El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado el proyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía. Luz verde, por tanto, para el trámite parlamentario definitivo de un texto que ampara las recomendaciones de Naciones Unidas. Y contiene, además, aspectos que superan a la ley estatal como la inclusión de su estudio en el currículo educativo o la ampliación del horizonte temporal –hasta 1982– y de la consideración de víctima del franquismo.
Tras este paso, y una vez cumplidos los plazos legales necesarios, el Parlamento de Andalucía recibirá y comenzará a trabajar el marco jurídico antes de fin de año, según las fuentes consultadas por este medio. En el debate, la ley quedará abierta a enmiendas de los grupos políticos que conforman el plenario (PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos e IU) así como a las peticiones y aportaciones de asociaciones y víctimas.
Se trata del mismo proyecto normativo que se remitió al Hospital de las Cinco Llagas el pasado año tras su ratificación como anteproyecto en marzo de 2014 por iniciativa de IU, como ha reconocido Rosa Aguilar, aquel momento, la iniciativa no pudo ser aprobada al quedar agotada la legislatura con la ruptura del pacto de Gobierno entre PSOE e IULV-CA.
De ahí, y aún consciente de las “modificaciones” que sufrirá la ley, como apunta la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, enfila el tramo final “para no demorar el debate parlamentario”. El propio Gobierno andaluz presentará tres enmiendas para adaptar la Ley de Memoria Democrática a la Ley de Patrimonio Histórico.
“Diálogo, consenso y unanimidad”
La Junta de Andalucía “cumple el compromiso que adquirió ante el Parlamento y con las familias de las víctimas y las asociaciones”, ha defendido la consejera en rueda de prensa. Será “una ley de todos” y “a todas luces necesaria e imprescindible” que busca “diálogo” y “consenso” con el resto de fuerzas políticas con representación parlamentaria como “el mejor camino para concitar la unanimidad”, apunta Aguilar.
El proyecto legislativo establece el régimen jurídico de las iniciativas para el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista en la comunidad autónoma. Bajo los principios de “verdad, justicia y reparación”, sigue las recomendaciones de Naciones Unidas sobre la materia y permitirá, señala, “hacer más sólida nuestra democracia”.
Memoria Democrática en las escuelas
Uno de los aspectos más novedosos que presenta la ley memorialista andaluza concierne al puramente educativo. “No se va a crear una asignatura”, subraya la consejera de Cultura, sino que la novedosa previsión es incluir contenidos relacionados con la Memoria Democrática en el “currículo educativo” de forma obligatoria. Es decir, en los planes de enseñanza de Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación Permanente de personas adultas.
Para ello, se revisarán los textos escolares para que ofrezcan información “rigurosa” sobre los acontecimientos ocurridos antes y después del Golpe de Estado militar de julio de 1936. Quedará impulsada, igualmente, la colaboración con universidades andaluzas para que incorporen dicha materia a sus proyectos curriculares.
Para la consejera, el marco legal andaluz se adapta y supera la legislación estatal en vigor, la conocida como Ley de Memoria Histórica. Con la ampliación, por ejemplo, del marco temporal al abarcar la Segunda República, la Guerra Civil y la Dictadura franquista e incluir la Transición a la democracia hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía. El periodo total llega así desde el 14 de abril de 1931 hasta el 11 de enero de 1982.
García Caparrós, víctima del franquismo
Esto permite, por ejemplo, la consideración de víctima del franquismo para Manuel José García Caparrós, muerto por un disparo de la Policía Armada durante la manifestación del 4 de diciembre de 1977 que reivindicaba la autonomía para Andalucía. La propia condición de represaliado se amplía a colectivos como familiares, niños robados a quienes padecieron los campos de exterminio nazis o colectivos especialmente perseguidos como homosexuales o mujeres vejadas.
Un punto esencial del movimiento de Memoria Histórica es la recuperación de los desaparecidos forzados, ejecutados por golpistas que reposan aún enterrados en cunetas. En Andalucía, según algunos estudios realizados, se calcula que los restos de unas 60.000 personas están sepultadas ilegalmente en más de 600 fosas. Hasta el momento, se han realizado intervenciones en alrededor de 70.
Las exhumaciones realizadas durante 2015, según Rosa Aguilar, van a propiciar que la cifra de víctimas rescatadas esté cercana a superar cualquier año precedente. Así mismo, la consejera reitera el compromiso de la Junta por continuar interviniendo en fosas del franquismo. Un plan cuatrienal facilitará la recuperación e identificación de los restos y facultará a la administración autonómica a realizar pruebas genéticas y crear un banco de datos de ADN.
Otra de las apuestas de la ley es la prohibición expresa de exhibición de simbología fascista, lo que obligará a las instituciones a eliminar cualquier vestigio de este tipo. El marco legal fija un plazo de 18 meses para retirar escudos, placas y nombres de calles, plazas y avenidas que exaltan el Golpe militar o a personajes afines al franquismo.
El proyecto legislativo atribuye además a la Junta el deber de denunciar ante los órganos judiciales la existencia de indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad en localizaciones o identificaciones de víctimas. El texto establece infracciones y multas que oscilan, en el caso de las más graves, entre 10.001 y 150.000 euros por remover o construir en terrenos donde haya fosas o restos humanos. Refuerza también el régimen de protección de los denominados Lugares de Memoria Democrática y prevé la creación de un Inventario de Lugares y Senderos de la Memoria o del Consejo Andaluz y el Instituto de la Memoria Democrática, entre otras iniciativas.