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El Gobierno andaluz resucita la idea de cobrar por entrar en los museos públicos

Juan Manuel Moreno, en la inauguración de una exposición en el Museo de Bellas Artes de Sevilla.

elDiarioand

5 de abril de 2024 10:33 h

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Vuelta a la carga con la posibilidad de cobrar una entrada para acceder a los museos públicos andaluces. La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha retomado esta opción y plantea fijar tramos de precios. Con esta revisión, el Gobierno andaluz rescata la iniciativa planteada en la primera Legislatura por la entonces consejera de Cultura Patricia del Pozo, aparcada por el estallido de la pandemia. En la propuesta de la Junta “habrá horarios y tramos gratis para empadronados en la provincia donde se ubique el espacio” cultural, ya sea un museo o un enclave arqueológico, según apuntan fuentes de la Administración a Europa Press.

En su momento, a principios de 2020, Patricia del Pozo esperaba implantar durante el primer trimestre el cobro “de una media de tres euros” en museo y enclaves. En ese momento, señaló que la medida era “de gran necesidad” por la envergadura del patrimonio andaluz, aunque esta opción quedó frenada por la irrupción del covid. También se anunciaron bonificaciones para determinados grupos, como los menores de 18 años y los mayores de 65, así como la implantación de días de la semana y horarios especiales en los que la entrada sería gratuita.

La propuesta del departamento de Arturo Bernal es fijar tramos de precios, una suerte de gradación en función de la calidad y cantidad de los servicios ofertados en los museos o conjuntos arqueológicos y en la que se tengan en cuenta criterios como la ubicación –si es zona urbana o rural, caso de conjuntos arqueológicos de difícil acceso–, según la documentación publicada por la Consejería.

“Cultura de calidad para el siglo XXI”

Fuentes de la Consejería de Turismo han asegurado a Europa Press que la propuesta ha sido informada a Hacienda, que ha aclarado que su papel “únicamente” pasa por “informar si la propuesta se ajusta o no a la normativa. La iniciativa para modificar los precios, así como su cuantía, elaborando las memorias económicas oportunas, corresponde en este caso a la Consejería de Turismo y Cultura”.

Con los recursos “adicionales” que “se pretenden recaudar tras la modificación del presente precio público”, será posible contar, en palabras de la Administración autonómica, con instituciones culturales “más modernas y de mayor calidad, tanto respecto de sus fondos como de sus propias infraestructuras y de las actividades que puedan ofertar a la ciudadanía con el objetivo último de convertirlas en referentes de una cultura de calidad para el siglo XXI”.

La Junta de Andalucía sometía en octubre de 2022 a consulta pública previa a su elaboración el proyecto de orden por la que se actualizan los precios públicos establecidos para los museos, conjuntos y enclaves culturales que gestiona la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.

En la resolución del departamento que dirige Arturo Bernal, se indicaba que los precios públicos vigentes para la entrada a museos y conjuntos arqueológicos y monumentales “se autorizaron mediante el acuerdo de 10 de enero de 1989, del Consejo de Gobierno”. En cumplimiento del mismo, mediante orden de 5 de junio de 1989, se fijaron los precios que han de regir en esto lugares para visita al público y reproducciones gráficas, precios que se redenominaron en euros por la orden de 17 de diciembre de 2001 de la Consejería de Cultura.

De este modo, exponía que con este proyecto de orden se pretende la actualización, dado el tiempo transcurrido desde el acuerdo y la orden citados en el apartado anterior, de los precios públicos establecidos en los mismos para los museos, conjuntos y enclaves culturales, así como la aprobación de los precios que han de regir en los mismos.

Al hilo de lo anterior, la Consejería de Cultura alude también, entre otros, a la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía, cuyo artículo 22 establece la posibilidad de percibir derechos económicos por visita pública, con sometimiento pleno al principio de igualdad entre las personas nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.

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