La banda de desokupas que ha actuado para desalojar, al margen de la vía judicial, a todos los ocupantes irregulares de 14 viviendas recién adquiridas por un nuevo propietario en Torremolinos, ya es conocida en los juzgados. Según una denuncia presentada ante el juzgado de instrucción 5 de Torremolinos, de guardia el 13 de octubre, uno de sus integrantes acudió a otro edificio de la localidad y advirtió de que comenzaba una “cuenta atrás” para dejar las viviendas, amenazando de muerte a los vecinos que ocupan el inmueble si no lo hacían. También les habría advertido de que a los niños “podría pasarles algo”, según se relata en la denuncia.
Los hechos habrían ocurrido el 11 de octubre. “Un señor corpulento, complexión fuerte, alto, musculoso” acudió al edificio, ocupado desde hace muchos años. Según el escrito, “nos amenazó con ocupar las zonas comunes del edificio, partiéndonos las piernas a todos, y que convertiría nuestra vida en un infierno, que aprovecharía cualquier instante para entrar en las viviendas utilizando toda la fuerza y la violencia necesaria, que como él (haciendo mención a su físico) le acompañarían 45 personas más”, se lee en la denuncia, que añade un componente étnico a las amenazas: “Nos dijo que éramos escoria y nos llamó malditos gitanos”.
La persona denunciada por estas supuestas amenazas ha participado activamente en la “desokupación” del edificio de las 14 viviendas esta misma semana, siendo señalado también como el autor de amenazas e intimidaciones por parte de algunos de sus ocupantes.
La denuncia previa señala que la situación provocó una situación de “terror” en los vecinos, y contiene dos peticiones: que se ordene el alejamiento del denunciado y de cualquier otra persona relacionada con la empresa para la que trabaja, y el despliegue de la Policía en la zona. David Jiménez, el abogado que ha formulado la denuncia, explica que la presentó también en la comisaría, y que no hay de momento respuesta ni de los juzgados ni de la Policía.
Según quienes habitan este edificio, los desokupas reactivaron la cuenta atrás el pasado viernes. Por eso, se están organizando para recabar el apoyo de movimientos sociales y comunicar la situación a los grupos municipales, servicios sociales y centros escolares
“Esta gente proponía alquiler social, habíamos aportado facturas de mantenimiento del bloque. Se le está dando buen uso al bloque y quieren llegar a un acuerdo”, asegura. El edificio lo habitan 29 familias, muchas de ellas con menores, y algunas desde hace nueve años, según el abogado. “Hay padres trabajadores y algún que otro jubilado. Es gente que atraviesa un mal momento económico, es su hogar”, dice. Algunas de las viviendas son de Unicaja, que se desmarca rotundamente del envío de desokupas al lugar y, de hecho, sí había iniciado procesos judiciales por la vía civil, el cauce legal previsto.
La denuncia presentada hace tres semanas hace un relato de los hechos coherente con la actuación culminada el pasado viernes en otro edificio de la ciudad, cuyos okupas han formulado, a través de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, una denuncia colectiva por las supuestas coacciones y agresiones por el desalojo, realizado por Exit Okupas, una empresa con sede en Torremolinos. En este desalojo se han producido escenas de acoso, insultos e intimidación. Los desokupas han vigilado que desde fuera nadie pasara comida a quienes permanecían en el interior, según el relato de los que han sufrido el hostigamiento. También se han paseado por los pasillos bromeando con quemar el edificio.
Los propios okupas asumían que tarde o temprano tendrían que entregar el edificio al nuevo propietario, que adquirió las 14 viviendas de golpe hace pocas semanas. “Yo lo entiendo: es suyo. Me dan 15 días, recojo y busco algo y me voy. Pero llegaron de improviso”, cuenta una persona ocupante, que se ha reubicado por unos días en casa de una amiga. Solo ha podido recoger su ropa. Hasta esta semana, tenía la esperanza de encontrar una solución pactada con el banco, antiguo propietario: “El trabajito que tengo no es mucho, pero quién quita que no vieran cómo me gano la vida y me aceptaran un alquiler bajo...”.
“Así consiga un piso barato yo lo cojo, así me quede con 100 euros para comida. Yo no quiero vivir en una situación así”, dice. No es fácil: el precio del alquiler se ha incrementado en Torremolinos un 47% desde 2016, según el reciente informe “Radiografía del mercado de la vivienda en el segundo semestre de 2021”, elaborado por Fotocasa. Junto a Mijas, es el único municipio andaluz que supera el 40% de incremento en el último lustro. Según el informe, Marbella y Torremolinos tienen los precios de alquiler más altos de Andalucía, con 12,27 euros y 10,51 euros por metro cuadrado, respectivamente.
Entre quienes han acabado en la calle hay una embarazada y varias familias con niños [algunas de las cuales han dormido a la intemperie estos días], protegidas por la ley (el RD 16/2021 impide el desahucio de familias en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional, al menos hasta el 28 de febrero). Algunos llevaban empadronados una década en las viviendas. Ese edificio fue abandonado en plena crisis inmobiliaria y nunca ha sido habitado “legalmente”. “Nunca le tiramos las puertas a nadie, estaba abandonado”, resalta una de las “okupas” veteranas.
La ocupación terminó este mismo viernes, cuando los enseres acumulados durante diez años fueron arrojados a unas cubas o vendidos, los que tenían algún valor. “A nadie le dejaron sacar las cosas como habían prometido”, cuenta. “La humillación que hemos vivido es brutal”.
De puertas hacia fuera, Exit Okupas insiste en catalogarse como “mediadores” que no utilizan la violencia y que incluso colaboran con los vecinos en dejar vacías las casas. “Nos encasillan como matones y no lo somos”, lamentaba uno de los socios ante elDiario.es Andalucía. “¿Y por qué se van los okupas, si no se lo ordena un juez y ustedes no les intimidan? Porque les ayudamos”.
La Policía ha adoptado una actitud pasiva, cuando no de camaradería con los desokupas, con quienes se les ha visto departiendo amigablemente. Según explicaron los propios agentes, estaban allí para que no se produjeran altercados o alguien “se autolesione”. La vigilancia de la puerta es “totalmente legal”, según dijo uno de ellos, y en el edificio no iban a entrar porque es propiedad privada.
Se da la circunstancia de que las viviendas de los dos edificios estaban siendo objeto de procedimientos judiciales de desahucio, con señalamientos ya fijados para el año que viene, en algunos casos en octubre de 2022. Los propietarios decidieron no esperar a un juez, y contratar en su lugar a una empresa privada con sus particulares técnicas para expulsar a okupas. Ellos lo llaman “el procedimiento habitual en este tipo de casos”, y ya acumula varias denuncias ante los juzgados de Torremolinos.
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