El exteniente Luis Gonzalo Segura quiere que su expulsión del Ejército tras hacer declaraciones en los medios de comunicación contra las Fuerzas Armadas y las autoridades militares llegue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Para ello, ha pedido al Tribunal Supremo que inicie un procedimiento denominado cuestión prejudicial por el que debe acudir a este órgano europeo para consultar si ha sido juzgado de acuerdo a la normativa comunitaria, según ha explicado a Europa Press.
En diciembre del pasado año, la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo desestimó el recurso interpuesto por el teniente Luis Gonzalo Segura contra la sanción disciplinaria de resolución de compromiso y que fue dictada por Defensa, como autor de una falta muy grave consistente en realizar reiteradamente actos contrarios a la disciplina y subordinación debida a los superiores.
Ahora, Segura ha recurrido esa decisión y además ha pedido una cuestión prejudicial, por la que el Tribunal Supremo debería consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la aplicación del Derecho europeo en su caso.
Según ha explicado a Europa Press, el militar está convencido de que su comportamiento no hubiera motivado su expulsión del Ejército en otros países europeos como Alemania o Suiza, en los que asegura que ha habido casos similares. Y por ello avisa de que, si el Supremo desestima su recurso, recurrirá después al Tribunal Constitucional y está dispuesto a llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
La defensa de Segura quiere que el TJUE se pronuncie sobre si las medidas disciplinarias impuestas por denunciar públicamente corrupción en las Fuerzas Armadas son compatibles con la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre 2000, que prohíbe la discriminación por motivos y convicciones y opiniones políticas, según explica la Plataforma x la Honestidad.
Declaraciones “insultantes”
La sentencia del Tribunal Supremo recogía como hechos probados que el teniente Ejército de Tierra después de cumplir una sanción de dos meses de arresto por dos faltas graves, continuó realizando declaraciones en los medios de comunicación contra las Fuerzas Armadas y las autoridades militares.
En junio de 2015 el entonces ministro de Defensa, Pedro Morenés, le expulsó del Ejército tras trece años de servicio, haciéndose eco de sus apariciones en los medios, aunque nombró dos concretas: una en la que apareció en un programa de televisión vestido con el uniforme reglamentario y otra radiofónica.
De esta primera se hizo eco el Tribunal Supremo que, en su sentencia, rechazaba todas las cuestiones relativas a la indefensión y concluía que las expresiones y descalificaciones recogidas en los hechos probados “por su propio sentido gramatical, son tan claramente insultantes y afrentosas que el ánimo ofensivo se halla ínsito en ellas”.