Desde el pasado diciembre, María (nombre ficticio) venía recibiendo tres horas y media de clase a la semana. Una profesora del colegio Tartessos (Málaga) se conectaba una hora los lunes para enviarle las tareas de matemáticas, hora y media los miércoles para corregirlas con ella y otra hora los viernes para enviar tareas de todas las asignaturas. Para sus padres era insuficiente porque la profesora no corrige las tareas de las asignaturas en francés, pese a que el centro es bilingüe. Sin embargo, era algo. Desde el pasado miércoles, la niña espera en vano: la profesora no se conecta.
Aunque la familia tiene un informe de su pediatra donde se señala que es “especialmente vulnerable ante el posible contagio de coronavirus”, la dirección del centro y la Delegación de Educación en Málaga advirtieron el pasado 19 de febrero de que la niña debía reincorporarse a las clases presenciales el 2 de marzo. Por ahora, no lo ha hecho. María Dolores Moya, su madre, y Enrique Espejo, su padre, vienen batallando desde el comienzo de curso para lograr que se reconozca que su hija, que padece una enfermedad inflamatoria intestinal del tipo autoinmune, debe recibir clases telemáticas.
Sin embargo, su petición choca contra un muro infranqueable en el que han rebotado decenas de escritos. La enfermedad que padece no está recogida en el listado de patologías de riesgo elaborado por la Asociación Española de Pediatría. Los niños que sufran la enfermedad de María y estén estables deben incorporarse a los centros escolares “siguiendo de forma rigurosa las medidas de higiene y protección adecuadas”. Esta es también la recomendación de la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (SEGHNP).
Para la familia, la clave está en que nadie les garantiza que las medidas de higiene se cumplen en el colegio “de forma rigurosa”. Resaltan que en el centro escolar no se puede mantener la distancia de seguridad mínima, las mesas son dobles, la ventilación es escasa y en el recreo no se mantiene la burbuja. En septiembre, la doctora especialista en aparato digestivo asignada a María recogió lo siguiente en un informe clínico: “Debido a la situación epidemiológica actual, por pandemia SARS-Cov2, es importante que siga de forma rigurosa las medidas de higiene y protección adecuadas para evitar contagios”. En esas circunstancias, sus padres concluyeron que lo más prudente es que su hija (y su hermano mellizo) no acuda al colegio.
La Delegación de Educación y el centro lleva meses pidiendo a la familia (y a otras siete en el mismo centro) que aporten un documento médico que especifique que no debe asistir. Pero la familia denuncia que le están pidiendo un imposible: “Los médicos dicen que ellos no pueden hacer valoraciones”. En cambio, sí ha conseguido que la pediatra reconozca en un informe fechado el 10 de febrero que la niña es “especialmente vulnerable”, sin entrar en si debe o no asistir al colegio por ese motivo.
La Delegación de Educación y el propio centro señalan que es insuficiente, por lo que en la penúltima semana de febrero notificaron a la familia que la niña debía acudir al centro, siguiendo el criterio de la asesoría médica de la Delegación. Hasta ahora, el centro no ha registrado la inasistencia de los niños como falta injustificada, lo que podría dar lugar a un expediente de absentismo y a la posible intervención de la Fiscalía.
La familia justifica su postura en su deseo de proteger a la niña. Muchas familias, con un celo que va más allá de lo pautado en la norma, han decidido que sus hijos se ausenten del centro, ya sea de forma permanente o esporádica. De momento, la actitud de la administración ha sido comprensiva con estos casos y no se conocen expedientes de absentismo. Según fuentes de Delegación, los casos son “anecdóticos” y similares a los de cursos pasados.
Pero el caso de María es la punta de un iceberg que se intuyó el pasado 9 de febrero, cuando el consejero de Educación Javier Imbroda presentó al Consejo de Gobierno el balance del primer trimestre escolar. Allí se señala que 6.615 estudiantes no acudieron a su centro durante el primer trimestre del curso por su situación de vulnerabilidad, bien por razones de salud propia o de algún familiar conviviente. De ellos, 788 niños y niñas no fueron “atendidos” “por falta de colaboración de las familias, de justificación de su situación de vulnerabilidad o por no haber sido posible la comunicación”.
Lo cierto es que la familia libra una batalla casi sin apoyos. La confederación ACCU (Crohn y colitis ulcerosa) se remite a la “guía para familias en tiempos de pandemia” elaborada por la SEGHNP, donde se establece que la enfermedad que padece María “por sí misma no parece ser un factor de riesgo para adquirir SARS-CoV-2 ni para desarrollar una infección más severa”. Pero matiza: “Cada caso de enfermedad inflamatoria intestinal es único y que los y las especialistas de digestivo son quiénes hacen las recomendaciones individuales a cada paciente en función de su estado”.
En un artículo publicado en mayo de 2020, varios especialistas en el aparato digestivo del Hospital Gregorio Marañón o el Clínico Universitario de Santiago, entre otros (integrados en el Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa) señalan que, con la evidencia recabada hasta entonces, aunque este tipo de pacientes tienen un mayor riesgo de sufrir infecciones “relevantes y oportunistas”, “no parece” que tengan mayor riesgo de infectarse por Covid 19.
Sin embargo, admiten la posibilidad de que la enfermedad justifique una baja laboral preventiva. A la pregunta de si está justificado que quien esté recibiendo tratamientos biológicos e inmunosupresores solicite una baja preventiva, responden: “En los pacientes con actividad laboral en la que no se pueda mantener una distancia mínima entre personas o con riesgo de contacto con secreciones se debería buscar la adaptación de su actividad preferiblemente a teletrabajo. Si esto no fuese posible, debería considerarse entonces la baja laboral”. María está recibiendo tratamiento con inmunosupresores.
Fuentes de Delegación insisten en que la atención telemática no puede ser “a la carta”: “Hay un protocolo, y si no tienen toda la documentación que se exige para la docencia telemática, no pueden recibirla”. Si hasta ahora la ha recibido, es porque estaba abierto el plazo para que la familia presentara nueva documentación médica y no existía una resolución definitiva del expediente.
La familia ha vuelto a pedir a la Delegación y el centro que revisen su decisión de exigir que la niña se reincorpore y que, entre tanto, mantenga la asistencia telemática. También ha llevado el caso ante el Defensor del Pueblo Andaluz que, atendiendo a las explicaciones de la Delegación, ha concluido que la niña debe acudir al colegio.
“Sé desde el principio que la enfermedad de mi hija no está en la lista de enfermedades de riesgo y desde el principio solo se nos argumenta esto para no atenderla. Pero dispongo de informes donde evidencian su vulnerabilidad frente al COVID. Y la normativa contempla estos casos y no se les quiere atender”, protesta Mariola, decidida a llegar hasta el final para no perder, al menos, lo poco que ha conseguido hasta ahora: tres horas y media de atención a través de un ordenador.
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