El presupuesto del Ministerio de Educación para maestros de Religión de Infantil y Primaria en Andalucía es prácticamente el mismo desde 2010, a pesar de que hace tres años el 65% de los colegios andaluces redujo el horario de esta asignatura. La reducción horaria fue una decisión de los centros, amparada en una orden de la Consejería de Educación y contemplada en la LOMCE, que dejó sin carga lectiva (total o parcial) a más del 12% de los profesores que impartía Religión en Andalucía (263 docentes), según datos aportados por el departamento de Presidencia.
Desde entonces (curso 2015/2016), el Ministerio de Educación mantiene el contrato a maestros de Religión que siguen asistiendo a sus escuelas pese a no tener ya ninguna función docente asignada, y que continúan cobrando por horas de clase que no imparten desde hace tres años. El presupuesto del Ministerio para esta partida era de 68,9 millones en 2015; 69,6 millones en 2016 y 68,3 millones en 2017, con apenas variación en el número de docentes y horas contratadas.
Para entender por qué se ha prolongado durante tres años una situación “anómala”, tanto para el Gobierno central como para la Junta de Andalucía, este periódico solicitó al anterior ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, un balance histórico con el número de profesores de Religión contratados en Andalucía (y las horas que desempeñan) desde 2010 hasta el curso actual (2017/2018). La cifra presupuestaria apenas ha variado en este periodo. Hace ocho años había 2.059 maestros de Religión de Infantil y Primaria en esta comunidad (48.255 horas lectivas contratadas), y en el curso que acaba de terminar constan 2.028 docentes. Hay 31 maestros menos que entonces, aunque el número de horas contratadas es mayor: 48.356 horas lectivas (101 más que en 2010).
El blindaje de los contratos del profesorado de Religión en los últimos ocho años es especialmente significativo por dos razones de calado: primero porque en este periodo las administraciones públicas sufrieron la peor crisis económica de la historia reciente. En 2012, el Gobierno central restringió la contratación pública, redujo a la mitad la tasa de reposición -de cada 15 docentes jubilados, las comunidades sólo podían sustituir a la mitad- y aprobó un Real Decreto que obligó a ampliar la jornada lectiva en Secundaria para amortizar más el horario de los funcionarios docentes y poder prescindir de personal temporal. En consecuencia, la Junta de Andalucía despidió a 4.502 profesores interinos. Ese mismo año, el Ministerio de Educación renovó a toda la plantilla de maestros de Religión en Andalucía: había 2.063 docentes en el curso 2011/2012 (48.715 horas contratadas) y regresaron 2.062 profesores el curso siguiente (2012/2013), con un cómputo mayor de horas de contrato (48.869), según los datos aportados por el propio Ministerio.
Mismo salario, distintas condiciones
El desplome de docentes interinos en la escuela pública supuso una sobrecarga de trabajo para el personal funcionario, que no pudo amortiguarse con los maestros de Religión. Su contrato -que depende del Obispado y del Ministerio de Educación- les exime de hacer las sustituciones de otros maestros cuando enferman, de impartir materias que no sean las suyas, de cubrir guardias o dar clases de refuerzo a los alumnos con más necesidades.
Los profesores de Religión en Infantil y Primaria y los maestros interinos tienen prácticamente el mismo salario en Andalucía: en torno a 24.000 euros brutos al año, unos 1.400 euros al mes en 14 pagas. Sin embargo, sus condiciones y su estabilidad laboral es muy diferente. Los primeros dependen contractualmente del Ministerio de Educación y son seleccionados -sin necesidad de someterse a un concurso oposición- (o despedidos) por el Obispado de su zona. Los segundos dependen de la Junta de Andalucía. Los recortes de 2012 al gasto público expulsaron a 4.502 interinos, maestros que impartían clases hasta junio de 2012 y dos meses después estaban en la calle. El recorte más drástico y fulminante al personal docente de los últimos 20 años, que retrotrajo la plantilla a las cifras de 2007, se convirtió en un arma arrojadiza entre el Ministerio de Educación y la Consejería andaluza del ramo.
Maestros de “brazos cruzados”
El segundo dato que suscita dudas de la tabla de gasto para profesores de Religión en Andalucía aparece en la columna del curso 2015/2016. Ese año, el Gobierno andaluz aprobó el decreto que regula el currículum de Primaria para adaptarlo a la LOMCE. Al no establecer ninguna carga horaria mínima en dicha legislación, la Junta dictó una orden que permitía a los colegios reducir al mínimo (45 minutos a la semana) la carga lectiva para Religión, para reforzar otras materias. El 65% de las escuelas andaluzas optó por rebajar el tiempo de esta asignatura de los 90 minutos semanales a 60 o 45 minutos por semana. Más de 250 colegios de la comunidad se quedaron con profesores de Religión que ya no necesitaban, sin embargo, el Ministerio de Educación renovó sus contratos “automáticamente”, y los docentes se presentaron el curso siguiente en sus escuelas, aunque ya no tenían clases que impartir.
En el curso 2015-2016, el primero con el horario de Religión reducido, el Ministerio mantuvo a 2.063 maestros, uno más que el año anterior y 350 horas lectivas más contratadas. La reducción horaria en Religión no se tradujo en pérdida de empleo, al contrario. En los dos cursos subsiguientes, el número de docentes sí disminuyó: 25 profesores de Religión menos y 863 horas contratadas menos, pero seguía siendo poco significativo (con cifras inferiores a las de 2010). El gasto total del Ministerio de Educación para maestros de Religión en Andalucía en el año 2016 ascendió a 69,6 millones de euros, y el año siguiente se redujo hasta los 68,3 millones. ¿Por qué se mantenía prácticamente intacto el número de maestros, el cómputo total de horas contratadas y el gasto destinado por Ministerio de Educación incluso después de que los colegios andaluces recortaran significativamente el tiempo de Religión en sus aulas? ¿No existía comunicación entre la consejería andaluza -responsable de la planificación educativa- y el Ministerio -responsable de renovar o suprimir los contratos de este colectivo?
“Renovados a petición del Obispado”
Un documento de la Subdirección General de Personal Laboral del Ministerio de Educación, al que ha tenido acceso este periódico, reveló por fin una de las claves de este conflicto. El departamento que, hasta hace mes y medio, dirigía Íñigo Méndez de Vigo renovó “automáticamente” a los profesores de Religión de Infantil y Primaria de Andalucía en el curso 2016-2017 y mantuvo las mismas horas contratadas que en el año anterior, a pesar de que la Junta de Andalucía le había informado previamente y por escrito de una reducción drástica de la carga lectiva de esta asignatura en el 65% de los colegios andaluces. El documento recoge unas instrucciones dirigidas a las Archidiócesis de Andalucía y a la Alta Inspección Educativa, dependiente del Ministerio.
Esta orden interna, fechada el 5 de julio de 2016, está firmada por el Subsecretario del Ministerio de Educación, Fernando Benzo Sáinz, ex Secretario de Estado de Cultura. El contenido del texto demuestra que el Ministerio ignoró la propuesta de reducción horaria facilitada por el Gobierno andaluz, y decidió prorrogar todos los contratos de los profesores de Religión siguiendo instrucciones directas de las Delegaciones Diocesanas de Enseñanza de Andalucía. “Las propuestas formuladas en los cursos académicos anteriores se entienden automáticamente renovadas en los términos establecidos en los contratos en vigor, salvo que los trabajadores contratados manifiesten expresamente su renuncia a dicha renovación o en el supuesto de que el Ordinario diocesano que propuso en su momento su contratación, proponga ahora la revocación”, reza el documento.
Reunión con la ministra Celaá
El Gobierno andaluz tomó conciencia de este desajuste a principios del presente curso escolar (dos años después), cuando la consejera de Educación, Sonia Gaya, ordenó una investigación interna para dimensionar el alcance del problema. Las conclusiones del informe remitido al Ministerio revelan que “al menos” el 12,2% de profesores de Religión en Primaria de Andalucía está cobrando sin impartir clases o impartiendo menos horas de las que tiene contratadas: en el presente curso académico se han localizado a 263 maestros sin carga horaria lectiva total o parcial.
La Junta detectó estas “incidencias” en 252 colegios de las ocho provincias andaluzas, pero también ha admitido que el alcance del problema puede ser mayor: “puede haber más horas de contrato improductivas” en los 2.657 centros escolares de Andalucía donde se implantó la reducción horaria de Religión. “Los inspectores han hecho un rastreo colegio a colegio, persona a persona, pero no tenemos un control exhaustivo del horario de todos los docentes de Religión porque dependen contractualmente del Ministerio y porque no todos están registrados en nuestro sistema informático”, admiten desde el departamento de Sonia Gaya. El sistema informático Séneca es la enorme base de datos de la Consejería de Educación, donde se registran obligatoriamente todas las plantillas de profesores, sus horarios e incidencias de todos los centros educativos de Andalucía. Con un punto ciego importante, que es el relativo a los maestros de Religión de Infantil y Primaria, el único colectivo docente cuyas competencias no están transferidas a la Junta.
A pesar de las denuncias remitidas por escrito desde los colegios afectados, puestas en conocimiento de la Inspección Educativa de la Junta de Andalucía y de la Alta Inspección Educativa del Ministerio, el anterior ministro Méndez de Vigo negó sistemáticamente que se estuviera produciendo este problema en las escuelas de Andalucía: “No existe ningún profesor de Religión que no tenga carga horaria (…) Los profesores contratados para impartir Religión tienen ajustados sus contratos de trabajo a las horas lectivas semanales, según el centro o centros en los que imparten clases, de acuerdo con las necesidades de cada curso escolar, existiendo contratos a jornada completa o parcial”, explicaron por escrito fuentes del Ministerio.
La consejera andaluza ha denunciado en el Parlamento que esta situación “anómala” supone “un perjuicio para las arcas públicas”, denuncia el “desperdicio de recursos para la educación pública, que no está falta de inversiones”, y espera que el nuevo Gobierno socialista evite que se prorrogue el problema por cuarto año consecutivo. Gaya tiene previsto reunirse con la nueva ministra de Educación, Isabel Celaá, este mes de julio en Madrid. Su departamento de prensa no ha respondido preguntas sobre este asunto.