La adjudicación del restaurante del Mirador del Carmen en Estepona (Málaga) tiene particularidades que lo emparentan con otras licitaciones recientes en el municipio, alguna de las cuales está siendo investigada por la Fiscalía. Coinciden intervinientes, la poca participación de licitantes y la adjudicación final a empresas relacionadas con el entorno del alcalde por un precio por debajo de mercado. Este jueves, el alcalde evitó dar explicaciones al Pleno, más allá de remitirse al Registro Mercantil. En otras ocasiones ha alegado que los procesos son de concurrencia pública y que se ajustan a la legalidad, pero hay coincidencias, errores, omisiones y participación de él o personas de su confianza que plantean dudas y los ponen bajo el foco.
Tal y como ha desvelado elDiario.es en Andalucía, el restaurante del nuevo Mirador del Carmen acabó siendo adjudicado por veinte años a Inversiones Delmar, una empresa recién constituida y hasta ahora sin actividad, con el mínimo capital social, con domicilio en la gestoría donde tiene su sede empresas del alcalde José María García Urbano y administrada por la pareja de uno de los hijos del regidor. El canon es muy beneficioso para la entidad: unos 27.000 euros anuales por un local de 430 metros cuadrados en una torre con fabulosas vistas y recién colocada en un entorno en el que se ha acometido una ambiciosa peatonalización. El precio mensual por metro cuadrado es de 5,35 euros, tres o cuatro veces inferior al de mercado, según Idealista y diversas fuentes consultadas.
Este no es el primer caso en que Estepona adjudica contratos o concesiones, aparentemente con buenas condiciones, a personas del entorno del regidor. El proceso recuerda a otro caso destapado por este medio: la supuesta subasta que acabó con la compra de varios locales municipales en Puertosol por Omega 93, una empresa de Bonifacio Solís, socio del propio José María García Urbano. Aquella compra se hizo por una cuarta parte del precio de mercado, al que se llegó tras una valoración muy por debajo del valor catastral a la que luego se aplicó la máxima rebaja permitida por ley; sin publicidad en medios y tras una subasta veraniega a la que solo concurrió la finalmente compradora. También hubo un supuesto error que pudo condicionar que a la puja no se presentara nadie, salvo Omega 93: se anunció en el portal del contratante como subasta de “bienes muebles” cuando evidentemente son inmuebles.
Tras una denuncia del PSOE, está adjudicación está siendo investigada por la Fiscalía, según avanzó en el Pleno el propio García Urbano y ha podido comprobar este medio con un número de diligencias preprocesales.
En el caso del restaurante, el ayuntamiento empezó a preparar el expediente a finales de 2022. Como los locales de Puertosol, el restaurante se ubica en una zona objeto de una profunda renovación urbana por parte del ayuntamiento.
Apenas un mes antes se había constituido la sociedad adjudicataria, Inversiones Delmar. La empresa se constituyó en la notaría en la antigua notaría del propio García Urbano, donde siguen estando los protocolos de todas las escrituras que este autorizó, y que ahora gestiona Almudena Romero. El domicilio asignado a Inversiones Delmar fue el despacho profesional de Salvador Pedraza, concejal de confianza de García Urbano y socio de este en al menos una empresa, Resina de la Mairena, S.L.
La propuesta de sacar a licitación las tres plantas superiores y dedicarlas a restaurante parte de Ana Velasco, concejala de Fomento, Infraestructuras y Turismo. Velasco es una edil también muy vinculada al alcalde. Hasta 2011, fue administradora única de Nuevos Aires 2002, una empresa constituida por García Urbano, el prófugo Juan Hoffman y Omega 93 (propiedad de Bonifacio Solís). Ella ha presidido la mesa de contratación del restaurante. Lo mismo ocurrió con los locales de Puertosol adjudicados a Omega 93, a pesar de haber sido administradora de Nuevos Aires 2002 (en la que participa la adjudicataria) y ser la esposa del actual administrador único de esa empresa.
El 12 de enero, la propuesta para la concesión del restaurante recibió el visto bueno del secretario municipal, de la letrada del departamento de contratación y del interventor. García Urbano firma el Decreto que aprueba la concesión demanial el 25 de enero y, tras pasar por información pública, la licitación se publica el 8 de marzo. Pero al igual que ocurrió con los locales de Puertosol, no se publicita en medios de comunicación. Además, una vez publicada, hubo que rectificar: la concesión, inicialmente sujeta a “regulación armonizada”, pasó a no estarlo. ¿Qué significa esto? Entre otras cosas, que las normas de publicidad son más laxas.
A diferencia de la adjudicación de Puertosol (donde solo pujó Omega 93), al procedimiento del restaurante se presentaron dos empresas. La perdedora, Boni Century Group, presentó su oferta exactamente en el minuto en que se cerraba el plazo, según un acta pública. Comparte administrador con Gran Macaco, S.L., que sí ha sido adjudicataria de otro local en la misma torre.
La ganadora, Inversiones Delmar, lo hizo cuatro días antes, y presentó un proyecto mucho más completo y concreto, a pesar de no tener experiencia alguna en el sector. Su administradora, Nadia Odeh Núñez, trabaja en departamento de marketing de un relevante hotel de Marbella y tiene experiencia en la aviación comercial. Pero aseguró tener ya un acuerdo de intenciones con el chef Jaime Trinidad de Haro, además de un “principio de acuerdo” (no acreditado, según reconoce la comisión evaluadora) con el actual chef del99 Sushi Bar Villa Padierna.
La oferta económica de las dos contendientes era idéntica, así que Inversiones Delmar superó a Boni Century Group gracias a su proyecto, y se hizo con la concesión a veinte años de tres plantas de restaurante, bar y terraza, por un canon anual de 27.000 euros. La adjudicación se produjo el 19 de mayo por Decreto del alcalde, según la documentación del portal de transparencia. Es decir, en plena campaña para las elecciones municipales. Y el contrato se firmó entre el alcalde García Urbano y Nadia Odeh Núñez entre el 11 y el 16 de junio.
Por entonces, Inversiones Delmar acababa de cambiar su objeto social para dedicarse a la explotación de restaurantes, bares, cafeterías y pubs. Lo hizo el 1 de junio, 15 días antes de firmar el contrato con el ayuntamiento.
El Mirador es una torre diseñada por Salvador Moreno Peralta (Premio Nacional de Urbanismo) y construida junto al mar que el alcalde quiere convertir en el “nuevo faro cultural” de la Costa del Sol. García Urbano y Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, la inauguraron el 30 de marzo, sobre la bocina de la Ley Electoral. El consistorio lo define como “el broche de oro” a la transformación de Estepona. Es también su obra pública más cara: ha costado más de 16 millones de euros de dinero público, después de que se encareciera 1,8 millones para albergar obras de “mayor envergadura” en su museo. Habría que añadir el coste del terreno, pues era originalmente de un grupo promotor que, en la época del GIL, obtuvo autorización para construir un hotel, luego anulada.
La nueva torre es una voluminosa estructura situada apenas a 30 metros de la arena, bordeando la zona de servidumbre y bloqueando la salida al mar de la placita donde se ubica la capilla de la Virgen del Carmen. La construcción se adjudicó a Construcciones Bonifacio Solís, en un proceso que fue impugnado por el Colegio de Arquitectos de Málaga: la impugnación se desestimó sin que se evaluara nunca el fondo.
El grupo empresarial de Bonifacio Solís, que en el pasado fue socio de García Urbano en Nuevos Aires 2002 y que no ha negado que siga siéndolo (sí lo niega el alcalde), se ha hecho en los últimos años con la adjudicación de la obra pública más relevante de Estepona. Ha levantado el estadio de atletismo (9,5 millones de euros) o el Orquidiario “más grande de Europa” (2,3 millones). La constructora, que facturó 125 millones de euros en 2021, subraya que la mayor parte de su negocio viene de la obra privada. Cuando el PSOE pidió explicaciones por la adjudicación de obra pública a este grupo constructor, García Urbano anunció el “inicio de acciones legales”, que nunca se produjeron.
La nueva torre de Estepona albergará una sala de exposiciones (que en este momento ya ofrece obras de la Colección Carmen Bornemisza), un conservatorio, un auditorio y una biblioteca “en vertical”, como equipamiento público. Pero también es un contenedor para la explotación de negocios privados que, según el ayuntamiento, deben responder a un “proyecto turístico de calidad”. Y es ahí donde entra el nuevo restaurante en las tres últimas plantas, incluyendo el espectacular mirador, llamado a ser la estrella culinaria del Mirador del Carmen.
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