Son las diez y media de la mañana del martes, Antonio López está en su casa explicando cómo ha llegado a estar al borde del desahucio (él, que desde los 14 años no dejó de trabajar y que alguna vez ganó bastante dinero). Un vecino le llama a través de la ventana:
-¡Ay! Hoy estoy solicitado…- se excusa-.
- ¿Qué ha pasado?- le preguntan desde fuera.
- Ná, que me quedo por aquí un rato más…
- ¿Un rato más? Tres o cuatro años, ¿no?
- Nooo, un mes nada más.
Un mes “nada más”, antes de que la comisión judicial vuelva con un papel en el que se ordene que debe dejar la casa.
Antonio acaba de librarse por los pelos de dormir en la calle o en el albergue municipal. No ha pasado ni una hora desde que un representante del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Málaga salió de su casa y anunció a los presentes en la calle que el hombre (75 años, enfermo de cáncer) seguiría allí al menos otro mes más.
Fue una victoria y como tal la celebró el medio centenar de personas que habían ido a apoyarlo, pero tiene fecha de caducidad. Antes del 25 de marzo a las 11, nueva fecha para el desahucio, Antonio debe haber solucionado su situación: no paga el alquiler desde hace al menos dos años. Dice que con su pensión no puede hacerlo.
“O pago el alquiler o como”
Su casa es bajo de un humilde bloque de viviendas en Calle Carceleras, una calle peatonal donde se alinean varios bloques similares. En el salón hay un sofá junto a una pared desconchada, una librería atiborrada de objetos y fotos, y la tele. Antonio López dice: “Yo entiendo que si no pagas, te vas a la calle. Pero si no puedo pagar… ¿Qué hago?”. Explica entonces que de su pensión, que supera por poco los 600 euros, debe dedicar algo más de 300 euros al pago de una pensión compensatoria a su exmujer. Y con los apenas 300 euros que le quedan no le llega. “O pago el alquiler o como”.
Hubo un tiempo en que a este hombre le iban mejor las cosas. Cuando volvió de Barcelona, hace más de 30 años, montó una fábrica de muebles y se especializó en acabados. Como se trajo las últimas novedades de Cataluña, hacía lacados y brillos que en Andalucía no se habían visto nunca. Así que trabajó bastante, siempre como autónomo, y pudo también ayudar a sus hijos a comprar una casa. Pero como a tantos otros, a Antonio López y a su familia les alcanzó de lleno el estallido de la burbuja inmobiliaria. “Nos vino la ruina”, dice.
Un día dejó de cobrar los pagarés y acabó cerrando su empresa con muchas deudas pendientes. Desde que dejó de trabajar se sostiene con una pensión mínima, porque él también cometió errores. Por ejemplo: durante sus últimos años cotizó “lo mínimo”. Otro error: “Me he hecho mayor y no me he dado cuenta”.
Una SOCIMI, nueva propietaria
La noche del lunes al martes apenas pudo dormir. “Pensaba: ”Viene la Policía y me echa a la puta calle. Porque lo he visto en la tele“”, explica. Por la mañana, se encontró con una movilización a la puerta de su casa. Activistas de la PAH y del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Málaga, además de vecinos, acudieron dispuestos a dificultar la expulsión. “Yo no me había visto nunca en los periódicos, y no me gusta… Pero cuando estás hasta aquí –se señala el gaznate-, ¿qué hago?”. Finalmente, la secretaria judicial del juzgado de primera instancia 3 de Málaga admitió el aplazamiento.
Hasta el 25 de marzo, Antonio López deberá encontrar la fórmula para pagar su alquiler o un nuevo hogar. Con una dificultad añadida: hasta ahora el propietario de su casa era un particular, pero una nota simple demuestra que desde hace unos meses el propietario es Gavari Properties, una SOCIMI: un vehículo de inversión cuya finalidad es obtener el máximo beneficio del mercado inmobiliario. La SOCIMI todavía no ha contactado con Antonio López.
Varios vecinos aseguraron ayer a eldiario.es Andalucía que la Gavari Properties ha comprado casi todas las 24 viviendas de tres bloques en esta calle, así como otro bloque muy cercano. Francisco Javier Hinojosa, vecino de Antonio, explica que hace tres meses le subieron el alquiler 110 euros: de 300 a 410. Al día siguiente de firmar su nuevo contrato, encontró con un cartel en la puerta informando de que la casa que habita había sido vendida.
Gavari Properties es una SOCIMI (Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario) de reciente creación, con sede en Madrid. En su página web asegura que “persigue la inversión en el mercado residencial” en dos ciudades: Madrid y Málaga, “donde existe una demanda muy elevada de alquiler”. Cuenta con una cartera de más de 500 viviendas y un capital suscrito de 1.910.000 euros. Sin embargo, el teléfono de su web no está operativo, y durante la tarde del martes tampoco respondió al correo que le envió este medio.
Beneficiarios de ayuda que no encuentran casa
En los últimos años, Málaga ha sufrido un notable aumento de los precios del alquiler, pero sigue en los puestos de cola en los datos de renta media bruta anual y cifras de desempleo. Málaga es la cuarta provincia con el precio medio de alquiler más alto, 1.393 euros, sólo por detrás de Madrid, Barcelona y Baleares. La tasa de paro en la capital es del 23,71% y la renta media bruta por hogar es de 24.287 euros, según el último informe de Indicadores Urbanos.
En este contexto, los desahucios por impago de rentas en Málaga superaron en 2017 a los desahucios por impago de préstamos hipotecarios. De los 1078 desahucios, 566 se realizaron por impago del alquiler, el 52,5% del total, según el informe Los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga recopiló estos y otros datos el pasado verano, en un informe en el que denunció la dificultad creciente que encuentran muchas personas para alquilar una vivienda en Málaga.
Con la ayuda del sindicato, Antonio López acaba de empezar a gestionar la solicitud de una ayuda municipal al alquiler. Sin embargo, la concesión de la ayuda (una subvención directa de 550 euros para personas en riesgo de exclusión social) no garantiza que el beneficiario pueda alquilar. Muchos propietarios rechazan alquilar a inquilinos, aunque este disponga de la ayuda para pagar la renta. Según datos del ayuntamiento, hasta octubre de 2018 se había estimado la solicitud de 1.585 personas en riesgo de exclusión social, pero 870 de ellas “no han encontrado vivienda para implantarla”. Es mucho más rentable alquilar para vivienda turística.
El Sindicato de Inquilinos e Inquilinas vincula la dificultad de acceso a la vivienda, sobre todo en el Centro Histórico, con el incremento de las viviendas de alquiler turístico (VFT) en la ciudad. Según el informe Inside AirBnB de 2018, 5.262 anuncios de viviendas en Málaga capital en la plataforma, más del doble de las registradas. El 71,8% de los anuncios pertenecerían a usuarios con más de una VFT, y habría alguno con más de 70 propiedades, por lo que el sindicato de inquilinos atribuye el aumento exponencial de los alquileres turísticos a grandes empresas y SOCIMIS, como la que ahora es propietaria de la casa en la que vive Antonio López.