El Ayuntamiento de Marbella, gobernado por Ángeles Muñoz (PP), ha dado un paso para regularizar la situación urbanística de los intereses inmobiliarios que tiene su alcaldesa en Vega del Jaque, una urbanización situada en un paraje del término municipal de Marbella colindante con Benahavís. La actuación consiste en recalificar –sobre el papel– los terrenos donde se ubica el palacete de la regidora, lo que tendría el efecto de aumentar su valor de mercado en una posible venta.
El nuevo plan urbanístico de Marbella califica por primera vez esos suelos como urbanos. Hasta ahora, para Marbella eran no urbanizables, mientras que para Benahavís sí lo son. Los terrenos se sitúan junto a la linde que separa ambos municipios: están dentro del término municipal de Marbella, pero es Benahavís quien les presta servicios y cobra impuestos.
Marbella pretende aplicarles a partir de ahora una figura que no aparece en la nueva ley andaluza del suelo (LISTA) denominada “tejido urbano discontinuo”, e incluirlos en un “área de ordenación conjunta” con Benahavís. En la práctica, ya son suelos urbanos (y urbanizados) desde los 90; pero sobre el papel, no constan como terrenos urbanizables para el consistorio de Marbella. Hasta ahora.
Dentro de Vega del Jaque está la llamada Casa Rosada, un palacete construido en mármol de Carrara muy cerca del yacimiento arqueológico del Cerro Colorado. Cuenta con dos plantas y dos sótanos, suelos de madera y mármol, techos abovedados, habitación de pánico, pista de pádel, biblioteca, sala de cine y gimnasio. Muñoz y su difunto marido, Lars Broberg, han sido dueños de esta mansión a través de la entidad Crasel Panorámica, S.L., de matriz gibraltareña. Además, a través de otra mercantil (Vega del Colorado, S.A.), Broberg era dueño de una parte relevante de los terrenos de Vega del Jaque, y aspiraba a desarrollarlos.
La mansión fue puesta a la venta en 2016 en una web inmobiliaria de lujo por un precio de 12 millones de euros. En 2022, poco después de conocerse la investigación a Broberg (fallecido en marzo de 2023) y el hijo de este por una presunta trama de narcotráfico internacional, Muñoz y su marido empezaron a negociar la venta de la casa con un millonario procedente de Baréin. Según el documento al que tuvo acceso elDiario.es, pretendían nueve millones de euros, con dos pagos iniciales de 500.000 euros cada uno a ingresar en una cuenta de Luxemburgo. No hay constancia de que esa venta se haya materializado.
Una regularización de la situación urbanística, de tal forma que los terrenos pasasen a ser urbanos para Marbella, incrementaría su valor en el mercado inmobiliario, y ese es el motivo que la oposición siempre vislumbró en los reiterados intentos de “mover” Vega del Jaque de Marbella a Benahavís, donde sí serían urbanos.
Estos intentos empiezan en 2008, con una propuesta de acuerdo entre Benahavís y Marbella para cambiar las lindes, previo Pleno en el que la alcaldesa evitó votar, según recuerdan fuentes presentes. En 2016, llegó a constituirse una plataforma ciudadana contra la alteración de las lindes (“Ni un metro de Marbella para otra población”) y la Fiscalía denunció a Muñoz por la presunta alteración subrepticia de los planos en un Pleno municipal de aprobación del PGOU.
La denuncia penal fue finalmente archivada, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acabó zanjando el debate: no se puede cambiar en un Pleno ni por un acuerdo entre municipios un deslinde que tiene su origen en 1873, de modo que Vega del Jaque sigue estando en el término municipal de Marbella.
“Tejido urbano discontinuo” y “ordenación conjunta” con Benahavís
Ahora, el ayuntamiento está enfrascado en aprobar una nueva ordenación urbanística, que tantos quebraderos de cabeza ha dado desde los tiempos del GIL, partido del ya fallecido Jesús Gil. Marbella se rige por el PGOU de 1986 desde que el Tribunal Supremo anuló (en 2015) el PGOU de 2010, pensado para hacer borrón y cuenta nueva de los desmanes de la época de Gil.
El objetivo del consistorio es que la nueva ordenación esté en vigor a finales de 2025. Para ello, ha presentado dos documentos de avance: el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y el Plan de Ordenación Urbana (POU), ya aprobados en Junta de Gobierno Local. Este último estuvo abierto al trámite de información pública hasta primeros de marzo.
En ambos documentos se retoca la situación urbanística de Vega del Jaque (y, por tanto, del palacete de la alcaldesa), que aparece expresamente reseñada como una de las cuatro categorías del suelo urbano de Marbella. Según la memoria de Ordenación del nuevo PGOM, es suelo urbano lo que califica como “terrenos que forman parte de desarrollos urbanísticos realizados por los municipios colindantes” (Benahavís y Mijas), “pero que, debido al replanteamiento de las lindes del municipio, han quedado situados dentro del término municipal de Marbella”.
Ese sería el caso de Vega del Jaque, que forma una pequeña cuña desconectada de la trama urbana al norte de la A-7. En la práctica, la autovía hace de barrera con Marbella y “acerca” Vega del Jaque a Benahavís, en cuyo Registro de la Propiedad están inscritas las fincas. El municipio vecino ha llegado, incluso, a expedir licencias en esta zona, a pesar de que los terrenos están en el término municipal de Marbella.
Ahora, el ayuntamiento de Marbella propone para ellos una nueva categoría: un área de “ordenación conjunta” con Benahavís, lo que permitiría declarar los terrenos como “tejido urbano discontinuo”, alegando que se conectan con la trama urbana de Marbella a través de Benahavís. En la práctica, significa integrar ese espacio en la ordenación urbana marbellí. Estos terrenos se incluyen en el suelo urbano porque, “aunque no están integrados en la malla urbana de Marbella, sí lo están en la trama urbana” de Benahavís, dice el avance del PGOM.
El documento advierte de que Marbella por sí sola no podría plantear nuevos desarrollos en estos terrenos “por no estar integrado en la trama urbana de Marbella”, pero a continuación parece abrir la puerta a un desarrollo conjunto con Benahavís: “Cualquier actuación de ampliación de estos suelos tiene carácter supralocal por depender de las redes y servicios de los municipios colindantes”.
Los socialistas piden que pague impuestos en Marbella
La “ordenación conjunta” es un concepto nuevo introducido por la Ley de Suelo andaluza, en vigor desde diciembre de 2021. La ley recoge la posibilidad de aprobar un Plan Intermunicipal para ordenar áreas integradas por terrenos situados en municipios colindantes que necesiten una actuación urbanística conjunta. Nunca se ha usado hasta ahora. En cambio, el concepto “tejido urbano discontinuo” no aparece en la ley andaluza. Es un concepto metodológico que los urbanistas suelen usar para referirse a áreas en las que los edificios, carreteras y áreas de superficie artificial ocupan entre un 50% y un 80% de la superficie total.
Para el PSOE, se trata de un nuevo subterfugio orientado a recalificar los terrenos. “Resulta incongruente, inusitado e inverosímil aducir que dichos terrenos se encuentran dentro de la trama urbana (…) ya que para incorporarse a la misma debe discurrirse por otro municipio”, se subraya en las alegaciones al plan de los socialistas, que recuerdan que se calificaron rústicos en 1986 precisamente porque estaban aislados, “cuestión que a la fecha no ha cambiado”.
Los socialistas recuerdan que las lindes no han sido “replanteadas”, como repite el gobierno marbellí, sino que siguen siendo las mismas que en 1873 porque así lo sentenció el TSJA, en una sentencia luego confirmada por el Tribunal Supremo.
Los socialistas sugieren que los terrenos se queden como están, y que sus titulares obtengan del ayuntamiento una declaración de Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO), figura menos “artificiosa”, según el PSOE. Si fueran declarados AFO podrían mantener y conservar lo existente, pero no aspirar a nuevos desarrollos. Además, quedarían obligados al pago de impuesto y la tasa local, que sería del 4,7% por analogía con el Impuesto de Obra Nueva.