José María García Urbano, alcalde de Estepona (PP), evitó este jueves dar explicaciones sobre la adjudicación durante veinte años a la empresa recién creada por la pareja de su hijo del restaurante del Mirador del Carmen, cuya construcción ha costado 16,3 millones de euros de dinero público. El alcalde ha sido interpelado por la oposición durante el Pleno municipal, pero ha despachado la cuestión ignorando las preguntas y remitiendo al perfil del contratante y al Registro Mercantil.
Emma Molina, portavoz del PSOE, había preguntado al alcalde por las publicaciones recientes de elDiario.es Andalucía. “Dejan de manifiesto, presuntamente, tráfico de influencias”, le ha dicho Molina, antes de subrayar algunos detalles de la adjudicación desvelados por este medio. Por ejemplo, que ocurriera el 19 de mayo, en plena campaña y a nueve días de las elecciones, o el hecho de que la adjudicataria, sin actividad y con el mínimo capital social (3.000 euros), esté domiciliada en el despacho de un concejal del PP que también sirve de domicilio a varias empresas del propio García Urbano.
Por su parte, Manuel Aguilar (Vox), le ha pedido que aclare si Inversiones Delmar tiene su domicilio en el despacho de Salvador Pedraza, si la administradora de la sociedad es pareja de su hijo, si cambió su objeto social una vez obtenida la adjudicación y si el canon anual es de 2.285 euros mensuales por 430 metros en primera línea de playa. Poco más de 5,35 euros por metro cuadrado. Un precio irrisorio, según los portales inmobiliarios y varias fuentes locales.
García Urbano ha replicado a Molina y a Aguilar en apenas medio minuto, con unas palabras que no daban respuesta a lo que le habían preguntado. “Cuando está en el Registro Mercantil es que no hay nada que ocultar. El expediente está en el portal del contratante”, ha zanjado García Urbano.
El PSOE advierte de que podría llevarlo a Fiscalía
“Es llamativo que se lleve a Pleno y la respuesta sea que está en el perfil del contratante y no dar explicaciones. Se ampara en la legalidad, pero habrá que ver si es legal o no”, señala Molina, que ya presentó una denuncia por la adjudicación a bajo precio de varios locales de Puertosol a un socio del alcalde. Esa denuncia se investiga ahora por la Fiscalía.
Molina llama la atención sobre el hecho de que la adjudicación se produjera apenas tres días antes de las elecciones. Los locales de Puertosol se adjudicaron en pleno agosto, aplicando la máxima rebaja posible a un precio ya de por sí muy inferior al valor real, y después de un proceso de subasta sin publicidad en medios y erróneamente anunciado como de “bienes muebles” en el portal de contratación, lo que alteró la difusión del anuncio. “Todo esto para que la gente no acceda a la licitación”, valora la portavoz socialista.
“No sé si es ilegal, pero estéticamente es horroroso que adjudiques a un familiar muy muy por debajo de precio de mercado, con una empresa domiciliada en la gestoría de un miembro del equipo de gobierno”, dice Aguilar, que llama la atención sobre el hecho de que el ayuntamiento haya empezado a adjetivar la torre no solo como “sociocultural” (el término que empleaba hasta ahora) sino también como “comercial”. “El término comercial ha surgido de repente. ¿Y nos hemos gastado 20 millones de euros [el coste aproximado del edificio y el valor del terreno, que no era del ayuntamiento] para hacer un edificio que se alquila a 700 euros la planta? ¿Lo vamos a amortizar en 200 años?”.
La falta de respuesta del regidor en el Pleno incide en la estrategia adoptada ante las informaciones reveladas por este medio, que envió el martes un cuestionario para conocer las explicaciones de García Urbano y el concejal Salvador Pedraza por sus conexiones personales y societarias con la adjudicataria del restaurante, y no ha recibido respuesta alguna.
El ayuntamiento sí remitió un comunicado a la Cadena Ser cuando esta se hizo eco de la noticia, en el que incide en la “transparencia y publicidad” del proceso y en su legalidad. La ley obliga a abstenerse a la autoridad que tenga “interés personal” en un expediente, y el alcalde firmó la adjudicación a la pareja de su hijo.
García Urbano: reducción de la deuda y mayorías absolutas
García Urbano gobierna Estepona con mayoría absoluta desde 2011. Goza de muy buena prensa, y es habitual que de él se destaquen dos aspectos: que fue el regidor más votado en ciudades de más de 50.000 habitantes (en 2019) y la reducción de la deuda del municipio, que quedó muy tocado tras la Operación Astapa, un monumental caso de corrupción del anterior gobierno socialista destapado en 2008, sobre cuyo origen planea la sombra del comisario Villarejo, y que ahora parece desinflarse en la Audiencia Provincial de Málaga.
García Urbano, que se ha construido su fama como gestor sobre la reducción de la deuda heredada, instaló en una rotonda un contador que permitiera ver al minuto cómo bajaba. Según repite desde 2012, el agujero era de 304 millones de euros, y el primer paso para cerrarlo fue un ERE en el ayuntamiento. Esa es la cifra que aparece en todos los medios, pero los los informes anuales del Banco de España recogen que la deuda viva era de 16,5 millones de euros en 2011, de 79,5 en 2012 y de 81,1 en 2013, cuando alcanzó su pico, para luego descender hasta los 34,6 a 31 de diciembre de 2021, último dato disponible. El regidor tiene el compromiso de dejarla a cero en esta legislatura. Sus críticos creen que se hace a costa de entregar el aprovechamiento del patrimonio público a inversores privados bien conectados.
García Urbano es notario y registrador, y no cobra como alcalde. De esa forma, puede mantener la titularidad como registrador de la propiedad de San Roque (Cádiz), a media hora de Estepona. Sus bienes no se publican en la web municipal, a pesar de que la ley de transparencia andaluza obliga a hacer públicas las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales.
En paralelo a la publicitada reducción de la deuda municipal ha dotado al municipio de una fachada amable, con un centro completamente peatonalizado, macetas en las calles y murales. En su faceta más excéntrica se recuerda el gigantesco tobogán clausurado deprisa y corriendo por su peligrosidad. Años después trasladó la idea al interior del nuevo ayuntamiento.
El pasado 28 de mayo, volvió a lograr una mayoría absoluta amplia, pero por primera vez inferior a la anterior. Pasó de 21 a 17 concejales, lo que inicialmente provocó que uno de sus hijos, en el puesto 19, se quedase fuera del consistorio. La renuncia a posteriori de dos ediles que le precedían le abrió la puerta y permitió que se cumpliera el anhelo de “continuidad” expresado cuatro años atrás por su padre, cuando simbólicamente le entregó el bastón de mando.