Archidona es un municipio con 8.168 vecinos, donde el año pasado nacieron 39 niños y que, hasta marzo de este año, ha celebrado ocho alumbramientos. En este pueblo, que ha perdido casi dos mil habitantes en los últimos 30 años (el 20% de la población que tenía en 1991), una empresa quiere levantar un nuevo centro educativo privado capaz de proporcionar un itinerario educativo completo (Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato) a 840 niños.
El Ayuntamiento tiene la esperanza de que aporte dinero y trabajo, pero la comunidad educativa y la de los pueblos de alrededor se oponen al proyecto, plasmado en un convenio entre la empresa y el consistorio. Creen que pone en riesgo la educación pública de la comarca, y argumentan que una pérdida de alumnado, por pequeña que sea, llevará a la supresión de líneas.
“A medio plazo puede tener como consecuencia que uno o dos centros públicos terminen cerrando”, advierte Roberto López-Cózar, director del IES José Navarro y Alba. Su instituto ha suscrito un comunicado oponiéndose al proyecto, igual que las AMPAS y las direcciones del otro instituto del municipio y los dos colegios de infantil y primaria. En los últimos días se han sumado AMPAs y centros de Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco, Villanueva de Tapia y Fuente Camacho, pueblos y aldeas de una comarca que ronda los 30.000 habitantes y que piden, al menos, garantías de que el centro privado no acabará concertando líneas, lo que expondría a los centros públicos a perder aún más alumnos. “La educación pública es riqueza para Archidona y su comarca”, razonan.
En el contrato entre el Ayuntamiento y la empresa (un arrendamiento durante treinta años con opción de compra de un terreno público de 12.000 metros cuadrados a cambio de 415.000 euros), hay una estipulación que recoge que la empresa se compromete a “no concertar plazas en ninguna de sus líneas educativas”, y que esta cláusula deberá mantenerse si la infraestructura se traspasa. Pero esta cuestión va más allá de las competencias municipales, y aunque el Ayuntamiento estudia cómo blindar esa cláusula a petición de los opositores, la alcaldesa admite: “No creo que pueda ocurrir [la concertación], pero ni el futuro está escrito, ni el Ayuntamiento es competente en educación”.
Fénix School, por su parte, insiste: no va a concertar “bajo ningún concepto”. “Esa es nuestra intención. En una inversión grande es absurdo recurrir a una concertación, sería ruinoso. Queremos hacer algo absolutamente privado”, explica Francisco Hernández, gerente de la empresa.
Fénix School ya ha empezado a mover tierras y Hernández asegura que su plan es abrir la primera línea con Infantil y Primaria en septiembre, aunque aún no haya un ladrillo puesto y en la Delegación de Educación digan que no conocen el proyecto.
Hernández describe con jerga de innovación docente (“trilingüe”, “siglo XXI”, “orientación al mercado laboral”), un proyecto que, cuando esté culminado, incorporaría una residencia de estudiantes. “Este centro no está pensado para Archidona, evidentemente”. Se trataría de captar alumnos a setenta kilómetros a la redonda. Planea iniciar una campaña de captación de alumnos a través de la radio, colocar una caseta de información junto al colegio en los próximos días y ya están pegando carteles en ciudades cercanas como Antequera o Loja (Granada).
Fénix School vendría a rellenar un supuesto vacío. Un tipo de educación privada que se ofrece en la Costa del Sol o las capitales, pero escasa o inexistente en zonas de interior que están sufriendo despoblación. “Hemos elegido Archidona porque en ciudades más grandes un terreno vale 15 veces más y las tarifas tienen que salir a 1.200 euros”. En Archidona costará 460 euros, dice Hernández, que cree que su empresa, además de querer ganar dinero, hará así una “labor social”.
La comunidad educativa lo ve de otro modo. El día siguiente a que se tratara el tema en el Pleno municipal, todas las AMPAs y centros suscribieron un comunicado conjunto pidiendo la paralización del proyecto. “La apertura de un centro privado puede conllevar una pérdida de alumnado, que supondría una pérdida de recursos de los que se benefician todas las familias de Archidona, los que tienen más y menos posibilidades económicas”, argumenta López-Cózar, que teme que a medio plazo cierre uno de los dos colegios públicos y un instituto. Más aún si acaba siendo concertado, pues las instalaciones que promete son muy atractivas, argumenta Aurora Pedrosa, portavoz de las AMPAs de Archidona, y el trasvase de alumnado es probable.
La comarca está sufriendo un proceso de despoblación que se agrava con la baja natalidad. Según los datos municipales, en 2019 se produjeron 63 nacimientos; en 2020 fueron 39; y hasta marzo de 2021 han sido ocho. Esto se refleja en los colegios. En los últimos años ya se han cerrado dos líneas de infantil, una de las dos que tenía cada colegio. Hasta ahora, las ratios se mantienen por debajo de los máximos de 25 (Infantil y Primaria), 33 (Secundaria) o 35 (Bachillerato). “Hay clases con 20. Nuestra clase más numerosa es de 27”, explica el director. “Pero si se llevan unos pocos alumnos y nos quedamos con líneas de 16, la Delegación puede dejar el Bachillerato solo en uno”.
Lo mismo temen los colegios de pequeños municipios de la comarca, cuyas aulas podrían quedar reducidas a tan mínima expresión que acaben absorbidas por los centros de la cabecera de comarca.
La postura de la comunidad educativa es aparentemente unánime, pero en el municipio muchos ven con optimismo la llegada de un nuevo centro. La asociación de empresarios emitió un comunicado de apoyo y el proyecto cuenta con el sostén firme del Ayuntamiento, que vislumbra el motor económico que podría dinamizar una economía decadente. “Lo veo con mis amigos. Los jóvenes se van y no vuelven”, lamenta Mercedes Montero, alcaldesa de Archidona (PSOE), que razona: “Es una inversión que no se podía rechazar en los tiempos que corren”.
El contrato suscrito obliga a la contratación en Archidona de la mano de obra necesaria para levantar el edificio y da preferencia a que los trabajadores del centro sean archidoneses. También los suministros deberán adquirirse en el municipio. Se anticipa una inversión inicial de dos millones de euros y de entre cinco y ocho cuando el proyecto esté a pleno rendimiento, pero los opositores recuerdan que la cárcel, inaugurada en 2018 tras ocho años de obras y 117 millones de euros invertidos, no trajo la bonanza económica que se prometía.
Además, resaltan que los centros públicos, cada uno de los cuales gasta en el pueblo unos 50.000 euros cada año, dejarán de hacerlo si desaparecen. “El Ayuntamiento piensa que el centro privado va a sumar, pero nosotros no lo tenemos claro”, comenta Roberto López-Cózar, que se queja de que nadie en los centros sabía nada de este proyecto hasta el Pleno del pasado 11 de marzo.
La alcaldesa y la empresa creen que no están haciendo nada extraño: un centro de educación privada junto a otros públicos. “El primer valor se lo doy a la Constitución y la palabra libertad. Es necesario que las familias puedan optar a lo que quieran para sus hijos e injusto quitar a los chicos que puedan tener esta educación”, dice Francisco Hernández. La alcaldesa hizo suya esa bandera en el Pleno: “La educación pública no se defiende impidiendo que haya un centro privado. El que se quiera pagar una educación privada, ¿dónde está el problema?”.
Pero en Archidona saben que el problema es otro. “El problema de los colegios públicos no es que se vaya a instalar uno privado, sino que no nacen niños”, concluye la alcaldesa. Puede que no haya para todos.
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