda la logística. Si todo hubiera sido tal y como se anunció a los medios de comunicación, esa instalación no la hubiera hecho una empresa privada sino gente del Centro Andaluz de Teatro, no hubiera habido que pagar esa instalación, ni los agujeros y así un largo etcétera. La realidad ha sido muy distinta porque la aportación de la Junta no se ha acercado ni mucho menos a esos 100.000 euros que dicen y al final la dirección de las jornadas ha tenido que buscarse la vida para suplir lo que la Junta de Andalucía no ha hecho”.