La aprobación por el Parlamento Europeo de la iniciativa ciudadana para la defensa del derecho al agua vuelve a situar en el foco otros intentos nacionales, regionales o locales similares. Varias plataformas y mareas y la Asociación de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento (AEOPAS) llevan meses presentando a los partidos políticos un modelo de moción en la que se pide que los ayuntamientos se adhieran al Pacto Social por el Agua en defensa de la gestión pública. PSOE, IU y Podemos parecen ver con simpatía la idea, que debe superar, sin embargo, las barreras de la política local. El intento en Cádiz acabó en una bronca política, mientras que el Pleno del ayuntamiento de Sevilla aprobó la incorporación al pacto la semana pasada.
El Pacto por el Agua, suscrito por unas 300 organizaciones, pretende la gestión pública del agua y el establecimiento de una cantidad mínima (entre 60 y 100 litros por persona y día) garantizada incluso en caso de impago. No existen datos oficiales, pero AEOPAS calcula que se producen unos 500.000 avisos de corte por impago cada año, el 30% más que hace cuatro años. Las cifras habrían empeorado en paralelo a la privatización del servicio, acentuada por los problemas de financiación de las entidades locales, que han obtenido generosos ingresos a cambio de la concesión de la gestión del ciclo urbano del agua y el saneamiento. El agua está considerada un derecho humano por la Asamblea General de Naciones Unidas desde 2010.
Según AEOPAS, en torno al 57% de la población española se abastece ya a través de sociedades privadas o mixtas. Sin embargo, la tendencia global va a en sentido opuesto, según la asociación, que esgrime casos emblemáticos: Berlín, París, Budapest, Atlanta están entre las ciudades que han recuperado la gestión pública. En Andalucía, destaca la remunicipalización en Medina Sidonia (Cádiz), Lucena (Córdoba) y en 22 pueblos de Sevilla agrupados en la empresa hoy enteramente pública Aguas del Huesna. Vitoria aprobó recientemente la adhesión al pacto, y ciudades como Santiago de Compostela, gobernadas por nuevos actores políticos, parecen decididas a recuperar el servicio cuando expire la concesión a empresas privadas o mixtas.
El objetivo final de las mociones que piden la adhesión al pacto es la remunicipalización de la gestión allí donde se ha privatizado. Dos grandes operadoras se reparten el mercado privado en España: la antigua Aquagest, perteneciente al Grupo AGBAR y Aqualia, de FCC. El Grupo AGBAR reordenó a finales de 2013 su estructura societaria troceando Aquagest en una decena de empresas con distinta denominación en cada comunidad autónoma: Aquona en Castilla-La Mancha, Hidralia en Andalucía, Hidraqua en Comunidad Valenciana… Aquagest está siendo investigada por la Audiencia Nacional por supuestos sobornos para la obtención de contratos públicos, mientras que Grupo AGBAR aparece como el mayor donante a la Fundación CAT-DEM, vinculada a Convergencia Democrática de Catalunya, según una información reciente de El País.
Luis Babiano, gerente de AEOPAS, espera que el éxito de la iniciativa ciudadana en Estrasburgo contribuya a impulsar la presentación de mociones y a alimentar el debate sobre el modelo de gestión del agua. PSOE, IU, UPyD y Podemos han apoyado el pacto, suscrito también por organizaciones de consumidores, ecologistas y sindicatos. Ahora, la intención de sus impulsores es extenderlo a las entidades locales, aunque Babiano admite la complejidad de la tarea: “Hay municipios donde puede haber a quien no interesa”.
Carmen Cantero, responsable de Política Institucional de IU Andalucía, explicaba antes de verano que la federación apoyaría la moción, pero que cada concejal la valorará “en función de la realidad de cada municipio”. La idea es “presentarla en todos y con más difusión” con la entrada del nuevo curso político, pero por ahora no puede precisar cuándo ocurrirá. En Sevilla, el Pleno aprobó la adhesión a propuesta de Participa Sevilla. El grupo municipal ¡Málaga para la Gente presentó una propuesta similar, en la que se solicita que el agua se regule por un modelo de gestión pública “en el que no tenga cabida el negocio ni los intereses privados”.
Por parte del PSOE, Pilar Lucio, secretaria federal de Cambio Climático y Sostenibilidad, se reunió hace unas semanas con Luis Babiano, con quien encontró “coincidencias”. Lucio abogó por un “reforzamiento de lo público” y opina que los servicios de agua no deben ser gestionados “únicamente desde la lógica del mercado”.
Las asociaciones representativas de los operadores
Las asociaciones representativas de los operadoresEl Pacto por el Agua puede generar también un conflicto entre asociaciones. ASA-Andalucía acoge a la mayoría de las empresas de agua, públicas, mixtas y privadas y abastece a más del 93% de la población. AEOPAS, en cambio, es una asociación integrada por una treintena de operadores públicos fundada en 2010, con especial presencia en Andalucía. La moción que promueve AEOPAS incluye una cláusula por la que se propone la incorporación de cada municipio que la apruebe a la propia asociación. Esta cláusula provocó una bronca en el Pleno del 28 de agosto y acabó frustrando la adhesión de Cádiz al Pacto por el Agua, tal y como pretendía el equipo de gobierno de Por Cádiz Sí Se Puede. Votaron en contra PSOE, PP y Ciudadanos.
Fran González, portavoz del PSOE, sugirió que el cambio de ASA por AEOPAS podría responder “a otros criterios”. El socialista espetó al alcalde, José María González Kichi, que tenía dudas de si “vienen a crear un entramado institucional y político entre amigos, compañeros y afines”. También preguntó por el coste de unirse a AEOPAS, sin respuesta. “A un gerente se le debe juzgar por sus actos de gerencia”, replica Luis Babiano, que insiste en la irrelevancia de sus simpatías políticas. Las cuotas de AEOPAS figuran en su página web y se determinan en función de la población que abarque la entidad que pida el ingreso: de 600 euros para los de menos de 2.000 habitantes a 6.900 para los de más de 200.000.
Babiano asegura que la asociación que dirige no ha pedido a ningún municipio abandonar otros colectivos, pero insiste: “Queremos que sean solo una asociación de intereses profesionales y no un lobby”. Las dudas con respecto al papel de las asociaciones mayoritarias tienen su origen en la iniciativa ciudadana tramitada ante el Parlamento Europeo. En febrero de 2014, decenas de plataformas y entidades (entre ellas, PSOE, IU, CCOO, Ecologistas en Acción, Facua o UGT) firmaron un comunicado en el que afeaban la postura de AEAS (Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento) y ASA, por entender que pretendían “defender el sector privado del agua”. En esa carta pedían a los operadores públicos que abandonaran estas organizaciones por entender que no defienden el “interés general”. La batalla se libra ahora municipio a municipio.