La veintena de contratos adjudicados en cuatro años por el Ayuntamiento de Marbella a Construcciones y Demoliciones de la Costa del Sol (Codecosol), una empresa usada presuntamente como tapadera de la trama de narcotráfico liderada por el hijastro de la alcaldesa de Marbella, suman 1.383.945 euros, más del doble de lo que se conocía hasta hace apenas una semana.
Todos los contratos corresponden a obras municipales, fueron suscritos durante el segundo mandato de Ángeles Muñoz como alcaldesa de Marbella (2011 a 2015), y la inmensa mayoría son menores: es decir, tienen una cuantía inferior a 60.000 euros (IVA incluido) y por eso pudieron adjudicarse de forma directa sin mediar concurso público. En total, son 17 contratos adjudicados de esta forma por un total de 840.000 euros, según ha podido acreditar este medio.
Codecosol es una empresa constituida en marzo de 2010 por Nils Fischer, quien se convirtió en poco tiempo en “uno de los principales contratistas del Gobierno local” de Marbella, tal y como él mismo presumía en su LinkedIn. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón cree que era un “testaferro” de Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa Ángeles Muñoz. Ambos están procesados como presuntos integrantes de una trama internacional de narcotráfico y blanqueo de capitales.
La relación comercial entre el consistorio marbellí y Codecosol arranca poco después del nacimiento de la empresa. Codecosol se inscribió como sociedad limitada unipersonal (con Nils Fischer como socio único) el 16 de febrero de 2010, y apenas necesitó 11 meses para lograr la primera de sus adjudicaciones públicas, por un importe de 250.000 euros.
Ese primer contrato se suscribió en enero de 2011 para la rehabilitación de los pavimentos dañados por la “climatología adversa”, por un importe de 250.000 euros procedentes del Plan Proteja de la Junta de Andalucía. La rehabilitación del Auditorio Municipal, en 2013, costó 135.000 euros inicialmente, más 15.000 euros en mejoras. Y la adecuación de un local de la Policía para la expedición del DNI, otros 143.000 euros. Estas tres obras se adjudicaron en procedimientos negociados con publicidad.
Apenas un mes después de lograr la adjudicación del Plan Proteja, Codecosol logró sus dos primeros contratos menores, ya por designación directa: la instalación de unas pistas deportivas en la avenida José Manuel Vallés y la sustitución del acerado de la calle Istán. Sumaban 58.700 euros. Ambas contrataciones fueron aprobadas por decreto de la propia alcaldesa.
A partir de ahí, el consistorio adjudicó a Codecosol una docena larga de contratos menores hasta 2015, casi siempre englobados en los “Planes de Barrios”, con los que se pretendía “revitalizar” los barrios. Las obras contratadas con Codecosol tenían la finalidad de reparar y mejorar el acerado, la accesibilidad a determinadas vías del municipio o la reforma de algunas ubicaciones.
Los expedientes, que el PSOE ha reclamado al Ayuntamiento durante diez meses, son en total 17 contratos menores y tres mayores. Sobre cinco de ellos ya informó hace un año elDiario.es. Sumaban una cifra de negocio total de 642.000 euros. Ahora, con la nueva documentación en la mano, la cifra se duplica con creces.
Aunque la mayoría de los contratos menores se sufragaban con recursos propios del Ayuntamiento, algunos contaron también con subvenciones de la Junta de Andalucía o de la Diputación Provincial de Málaga.
Es el caso de la obra en Avenida de Los Girasoles, que recibió de urgencia una subvención del ente supramunicipal malagueño. Para justificar la urgencia y evitar concurrir a una convocatoria pública de subvenciones, el consistorio alegó “razones de interés público”, como que la acera tenía “mala accesibilidad” y barreras arquitectónicas que habían provocado ya “graves accidentes”. En este caso, la urgencia motivó que el acuerdo de gasto no fuera examinado por el secretario, el interventor ni la asesoría jurídica, según consta en el expediente.
Casi todos los contratos menores fueron suscritos por el entonces concejal delegado de Obras, Francisco Javier García. Y en casi todos los casos no llegaban a superar los límites de la contratación menor por una exigua cuantía, apenas un 1, un 2 o un 3%. Así, una decena se quedaron a 2.500 euros o menos de superar ese límite. En ninguno de los expedientes se explica por qué se contrataba con esta empresa y no con cualquier otra.
El último de los expedientes es de 2015. Tras las elecciones de mayo de ese año comenzaron a gobernar los socialistas, y la contratación con Codecosol se corta y aparentemente no se reanuda con la vuelta del PP al equipo de gobierno, tras la moción de censura articulada por Muñoz y Opción Sanpedreña en agosto de 2017.
De hecho, a finales de 2017 el fiscal Julio Martínez Carazo abrió una investigación sobre algunos de estos contratos, pero las diligencias fueron archivadas. La adjudicación de obras a Codecosol volvió a aflorar cuando elDiario.es desveló que la Audiencia Nacional investigaba a Lars Broberg (marido de la alcaldesa, ya fallecido), Joakim Broberg (hijastro) y Nils Fischer, entre otros, por integrar una organización criminal dedicada al narcotráfico y el blanqueo de capitales. Los socialistas reclamaron entonces todos los expedientes municipales con Codecosol, pero el Ayuntamiento alegó que era muy difícil encontrarlos.
El PSOE pidió amparo a los tribunales, y el consistorio acabó entregándoselos a finales del pasado mes de septiembre, diez meses después de registrar la primera solicitud. Por este retraso, el fiscal ha pedido que se condene al Ayuntamiento de Marbella por vulnerar el derecho fundamental de la oposición a acceder a la información municipal.
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