La calle Luis de Velázquez y la Plaza Mitjana forman desde siempre un vórtice fenomenal de la noche malagueña. Desde hace décadas, hay allí cerca de una decena de bares que sirven sus copas con las puertas abiertas de par en par al exterior y convocan cada noche de fiesta a cientos de jóvenes. Durante años, la plaza fue epicentro del botellón; después, de un botellón mal disimulado, supuestamente corregido por la tímida presencia de la Policía Local. Los vecinos han soportado gritos, cristales rotos, vomiteras y escándalo nocturno durante años, sin que nadie pusiera remedio. Algunos llevan años con una pancarta colgada de su balcón en la que exigen su derecho a descansar.
Ahora, el ayuntamiento de Málaga acaba de ser condenado a pagar 13.440 euros a cada uno de los cinco que le habían demandado por cada año que pase sin solucionar el problema de ruido. El juez cree que durante mucho tiempo el consistorio ha esquivado su deber para hacer cumplir la ley, tolerando que se vulneren los derechos fundamentales de algunos vecinos a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad de su domicilio.
Vecinos que vendieron sus casas
En el procedimiento, iniciado hace ahora dos años, se aportaron mediciones periciales de ruidos, vídeos y testimonios que corroboraban lo que era un secreto a voces: que el ruido allí superaba ampliamente los límites legales y tolerables para el descanso de cualquiera. Ante el juez desfiló algún expropietario que vendió la casa harto del ruido y de la ineficacia de sus denuncias. El propio juez señala que, “con sobrecogimiento”, pudo apreciar el “ruido escandaloso” que se percibe solo con abrir una ventana.
En su reconocimiento del lugar, el juez también verificó que los porteros no controlaban que los clientes no salieran a la calle con bebidas, ni el ruido que generaban, y que las puertas que vigilaban estaban abiertas de par en par. La voluntad de control del ruido era “ninguna”. Además, en el juicio se visualizaron vídeos en las que se constataba un ruido “ensordecedor” que impedía incluso comunicarse dentro de las viviendas. “Abrir una ventana no es un lujo superfluo”, advierte el juez.
Frente a la evidencia incontestable de que el ruido superaba los límites legales y perturbaba a vecinos, el ayuntamiento no hizo nada mínimamente efectivo. El juez de lo contencioso-administrativo 6 reprocha al ayuntamiento su pasividad y asegura que le produce “sonrojo” comprobar que ante las denuncias, pasaba los papeles de un departamento a otro sin darles nunca curso efectivo. El Tomo II del expediente acumula un “sinfín de denuncias y reiteraciones”, ninguna de las cuales arrojó resultado. “Nada de nada”, se sorprende el juzgado.
El juez cree que el ayuntamiento “roza el descaro” cuando alega que la cuestión es “compleja”. “Claro que lo es”, replica, pero el consistorio debe hacer cumplir la normativa. Y eso no ocurrió. De nada vale, dice el juez, que el alcalde dictara una instrucción en 2016 recordando la necesidad de un Plan de Actuación en Plaza Mitjana, porque el ayuntamiento no ha probado que realizara “ninguna medida concreta, específica, determinada y determinante” para zanjar el problema. De la misma forma, la aprobación en 2020 del ZAS (Zona Acústicamente Saturada) debería llevar implícita una reducción de los niveles de ruido. Sin embargo, el ayuntamiento no ha probado que en la práctica eso haya ocurrido.
Ni siquiera las sanciones a los locales funcionaban. El juez sabe, porque conoce algunos de esos expedientes, que en todos estos años no ha sido raro que los hosteleros recurran las multas y ganen en los juzgados. Pero no porque no hayan cometido la infracción, sino por “la errónea tramitación” del ayuntamiento. Es decir, porque el ayuntamiento no ha sido capaz de gestionar correctamente expedientes sancionatorios de los locales de ocio nocturno, según el juez. “Con dicho error se salvaguarda” al infractor en perjuicio de los vecinos cuyo derecho se vulnera, concluye la sentencia, adelantada por El Español y a la que ha tenido acceso este diario.
El cuestionamiento del monocultivo en el Centro Histórico
La sentencia tiene un importante peso político, porque pone en cuestión la permisividad del equipo de gobierno ante las actividades en el Centro Histórico vinculadas a la restauración, la hostelería y el ocio nocturno. Con la apuesta decidida por el turismo y el ocio, el ayuntamiento ha descuidado otros usos posibles del Centro, como el residencial, según muchos vecinos y la oposición. La Asociación de Vecinos del Centro Histórico viene denunciando desde hace años, en todos los frentes, las consecuencias negativas que el modelo impone a los residentes: encarecimiento de la vivienda, depredación del espacio público por las terrazas, eliminación de comercios de cercanía, suciedad, ruidos, pérdida continuada de vecinos.
“Es un primer paso, pero se queda corta porque no reconoce los daños morales que han sufrido esos vecinos”, valora Alejandro Villén, secretario de la asociación. “Esos vecinos sufren problemas de convivencia, tensión y ansiedad”, añade. Además, y a diferencia de la sentencia que hace años obligó al ayuntamiento de Vélez-Málaga a indemnizar con más de cinco millones de euros a los propietarios que sufrieron los ruidos de El Copo, la sentencia de Málaga no reconoce los daños ya sufridos. Por eso, Villén anuncia que alguno de los vecinos la recurrirá. Según Villén, hay al menos otros tres recursos judiciales contra la inactividad del ayuntamiento para atajar los ruidos en otros puntos del centro, como Plaza Uncibay.
Por su parte, el ayuntamiento también ha anunciado recurso. En un comunicado, lamenta que la resolución no ha tenido en cuenta todo lo que ha hecho, “especialmente desde 2015” para controlar el ruido mediante inspecciones y sanciones. El ayuntamiento hace hincapié en que la situación en esa zona ya no es la misma: “En primer lugar, por la acción municipal”, asegura el consistorio, y “también gracias a que la iniciativa privada va a abrir al público locales cuyo impacto acústico será mucho menor y cambiará el modelo de ocio en la zona”.