La reforma de la Ley Hipotecaria acorta el plazo para reclamar la titularidad pública de la Mezquita

Los plazos para poder deshacer la inmatriculación de la

Mezquita-Catedral que hizo la Iglesia a su nombre se acortan. Si hasta ahora se

calculaba que hasta 2016 había tiempo para actuar sobre este asunto al

cumplirse entonces una década tras la cual se consolidaría la inscripción que

la Iglesia hizo de este monumento en el Registro de la Propiedad, ahora con la reforma de la Ley Hipotecaria que el Gobierno prepara, el tiempo se echa encima. La ley estará lista en unos meses

y, como tarde, es de suponer que el

Ejecutivo la aprobará antes de concluir esta legislatura en 2015. Si entrara en

vigor tal y como se prevé, después sería “imposible” deshacer una

inmatriculación hecha en base a unos artículos que ya se habrían eliminado de

la legislación.

De ahí que desde la plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio

de Todos se haya reaccionado ante la reforma de la Ley Hipotecaria que prepara

el Gobierno y se urja a las administraciones a actuar cuanto antes para deshacer

la inmatriculación que hizo la Iglesia de este monumento y obtener después la titularidad pública del

mismo.

“La primera solución sería que la nueva ley entrara en vigor

con carácter retroactivo“, explica el profesor de Derecho Civil y miembro de la

plataforma, Antonio Manuel Rodríguez. Pero viendo “improbable” que el Gobierno

dé ese paso que desharía todas las apropiaciones de bienes hechas por la

Iglesia desde 1998, desde este colectivo ciudadano ven necesario “que desde ya,

haya una movilización para recurrir ante el Tribunal Constitucional los

artículos preconstitucionales“ en los que se amparó la inmatriculación de la

Mezquita-Catedral y la de miles de bienes en toda España. Si no, “habría que

recurrir una a una“ en una ”misión imposible“ las miles de inmatriculaciones hechas por la Iglesia.

Recurrir ante el Tribunal Constitucional

Recurrir ante el Tribunal Constitucional

Por eso, la plataforma urge “a la Junta de

Andalucía y al Parlamento Andaluz a atacar el asunto de la inmatriculación de

la Mezquita-Catedral antes de que se apruebe la reforma de la Ley Hipotecaria“

que prepara el Gobierno. “Que se recurra ante el Tribunal Constitucional”, sintetiza Rodríguez.

“Le corresponde a las Administraciones públicas, y en este

caso a la Junta de Andalucía, velar por el cumplimiento de la Constitución. Las

inscripciones se realizaron amparándose en dos normas preconstitucionales -artículo 206 de la ley

Hipotecaria y el 304 del reglamento Hipotecario- que chocan con los principios de igualdad ante la ley y aconfesionalidad que

reconoce la Carta Magna“, señala.

Ese paso, para el que ahora se echa el tiempo encima, ya

estaba contemplado en la hoja de ruta que la plataforma Mezquita-Catedral

Patrimonio de Todos estableció cuando abrió el debate sobre la titularidad del

monumento y comenzó a promover que se deshiciera la inmatriculación de la

Iglesia y se estableciera su titularidad pública.

Porque ese paso “esencial” para este colectivo, ha de darse

con todas las garantías legales para llegar a buen puerto: “Lo más conveniente

es que una administración pública (por su entidad legal) sea la que se dirija a

un juez solicitando la nulidad de la inmatriculación de la

Mezquita-Catedral por el uso de artículos inconstitucionales para haberla

llevado a cabo“, explican.

Su portavoz, Miguel Santiago, es muy claro: “De

quien espero una respuesta seria y responsable no es del Obispo de Córdoba, sino

de la Junta de Andalucía“, porque, a su juicio, la Junta ”tiene que tomar una

postura clara y contundente, propia de un estado de derecho, no permitiendo que

la Iglesia actúe como si estuviéramos en la época franquista“.

Susana Díaz: “Hay instrumentos jurídicos que están ahí, que pueden ser utilizados”

Susana Díaz: “Hay instrumentos jurídicos que están ahí, que pueden ser utilizados”

Y la respuesta de la Junta de Andalucía, de momento, está a

la espera de un informe encargado a sus servicios jurídicos con el objetivo de conocer

si es competente para dar pasos en este sentido y reclamar la titularidad

pública de la Mezquita-Catedral. “Hay instrumentos jurídicos que están ahí, que

pueden ser utilizados“, apuntó la propia presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, para anunciar que la Junta

los estudiará con el fin de que se produzca “un acuerdo” y que “se revierta la situación anterior al año 2006”, es decir, a la de antes de que la Iglesia inmatriculara a su nombre el monumento.

La apuesta expresada hasta ahora

por la presidenta de la Junta de Andalucía es que “la titularidad pública de la Mezquita sea compatible

con la gestión por parte de la Iglesia“ de este monumento Patrimonio de la

Humanidad, de manera que “se pueda compatibilizar con naturalidad la

titularidad pública de todos los ciudadanos con la gestión que, en estos

momentos, está ejerciendo y puede seguir ejerciendo la Iglesia“.

La cuestión, así las cosas,

es que el tiempo se echa encima y habría que empezar a dar los primeros

pasos de esa actuación. Porque, además, el próximo mes de junio, la Unesco, que

declaró en 1984 Patrimonio de la Humanidad a la Mezquita y debe velar

porque se conserven sus características para merecer tal título, celebrará su reunión

de la Comisión de Patrimonio en la que se prevé que tomen conocimiento de los

informes de la plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos sobre todo este asunto y la

gestión hecha por la Iglesia en los últimos tiempos borrando toda huella

islámica del monumento.