LAB pide a Pradales renovar el convenio de Osakidetza y poner fin a la “privatización” de servicios

El sindicato LAB se ha reunido este lunes con el lehendakari, Imanol Pradales, en el palacio de Ajuria Enea. La secretaria general, Garbiñe Aranburu, se ha felicitado por que “huelgas y movilizaciones” hayan situado la necesidad de mejora de Osakidetza en el centro de la agenda pero ha demandado que el pacto de país que promueve el nuevo Gobierno incluya sí o sí una renovación del convenio -el último fue firmado en 2009 y lleva más de una década caducado- y el final de “privatizaciones” y “concertaciones”. La central, a través de sus servicios jurídicos, lleva años recurriendo este tipo de contrataciones y, hasta mayo, había frenado 163 millones en adjudicaciones con sus recursos.

Aranburu ha dicho a los medios de comunicación que no puede haber “acuerdos” en Osakidetza sin contar “con la mayoría de los trabajadores” y ha denunciado que, hasta ahora, en la Sanidad vasca “ha imperado la ley de la imposición” y un “desmantelamiento” de lo público en favor de lo privado. Por ello, aunque “no es un objetivo en sí mismo”, LAB ha avisado de que no renunciará a las movilizaciones si se “agota” la vía de la negociación. En todo caso, ha aceptado como algo “natural” que EH Bildu, la formación política con la que tiene vinculación, haya ofrecido “oxígeno” al Ejecutivo en su búsqueda de mejoras sanitarias después de años de oposición frontal.

LAB, que ha visitado Ajuria Enea en el marco de la ronda de toma de contacto con instituciones, partidos, sindicatos y otros organismos de Pradales, ha señalado que Euskadi tiene también otras prioridades al margen de Osakidetza. Ha mencionado la vivienda, la transición ecosocial y la necesidad de un consenso sobre los cuidados, más teniendo en cuenta que se celebró en fechas recientes una huelga general feminista. LAB, por ejemplo, demanda el derecho a la negociación colectiva de las trabajadores del hogar.

En el plano más laboral y político, LAB ha demandado al lehendakari del PNV más pasos en defensa de la autodeterminación y, en todo caso, impulsar un marco propio de relaciones laborales. ¿Para qué? Para tener un salario mínimo interprofesional (SMI) más alto que el de España -Aranburu lo ha cuantificado en 1.600 euros- y para que los salarios de los funcionarios y las tasas de reposición en las oposiciones. “La reunión de hoy no puede quedar en una reunión de cortesía, tiene que tener continuidad”, ha manifestado también Aranburu.