Desde la atalaya a la que llaman el Balcón de la Vega de Mestanza se divisa, abajo en la llanura, una tupida malla verde, toda una rareza en Málaga capital: son naranjos, limoneros y mandarinos, decenas de miles, que beben del agua del Guadalhorce poco antes de su desembocadura al oeste de la ciudad. Si estos días uno se arrima para apreciar los ejemplares observará que de los troncos asoma una marca marrón: hasta ahí llegó la crecida del Guadalhorce la pasada semana.
Por eso, y por otros motivos, Mari Carmen Mestanza no puede entender que la Junta de Andalucía haya elegido este lugar y no cualquier otro para depurar las aguas residuales de más de 600.000 personas: “Habiendo otras ubicaciones, todas no inundables, baratas, que no hace falta cortar árboles… ¿qué empeño tienen?”.
Desde hace más de cuatro años, esta mujer recibe junto al balcón a políticos de todo signo, periodistas, famosos, activistas y cualquier ciudadano con interés en el asunto. Suele ofrecer mandarinas mientras cuenta los planes de la administración para la Vega de Mestanza, el último gran vergel de Málaga capital: tratar allí las aguas residuales de varios municipios al norte (Cártama, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande) y de zonas de la propia capital, en una nueva estación depuradora capaz de procesar 75.000 metros cúbicos cada día, ampliables a 125.000.
La obra ya ha sido adjudicada por 106,5 millones de euros a una unión de empresas (Sando, Dinotec y Aquambiente), y la actuación tiene un presupuesto total de 138 millones con cargo al canon de mejora de infraestructuras hidráulicas. Incluye diversas conexiones para agrupar vertidos, vincular la nueva estación con la del Guadalhorce e intercambiar caudales de agua regenerada. Parte de los terrenos necesarios ya fueron expropiados, pero para otra parte se han reservado 1,4 millones de euros.
El plan, que la Junta amasa desde hace casi dos décadas, contempla arrancar miles de árboles (8.500 según la administración, hasta 20.000 según los vecinos). Muchos de esos naranjos los han cultivado durante generaciones la familia Mestanza, desde que compraron las tierras a los Larios a principios de siglo. Este año, el Pleno del ayuntamiento de Alhaurín de la Torre aprobó una moción unánime para homenajear a la familia, les prometió un monumento y aseguró que ubicar ahí la depuradora no era “lo más idóneo”, al tiempo que el equipo de gobierno, liderado por el veterano Joaquín Villanova (PP), firmaba el convenio para su puesta en marcha.
Las administraciones esgrimen un motivo de peso: es necesario para depurar. Alhaurín el Grande sigue vertiendo al Guadalhorce sus aguas sin tratar, unos 5.900 millones de litros al año, y eso tiene un coste ambiental y también económico: Andalucía paga 634.000 euros cada seis meses en concepto de multa por este incumplimiento concreto. Desde 2018, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó la multa impuesta por la Comisión, ha abonado 7,5 millones de euros por la falta de depuración en estos municipios. Y como siguen los vertidos, la factura sigue aumentando.
“Esta obra cuenta con toda la tramitación ambiental. Lo que supone un atentado ambiental es no depurar las aguas”, replicó el consejero Ramón Fernández-Pacheco, cuando le preguntaron hace poco por las protestas de los vecinos. Y lo que no se explica Mari Carmen Mestanza es por qué precisamente aquí, en una superficie agrícola próspera gracias a la irrigación natural del río. “Es la última vega de Málaga: una zona rica, que no tiene sequía porque está al lado del río, un alivio para que las crecidas no lleguen a Málaga de esa manera…”.
Durante casi un lustro, esta incansable mujer de 70 años ha acudido a unos 80 Plenos en el ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y de Málaga, y ha aparecido en cada acto político de la Junta de Andalucía o del PP andaluz del que se ha enterado. Ella es la cara más visible de la oposición al proyecto, que incluye también una plataforma de unos 300 regantes y vecinos que tienen sus casas apenas a 300 metros de la futura depuradora.
Lo han intentado todo: presentaron alegaciones, obtuvieron el apoyo de todos los grupos del Parlamento Andaluz excepto del PP, y han acudido a la justicia, tanto en vía administrativa como penal, denunciando un presunto delito de prevaricación a los cargos autonómicos y municipales que insisten en colocar allí la infraestructura.
Ella se lo ha explicado a consejeros, alcaldes y, en varias ocasiones, al propio Juan Manuel Moreno, con el que se reunió en junio. “Siempre promete que va a venir y dice que lo que promete lo cumple, pero no ha venido. Yo tenía la esperanza de que cuando la viera se daría cuenta del error”. Algo que, asegura, le han admitido los regidores en privado. “Pero es demasiado tarde”, le habría dicho el alcalde de Alhaurín (Joaquín Villanueva). “Cuando vino Francisco de la Torre [alcalde de Málaga] y vio esto dijo que iba a ofrecer otra ubicación”, recuerda. Días después volvió a encontrárselo: “Señora Mestanza”, le dijo el regidor: “Tengo malas noticias para usted. La Junta no ha aceptado el cambio de ubicación”.
Las fuertes lluvias de estos días, que causaron destrozos río arriba (en Valle de Abdalajís, Pizarra, Álora y Cártama) han reavivado la cuestión sobre la idoneidad de colocar aquí, en un promontorio de cuatro metros de elevación, una estación depuradora. La tarde del martes, mientras se desbordaba el río a su paso por Cártama, Mari Carmen Mestanza envió fotos y vídeos y una invitación: “En breve [el agua] llegará a la Vega de Mestanza, vengan a verlo en directo”.
Los últimos momentos de luz le permitieron grabar las primeras horas de la crecida. Era su momento para mostrar lo que lleva tiempo contando: aquí se remansa el agua que desborda el Guadalhorce, actuando a modo de esponja natural. La extensión del terreno, unas 70 hectáreas capaces de producir entre 1,5 y 2 millones de kilos de cítricos al año, evita la riada. En los vídeos se observa cómo el agua se extiende entre los naranjos, primero con lentitud; luego con rapidez. A la mañana siguiente se podía comprobar a dónde había llegado. Los frutos tocaban el agua.
Este martes, Carolina España (consejera de Hacienda) sacó pecho por la supuesta “anticipación” del Gobierno andaluz para “impedir que se pueda construir en zonas inundables”, explicando que la última ley de suelo (LISTA) obliga a los ayuntamientos a clasificar esas zonas como rústicas. Pero esa clasificación deben hacerla los municipios en el PGOU, y el de Málaga no se ha modificado para recoger esta novedad. El Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM) sí excluye del “aprovechamiento para el planeamiento urbanístico” las zonas con riesgo de inundación para un periodo de retorno de diez años.
Un vistazo al visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, permite comprobar que la extensión de naranjos es zona inundable de “alta probabilidad”, es decir, con una frecuencia previsible inferior a diez años. Se exceptúa una pequeña porción catalogada “de inundación frecuente” (50 años). Los vecinos tienen un informe ambiental que la califica como “zona prácticamente de cauce activo de forma frecuentísima, cuando no casi anual”. En Vega Mestanza, inundable e inundada hace siete días, va a ser la propia Junta la que construya una infraestructura crítica, de común acuerdo con los ayuntamientos.
Por eso, los vecinos vaticinan lo que ocurrirá al interponer un sólido impermeable de gran volumen en esa vega recurriendo a Arquímedes y su descubrimiento de la bañera. “El que pretende construir en una vega es un inconsciente. Aquí no hay tragedia porque estos es agricultura. Sabemos por experiencia que aquí no se puede edificar. Pero hay un proyecto de los políticos que quieren edificar en la vega, cortar sus árboles y cementarla. Si aquí se pone una infraestructura enorme, esta agua saldrá por Campanillas, será una catástrofe. La naturaleza quiere dar una lección: esta zona es del río y del río tiene que ser siempre”, decía Mestanza mientras grababa la inundación del pasado martes.
En su momento, la Junta de Andalucía valoró cuatro opciones para ubicar la EDAR, una de ellas un solar público situado justo al lado de la depuradora que actualmente da servicio a Málaga capital. Todas las descartó, sin que se sepa muy bien por qué. Los vecinos disponen de un informe ambiental donde se razona que las tres alternativas eran mejores, en términos ambientales y económicos, que la ubicación elegida y alerta sobre la ligereza con la que se despachó cualquier opción: “La elección de alternativas no se puede sustraer al procedimiento de evaluación; este aspecto es de tamaña irregularidad técnica y normativa que resulta totalmente incomprensible que un proyecto público pueda devenirse de esta forma”.
En realidad, la ubicación estaba cantada desde que el ayuntamiento de Málaga la señaló con el dedo en 2009. Ninguno lo quería en su término, y fue Málaga la que acabó ofreciendo este rinconcito en los límites de la ciudad, pegado a Alhaurín de la Torre. Sin embargo, el proyecto se paralizó. En 2017 se conoció la multa europea y entonces los alcaldes acordaron reactivarlo.
La Junta esgrime que en los últimos meses ha reducido sensiblemente el impacto de la infraestructura, limitándola a una superficie de 12 hectáreas (120.000 metros cuadrados), desde los 20,8 que ocupaba en el primer proyecto y los 29 que inicialmente se llegaron a contemplar. También, que es un proyecto necesario, que viene de lejos, y que alterar ahora la ubicación supondría al menos otros cuatro años de retrasos, con el consiguiente coste medioambiental y económico. En una última modificación (que los vecinos entienden “sustancial”) se incorpora una subestación eléctrica y se prevé una nueva vía de acceso a zona no inundable.
Para quienes se oponen, es más de lo mismo. “Lo han movido un poco de sitio, pero sigue siendo terreno inundable. No se puede poner una depuradora en un sitio prohibido”, subraya Marcelino Abraira, abogado de los vecinos, que insiste en la falta de transparencia a lo largo de toda la tramitación.
A pesar de los recursos judiciales, aún en marcha, nada ha parado el proyecto, que se encamina ya hacia su materialización. Hace apenas tres meses, los alcaldes firmaron otro convenio con la Junta para su puesta en marcha, en el que se explicita que el Ayuntamiento de Málaga asume la prestación de los servicios de depuración, “debido a su gran experiencia” y a las “economías de escala que se producirán habida cuenta del volumen que ya gestiona”. Se supone que antes de final de año, todo empezará a rodar. Los vecinos siguen pensando que no es demasiado tarde.
A través de nuestro canal en Telegram trasladamos de forma inmediata lo que ocurre en Andalucía: últimas noticias que van aconteciendo, o donde, simplemente, te ofrecemos un resumen de la información más relevante del día.