Ni con dinero propio ni por suscripción popular como regalo por salvar la ciudad del “dominio rojo”. El general golpista Gonzalo Queipo de Llano logró la propiedad del cortijo Gambogaz (Camas, Sevilla) con una suerte de compra 'en diferido': creó una fundación como puente y usó dinero público, del Banco de España, sin que exista una respuesta clara sobre la procedencia de ese capital. Son algunas de las nuevas revelaciones que ofrece la investigación de la Plataforma Gambogaz y a las que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía.
El militar sublevado, que sigue enterrado con honores en la Basílica de la Macarena, pagó 1,3 millones de las antiguas pesetas por una finca de 480 hectáreas. Esa tierra, al pie del río Guadalquivir, era un codiciado rincón con alta productividad agrícola. Un trofeo similar al que el dictador Francisco Franco captó con el pazo de Meirás (Sada, Galicia). Y Queipo enmadejó el expolio. Incluso vendiendo la leyenda de que el dinero llegó por una suscripción popular espontánea. Como en Meirás.
Pero el grupo de trabajo de la Plataforma Gambogaz sigue tirando del hilo para intentar “la remisión al patrimonio público” de esas tierras. “La sentencia del pazo de Meirás abre nuevas vías para revertir al dominio público una propiedad que se adquirió con presiones, con prevalencia y con dinero público. Y se explotó utilizando mano de obra esclava”, como contó este periódico.
Piden, para este fin, la “constitución de una comisión de expertos” que elabore “un informe histórico jurídico” y la implicación de las instituciones: los ayuntamientos de Camas y Sevilla, la Diputación sevillana, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España. Como en Meirás. Del otro lado, la Fundación heredera de aquella operación está sin actividad para atender a la “infancia desvalida” mientras pide más alquiler por tierras regaladas al “salvar” Sevilla del “dominio rojo”.
Queipo se quedó con Gambogaz tras el golpe de Estado fascista contra la democracia y sigue, parcelada, en manos de sus herederos. Como decenas de hectáreas de arrozal en Isla Mayor. En Sevilla no hubo guerra, aunque los golpistas dejaron miles de víctimas. Andalucía es la región más castigada por la violencia rebelde con al menos 45.566 asesinados en 708 fosas comunes, según el Mapa de Fosas.
“El importe que Queipo pagó por Gambogaz fue de 1.300.000 pesetas”, sostiene el grupo de trabajo de la Plataforma Gambogaz. Un precio que consideran “sensiblemente barato teniendo en cuenta que el valor de la hectárea en la época oscilaba en torno a las 2.900 pesetas” y que la finca, ubicada “a las puertas de Sevilla”, contaba además “con amplias construcciones habitacionales y de uso agrícola y regado por el Guadalquivir”. En conjunto suma “unos valores obvios superiores a los precios medios de las tierras de la comarca”, aseguran.
“El general compró la finca el 24 de diciembre de 1.937 ante el notario Fulgencio Echaíde Aguinaga”, según la documentación consultada. El golpista adquirió “el 85,93 por ciento de Gambogaz, que tenía una extensión de 480 hectáreas y 90 áreas”. El resto del cortijo (14,07 por ciento) “permaneció bajo la propiedad, en régimen de proindiviso, de los nueve hijos del matrimonio formado por José Vázquez Rodríguez –heredero del propietario original, Ignacio Vázquez Gutiérrez– y María de la Lastra Rodríguez de Tejada”.
¿Y cómo ahorró tanto dinero el militar golpista? “Queipo de Llano no era en esos momentos un hombre con gran patrimonio ni tenía posibilidades de ahorrar con su sueldo de general”, que los investigadores sitúan “en torno a las 2.250 pesetas mensuales”. Con un salario así, necesitaría más de 48 años guardando el sueldo íntegro para alcanzar esa “abultada cantidad”.
¿De dónde sale entonces? “El dinero con el que Queipo compró Gambogaz procedía del Banco de España y la justificación para este gasto público se especifica en los objetivos sociales que debería de atender con dicho dinero la Fundación”, según apunta la investigación del grupo de trabajo.
¿Y el dinero que Sevilla le regala por “salvar” la ciudad del “dominio rojo”? “Es una leyenda sin fundamento documental que el dinero procediese de una suscripción popular espontánea para premiar su participación en el golpe de estado y en la guerra”. Y dicen más: “Queipo divulgó esa patraña, sobre todo para justificar la disponibilidad del dinero y también para cultivar una imagen pública que le hiciera aparecer como un general apreciado por el pueblo”.
Un (intento de) lavado de cara al baño de sangre que los golpistas dejaron en suelo andaluz. La historia discurre “en un momento en el que sus tropas dominaban la mayor parte del sur de España” desplegando “una violencia insólita”. Además, “él y su estado mayor controlaban la Administración y los instrumentos financieros públicos de Andalucía” y “disponía de plenos poderes para ejercer su prevalencia en cualquier operación comercial que se planteara, máxime para comprar un cortijo como el de Gambogaz”, subrayan.
Creó entonces, para confeccionar la compra 'en diferido', la figura de una fundación que enmadejara la faena. “La elaborada operación que realizó ante el notario Echaíde Aguinaga fue así: compró a su propio nombre, como persona física, el 85,93 por ciento de las tierras de Gambogaz, incluido el cortijo, y en el mismo protocolo constituyó la Fundación Benéfica Social Agraria Gonzalo Queipo de Llano y le donó la finca a esta”, explican los investigadores.
La escritura de constitución de la supuesta entidad caritativa declara que su “fin fundacional” recae en “el auxilio de la agricultura y protección de los obreros del campo o modestos agricultores para mejorar sus medios de vida y elementos de su producción y para crear en su beneficio patrimonios familiares, cooperativas de adquisición de primeras materias y enajenación de las producidas, construcción de casas para los agricultores y dirección agronómica de las mismas”.
Eso sí, para los adeptos al golpe de Estado: “y preferentemente la adquisición y parcelación de terrenos aptos para ser entregados a labradores de intachable conducta e indiscutible adhesión a la causa, que hayan tomado parte en la Cruzada de liberación o como consecuencia de ella hayan sufrido daños en sus personas, en las de sus familiares o en sus bienes”, según el apartado C de la Estipulación 5ª de la escritura con fecha 24 de diciembre de 1937.
Aquel movimiento primigenio no fue el único. “Durante los cinco años siguientes, en plena guerra civil, Queipo realizó varias operaciones con Gambogaz antes de registrarla a su nombre”, apunta la información examinada por este medio. Primero “maniobró para pasar a nombre de la Fundación Agraria las tierras que todavía pertenecían a la familia Vázquez de la Lastra y que compartían el cortijo y sus tierras en régimen de proindiviso”.
Araceli Vázquez de la Lastra cedió sus derechos a la Fundación en enero del 38. Era suegra “de uno de los más reconocidos colaboradores de Queipo”: José García Carranza, el torero franquista conocido como El Algabeño. Por esas fechas también caen en la saca los derechos hereditarios de las hermanas Amparo y Candelaria Vázquez de la Lastra.
Un heredero se resiste: José Vázquez de la Lastra. “No había querido ceder sus derechos a la Fundación Agraria y los había dividido entre su viuda y sus dos hijos”, dicen. Pero “cambió de opinión” y se los “vendió” a la Fundación. Corría octubre del 38. La operación quedó aparcada hasta el final de la guerra.
A mediados del año 1940 comparecen, de nuevo ante el notario Fulgencio Echaíde, varios miembros de la familia Vázquez de la Lastra y el auditor de guerra Francisco Bohórquez –firmó centenares de sentencias de muerte y sigue enterrado a los pies de la virgen Macarena, en Sevilla– en representación de Queipo. El ex general “estaba en Roma como jefe de la misión militar especial de España en Italia”.
Ahí la Fundación “ya se había hecho con 1.475 partes indivisas de las 1600 partes indivisas de las que constaba el cortijo y sus tierras. Ante el notario, cuatro miembros de la familia Vázquez permutaron sus derechos hereditarios por dos fincas de 17 hectáreas cada una”, como desvela la investigación del grupo de trabajo de la Plataforma Gambogaz. “El resto del cortijo quedó a nombre exclusivamente de la Fundación Agraria, ya sin los problemas legales que podría plantear el régimen de proindiviso para futuras operaciones”, precisan.
La “operación definitiva” para inscribir Gambogaz a nombre de Queipo de Llano suma tres fases.
Octubre de 1943: la Fundación Agraria transmite la propiedad de la finca a su fundador, Queipo de Llano. El golpista ya es el único dueño del cortijo, pero la supuesta entidad benéfica “se quedó sin medios materiales para realizar sus objetivos escriturados y con evidentes problemas legales para justificar la inversión social que se había realizado con la primera compraventa”.
Enero de 1945: Queipo consigue más dinero con las rentas que genera Gambogaz durante 7 años, donde incrementa beneficios “utilizando mano de obra esclava”, y con el comercio “con ventajismo” de la producción “en un mercado agrario de guerra”. Compra 150 hectáreas de terreno cultivable en la zona de Isla Mayor (Sevilla) “por valor de 1.650.000 pesetas y deja otras 350.000 disponibles”. Así logra “dotar de nuevo a la Fundación Agraria de medios materiales que justificasen su existencia y que no le creasen problemas legales al general, ya de vuelta de Roma y con conocidas disidencias con Franco”.
Junio de 1945: Queipo, en documento escriturado ante la Junta provincial de Beneficencia y firmado por el ministro de Gobernación, Blas Pérez González, reconoce que la Fundación fracasa en su objetivo social y solicita modificar su clasificación. Pasa de “Benéfico Social Agraria” a de “Beneficencia Particular” y a desarrollar sus funciones, ya no en Gambogaz, sino en los arrozales sevillanos.
Las casi 150 hectáreas de arroz siguen en la actualidad a nombre de la Fundación ProInfancia Queipo, cuyas cuentas contó aquí este periódico, y que denunció a los colonos para aumentar las rentas, como contó en exclusiva elDiario.es Andalucía. Gambogaz, por su parte, fue vendido en parte y repartido entre herederos del militar golpista, hasta hoy.
Aquellas tierras de Isla Mayor eran una zona “en la que se instalaban varios campos de concentración”, según los investigadores. El más cercano era el depósito de presos denominado la Gañanía. Unas instalaciones “que proporcionaban mano de obra gratis a los vencedores de la guerra”, explican.
“Queipo murió en Gambogaz 5 años después, consiguiendo con éxito que el cortijo y todas sus tierras pasasen a sus herederos, en cuyas manos siguen hasta ahora”, subraya la Plataforma, que ve un hilo de esperanza en la recuperación del patrimonio expoliado por Franco. Para llegar a esa sentencia sobre Meirás, recalcan, “han sido determinantes las actuaciones de las instituciones gallegas que consiguieron un importante consenso para exigir la devolución del pazo al patrimonio público”.
Una implicación que el movimiento memorialista reclama también en el sur. Con un objetivo: “reunir la documentación necesaria para que el caso de Gambogaz pase a la Abogacía del Estado y se inicie el proceso para que también el cortijo pase al Patrimonio Público”. Y una triple carencia: “la escasez de medios, la inhibición de las instituciones andaluzas y las enormes dificultades que existen en los archivos de protocolos notariales”.
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