“No se puede construir en cualquier sitio y tampoco se puede levantar una edificación si no se cuenta con la pertinente licencia”. Estas palabras de la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, acompañaban hace justo un año la aprobación en el Parlamento de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), conocida como ley del Suelo, uno de los proyectos estrella del Gobierno de Juan Manuel Moreno en la pasada legislatura.
En ese momento -noviembre de 2021-, se habían precintado 45 edificaciones en construcción en suelo rústico o protegido. Desde entonces, y durante el primer año en vigor de la ley, la paralización de obras ilegales en Andalucía se ha disparado un 662,2%.
En estos 12 meses, la Junta ha iniciado expedientes que afectan a 343 edificaciones irregulares y ha precintado 644 parcelas ilegales en suelo no urbanizable para evitar que se consoliden o que se construyan nuevos inmuebles, según los datos recopilados por la Consejería de Fomento. Contra esas “infracciones territoriales”, la Junta ha abierto 140 expedientes sancionadores, la mayoría contra los dueños de las parcelas paralizadas, que se enfrentan a multas de hasta 120.000 euros o el 150% “del valor de las obras ejecutadas, de los terrenos afectados o de los daños causados, si fuera mayor”.
La cuantía correspondiente a los expedientes de disciplina de contenido económico correspondientes a 2022, relativos a la imposición de sanciones y multas coercitivas, asciende a 3.180.024,35 euros, aunque la consejería prevé incorporar nuevos expedientes durante las próximas semanas que “elevarán el importe total del presente año”.
La consejería sostiene que el montante total de la sanciones es “mayor que el que había antes”, aunque hay casos concretos que desbordan estos datos. Por ejemplo, la multa de 19 millones de euros que impuso el Ayuntamiento de Córdoba en 2005 al empresario condenado en el caso Malaya, Rafael Gómez, por la construcción sin licencia de 40.000 metros cuadrados de naves en la antigua fábrica lechera Colecor, en la carretera de Palma del Río, en la capital cordobesa. La multa fue posteriormente ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Fomento no ha aportado a este periódico datos con el total de sanciones impuestas en 2018, 2019, 2020 y 2021, pero sostiene que el caso de las macro naves de Colecor “no es comparable”, porque se trataba de suelo no urbanizable de especial protección dentro de una ciudad -que además afectaba al entorno de Medina Azahara-, y el régimen sancionador era mucho más duro que para los casos actuales, que afectan a parcelas rústicas.
Entre las sanciones recopiladas en el primer año de aplicación de la Ley del Suelo destacan aquellas relacionadas con la “publicidad ilícita” -que contempla multas de hasta 2.999 euros- contra aquellos que ponen a la venta un terreno para edificar “disconforme con la ordenación urbanística”. Muchos de estos anuncios se “rastrean” en páginas de venta inmobiliaria en internet.
Pese a todo, esos 3,1 millones de euros que representan la suma de los expedientes sancionadores de 2022 no tienen por qué traducirse en una recaudación directa. Puede incluso ser inferior por varias razones: existe un periodo de alegaciones para los infractores; pueden decidir abonar antes, reduciendo a la mitad el montante de la sanción, o incluso derribar ellos mismos las edificaciones ilegales. Desde la consejería aseguran que estas dos últimos opciones se han multiplicado desde que la nueva Ley del Suelo incrementó el régimen sancionador.
Inacción de los ayuntamientos
La Ley andaluza del Suelo se aprobó en el Parlamento el 25 de noviembre, pero no entró en vigor hasta el 24 de diciembre de 2021. En estos 11 meses ha habido un incremento de la actuaciones llevadas a cabo por el cuerpo de inspectores urbanísticos de la Junta, que se ha traducido en 125 expedientes de restablecimiento de la legalidad en suelo rústico. El dato contrasta con los 22 expedientes tramitados en 2018, los 31 de 2019, los 48 de 2020 y los 70 de 2021.
La mayoría de esos expedientes apunta a parcelas y edificaciones ejecutadas en el seno de grandes parcelaciones urbanísticas en suelo rústico “sin ningún tipo de licencia o control administrativo”, todas ellas precintadas por la Junta. El incremento de estas actuaciones y expedientes, ¿es imputable a la nueva ley? No necesariamente.
La Consejería de Fomento funciona con el mismo número de inspectores que hace un año: 26 profesionales, aunque prevé convocar cinco nuevas plazas para 2023, y la ley contempla la creación de un cuerpo de subinspectores urbanísticos, pero a más largo plazo. La clave “no es la cantidad”, señalan desde este departamento, sino la “filosofía de trabajo” que implantó la anterior directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta, María del Carmen Compagni, jefa de Inspección Urbanística hasta su nombramiento en 2019. “Los inspectores salen más a la calle, pisan más el terreno y se sirven de nuevas herramientas tecnológicas como la ortofotografía digital”, advierten. Fomento subcontrata a una empresa de drones para supervisar y verificar las áreas parceladas de forma irregular, a menudo de gran magnitud y que abarcan más de un municipio.
Los precintos y sanciones a viviendas ilegales pueden partir directamente de una orden judicial, de la Fiscalía especializada en delitos de ordenación del territorio -que han emitido 47 informes periciales en lo que va de año-, de la denuncia de un particular, de la Policía Local o la Guardia Civil, de una asociación ecologista, de los los ayuntamientos o de la propia Junta.
Eso ya ocurría con la ley anterior, pero hay algo que sí ha cambiado la Ley del Suelo que también explica que se hayan disparado las actuaciones: a diferencia del régimen anterior, en el que la competencia de los ayuntamientos era prioritaria, y obligaba a la Junta de Andalucía a actuar sólo en caso de “inactividad municipal y tras un requerimiento previo”, la LISTA permite al Gobierno andaluz actuar “de manera directa frente a las infracciones territoriales”.
La Junta se ha dotado de competencias para actuar de oficio y con mayor “contundencia” frente a actuaciones que, “por su objeto, magnitud o impacto tengan trascendencia supralocal”, entre las que se encuentran las parcelaciones o construcciones urbanísticas en suelo rústico, protegido o preservado.
¿Significa esto que la inacción de los alcaldes a la hora de denunciar o frenar construcciones y parcelaciones ilegales en sus municipios explica por qué el número de expedientes y multas se ha quintuplicado en el último año? La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha hablado este martes de “procedimientos más ágiles” con la nueva ley, y de un “compromiso del Gobierno andaluz y de los inspectores” que ha “sensibilizado” a la ciudadanía.
Pero también ha recordado que la Junta, desde hace años, viene contabilizando unas 300.000 viviendas irregulares en Andalucía, un dato que aún se da por válido, de modo que este tipo de edificaciones no han dejado de proliferar, incluso desde que se aprobó la Ley del Suelo, que incluye un decreto de regularización de muchas de esos inmuebles [un caso paradigmático es el de las casas ilegales junto a la playa de El Palmar, en Cádiz]. “Evidentemente no se ha ejercido esa disciplina urbanística ni por parte de los anteriores gobiernos andaluces ni por parte de los gobiernos municipales, pese a contar con unas leyes muy restrictivas, sobre todo en suelo rústico. No sólo basta con aprobar una ley, hay que hacer cumplirla”, ha dicho.
Un agente urbanizador privado
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes -en un tiempo récord de 11 meses- el reglamento que desarrolla la Ley andaluza del Suelo. El documento, que entrará en vigor en 20 días, clarifica las competencias de cada administración ante posibles infracciones territoriales e introduce la figura del “agente urbanizador privado”, al que un ayuntamiento podrá subcontratar para que redacte planes urbanísticos y especiales en su municipio, incluida la reclasificación de suelo.
Esta nueva figura de “colaboración público-privada” ya existe en otras comunidades autónomas gobernadas por el PP (el Gobierno valenciano de Ximo Puig fulminó esta función cuando llegó al poder y cambió la ley urganística, en 2017). Se trata de profesionales o entidades privadas “certificadoras” -o colegios profesionales- que podrán tramitar el Plan General de Ordenación Urbanística o un Plan especial de un municipio o para agilizar las licencias urbanísticas de un ayuntamiento atascado en el papeleo.
Hasta ahora la legislación no lo permitía. La consejera ha puesto énfasis en defender esta nueva figura, recordando que los tribunales han anulado los planes urbanísticos de hasta 500 municipios andaluces “como consecuencia de la inseguridad jurídica de la legislación anterior”, entre ellos algunos tan significados como Chiclana (Cádiz) o Marbella (Málaga).
La ley viene a agilizar la aprobación de los planes generales urbanísticos de los municipios, que ahora tardan de media nueve años. Casi 500 localidades, el 77% del total, no tiene adaptado su PGOU a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Otros 113 ni siquiera lo han iniciado. Esto estaba impidiendo el “desarrollo económico” de los municipios, avisa Carazo. Pero este criterio también lo comparten muchos alcaldes del PSOE, que presionaron al partido para que apoyase la norma. Los socialistas gobiernan en 458 de los 778 municipios de Andalucía y, en realidad, el texto original de la Ley del Suelo lo redactó el último Gobierno de Susana Díaz.
Desde su entrada en vigor, hace 11 meses, hay 103 ayuntamientos que han creado mesas técnicas para trabajar en sus planes generales urbanísticos, “animados por el camino que les marca la LISTA”, asegura la consejera. El PSOE decidió abstenerse en la votación en el Parlamento porque, aunque apoyaba y había negociado con el PP el grueso de la ley, mantuvo dudas hasta el final sobre el artículo que permite construir viviendas unifamiliares en suelo rústico.
Los socialistas denunciaban que podían proliferar estas edificaciones diseminadas, obligando a los ayuntamientos a conectarles la luz, el agua y otros servicios. La norma permite también, de forma excepcional y con autorización expresa, levantar un hotel rural o un negocio en una parcela unifamiliar en suelo rústico.
La consejera de Fomento no ha ocultado que la norma tiene una clara vertiente económica, que busca propiciar el negocio inmobiliario y turístico en zonas del interior rural, sobre todo. “El urbanismo tiene que contribuir a asentar población. Para los que quieren venir y teletrabajar en Andalucía, que lo hagan de forma regular. La anterior ley era más restrictiva, pero consiguió que proliferasen las viviendas irregulares en el campo”, dijo. La ley también regula por primera vez las llamadas “casas cueva”, con permisos para rehabilitar y abrir al turismo. En Andalucía hay 10.000 registradas, sobre todo en Granada y Almería.
Por Andalucía, la coalición de seis partidos de izquierdas, ha eludido hacer un balance del primer año de la ley porque asegura que sin el reglamento en vigor apenas se ha dejado notar. El Gobierno central retiró el recurso de inconstitucionalidad contra la LISTA, después de que la Junta aceptase incluir algunas modificaciones en el marco de la comisión bilateral. Pero el recurso interpuesto por Unidas Podemos -ahora Por Andalucía- junto a Más País y Compromís sigue vivo en los tribunales.