- La reforma de la Ley Hipotecaria propuesta por el Gobierno, que consolida las inmatriculaciones de bienes hechas por la Iglesia, viene a acortar los plazos para poder deshacer las existentes como la de la Mezquita-Catedral.
Los plazos para poder deshacer la inmatriculación de la
Mezquita-Catedral que hizo la Iglesia a su nombre se acortan. Si hasta ahora se
calculaba que hasta 2016 había tiempo para actuar sobre este asunto al
cumplirse entonces una década tras la cual se consolidaría la inscripción que
la Iglesia hizo de este monumento en el Registro de la Propiedad, ahora con la reforma de la Ley Hipotecaria que el Gobierno prepara, el tiempo se echa encima. La ley estará lista en unos meses
y, como tarde, es de suponer que el
Ejecutivo la aprobará antes de concluir esta legislatura en 2015. Si entrara en
vigor tal y como se prevé, después sería “imposible” deshacer una
inmatriculación hecha en base a unos artículos que ya se habrían eliminado de
la legislación.
De ahí que desde la plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio
de Todos se haya reaccionado ante la reforma de la Ley Hipotecaria que prepara
el Gobierno y se urja a las administraciones a actuar cuanto antes para deshacer
la inmatriculación que hizo la Iglesia de este monumento y obtener después la titularidad pública del
mismo.
“La primera solución sería que la nueva ley entrara en vigor
con carácter retroactivo“, explica el profesor de Derecho Civil y miembro de la
plataforma, Antonio Manuel Rodríguez. Pero viendo “improbable” que el Gobierno
dé ese paso que desharía todas las apropiaciones de bienes hechas por la
Iglesia desde 1998, desde este colectivo ciudadano ven necesario “que desde ya,
haya una movilización para recurrir ante el Tribunal Constitucional los
artículos preconstitucionales“ en los que se amparó la inmatriculación de la
Mezquita-Catedral y la de miles de bienes en toda España. Si no, “habría que
recurrir una a una“ en una ”misión imposible“ las miles de inmatriculaciones hechas por la Iglesia.
Recurrir ante el Tribunal Constitucional
Recurrir ante el Tribunal Constitucional
Por eso, la plataforma urge “a la Junta de
Andalucía y al Parlamento Andaluz a atacar el asunto de la inmatriculación de
la Mezquita-Catedral antes de que se apruebe la reforma de la Ley Hipotecaria“
que prepara el Gobierno. “Que se recurra ante el Tribunal Constitucional”, sintetiza Rodríguez.
“Le corresponde a las Administraciones públicas, y en este
caso a la Junta de Andalucía, velar por el cumplimiento de la Constitución. Las
inscripciones se realizaron amparándose en dos normas preconstitucionales -artículo 206 de la ley
Hipotecaria y el 304 del reglamento Hipotecario- que chocan con los principios de igualdad ante la ley y aconfesionalidad que
reconoce la Carta Magna“, señala.
Ese paso, para el que ahora se echa el tiempo encima, ya
estaba contemplado en la hoja de ruta que la plataforma Mezquita-Catedral
Patrimonio de Todos estableció cuando abrió el debate sobre la titularidad del
monumento y comenzó a promover que se deshiciera la inmatriculación de la
Iglesia y se estableciera su titularidad pública.
Porque ese paso “esencial” para este colectivo, ha de darse
con todas las garantías legales para llegar a buen puerto: “Lo más conveniente
es que una administración pública (por su entidad legal) sea la que se dirija a
un juez solicitando la nulidad de la inmatriculación de la
Mezquita-Catedral por el uso de artículos inconstitucionales para haberla
llevado a cabo“, explican.
Su portavoz, Miguel Santiago, es muy claro: “De
quien espero una respuesta seria y responsable no es del Obispo de Córdoba, sino
de la Junta de Andalucía“, porque, a su juicio, la Junta ”tiene que tomar una
postura clara y contundente, propia de un estado de derecho, no permitiendo que
la Iglesia actúe como si estuviéramos en la época franquista“.
Susana Díaz: “Hay instrumentos jurídicos que están ahí, que pueden ser utilizados”
Susana Díaz: “Hay instrumentos jurídicos que están ahí, que pueden ser utilizados”
Y la respuesta de la Junta de Andalucía, de momento, está a
la espera de un informe encargado a sus servicios jurídicos con el objetivo de conocer
si es competente para dar pasos en este sentido y reclamar la titularidad
pública de la Mezquita-Catedral. “Hay instrumentos jurídicos que están ahí, que
pueden ser utilizados“, apuntó la propia presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, para anunciar que la Junta
los estudiará con el fin de que se produzca “un acuerdo” y que “se revierta la situación anterior al año 2006”, es decir, a la de antes de que la Iglesia inmatriculara a su nombre el monumento.
La apuesta expresada hasta ahora
por la presidenta de la Junta de Andalucía es que “la titularidad pública de la Mezquita sea compatible
con la gestión por parte de la Iglesia“ de este monumento Patrimonio de la
Humanidad, de manera que “se pueda compatibilizar con naturalidad la
titularidad pública de todos los ciudadanos con la gestión que, en estos
momentos, está ejerciendo y puede seguir ejerciendo la Iglesia“.
La cuestión, así las cosas,
es que el tiempo se echa encima y habría que empezar a dar los primeros
pasos de esa actuación. Porque, además, el próximo mes de junio, la Unesco, que
declaró en 1984 Patrimonio de la Humanidad a la Mezquita y debe velar
porque se conserven sus características para merecer tal título, celebrará su reunión
de la Comisión de Patrimonio en la que se prevé que tomen conocimiento de los
informes de la plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos sobre todo este asunto y la
gestión hecha por la Iglesia en los últimos tiempos borrando toda huella
islámica del monumento.