Las hermanas de García Caparrós cargan contra el Gobierno y el Congreso por la demora para reconocerlo como víctima

Dolores, Purificación y Francisca García Caparrós se sienten engañadas. Las hermanas de Manuel José, asesinado de un tiro por la espalda por un miembro de la Policía Armada durante la manifestación por la autonomía el 4 de diciembre de 1977, recibieron el pasado 27 de febrero el compromiso público de María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, de que se facilitaría el acceso íntegro a los documentos secretos de la investigación de su muerte en el Congreso. Sin embargo, cuatro meses después no saben nada ni de la supuesta modificación legal que se necesita para eso, ni de que haya avances para su reconocimiento como “víctima del terrorismo de Estado”, que es lo que pretenden.

“Vamos a impulsar una iniciativa, junto con IU, en este caso Sumar, para desclasificar de forma total y completa, sin anonimizar, todos los documentos que se conservan en las Cortes”, dijo aquel día la vicepresidenta Montero, sin que se conozca aún nada de esa iniciativa. Nadie les ha vuelto a decir nada desde entonces, cuando se celebró un vistoso homenaje con nutrida presencia institucional (la vicepresidenta, el delegado del Gobierno, el alcalde).

“El Gobierno se está riendo de la familia”

El Gobierno de España se está riendo de la familia García Caparrós“, ha protestado hoy Purificación, en una rueda de prensa convocada por el grupo municipal Con Málaga, del que forma parte Izquierda Unida, integrada a su vez en el Gobierno a través de Sumar.

Además, las hermanas han dirigido una carta al presidente Pedro Sánchez. Es la segunda: ya lo hicieron en 2018, sin que, dicen ahora, les sirviera para mucho. En la misiva le agradecen el acto de reparación y reconocimiento del pasado febrero, pero le recuerdan que Montero “anunció que iba a mover todos los mecanismos posibles” para desclasificar la documentación, y que no saben nada nuevo. Piden que les reciba y anuncian batalla para lograr que se reconozca a Manuel José como víctima del terrorismo y se desclasifiquen los papeles. “En esta lucha está toda nuestra vida”, advierten.

Javier Salas, subdelegado del Gobierno en Málaga, ha ratificado poco después el compromiso del Gobierno sin dar detalle de ningún avance concreto. “La vicepresidenta se comprometió a desclasificar los papeles. Yo me imagino, pero se escapa a mi competencia porque son los grupos de los partidos políticos en el Congreso los que están debatiendo eso, y en breve se llegará a un acuerdo. Es un tema legislativo, no ejecutivo, pero me consta que la intención del Gobierno era esa”.

Las diversas velocidades de los pasos a dar ya abrieron una brecha entre IU y el PSOE el pasado febrero, cuando los miembros socialistas (y del PP) de la Mesa del Congreso se negaron a conceder acceso completo a los documentos amparándose en un informe de la jefa de documentación, contra el criterio de IU.

Tampoco gustó en IU sentir que los socialistas y, en particular, Montero, se apropiaban del acto homenaje. Maíllo o Valero quedaron relegados y tuvieron que acudir como invitados de la familia tras enterarse apenas tres días antes. IU lleva muchos años prestando apoyo a las hermanas, por ejemplo a través de la solicitud de la desclasificación completa de los documentos. Tanto Eva García Sempere (en 2017) como Valero, ahora, los consiguieron, pero con tachaduras para preservar el anonimato de los citados allí. En febrero, Sumar pidió que la decisión se reconsiderase, pero la mayoría de la Mesa (PSOE + PP) rechazó su recurso.

Esa brecha ha vuelto a escenificarse hoy. Toni Morillas, líder municipal de IU y portavoz de Con Málaga en el Ayuntamiento, ha explicado que preparan una batería de iniciativas institucionales: pedirán explicaciones de “los pasos y los tiempos” dados por el Gobierno y la mesa del Congreso a través del diputado Toni Valero y también presentarán una moción a nivel municipal. “No queremos esperar a una nueva efeméride. Hubo un compromiso de la vicepresidenta. Las víctimas ni admiten más demora”.

“Víctima de terrorismo” o “víctima del posfranquismo”

47 años después de que Manuel José recibiera un balazo mientras participaba en una manifestación pacífica que reventaron grupos de ultraderecha cuando un joven trepó para colocar una bandera andaluza en el balcón de la Diputación Provincial, su nombre es el principal símbolo de la autonomía andaluza. Es Hijo Predilecto, hay calles en su nombre, su memoria ha sido recuperada a nivel popular mediante películas, libros y artículos de prensa. Antonio Banderas le rindió un emotivo homenaje al dedicarle su reconocimiento como Hijo Predilecto.

Sin embargo, sus tres hermanas siguen clamando contra el vacío institucional, porque ni el Gobierno le considera víctima, ni el Congreso abre al público todos los papeles que tiene, ni el Parlamento andaluz debate su caso. Y se sienten utilizadas para dos fotos al año: el 4 de diciembre (efeméride del asesinato de su hermano) y el 28 de febrero, Día de Andalucía. Entre medias, todos son dificultades, trabas, tachones o, como denuncian ahora, silencio. “Estamos hartas”, han advertido este lunes.

Manuel José tenía entonces 19 años. “Un policía lo mató por la espalda en una manifestación pacífica. El Estado quiso borrar su muerte. Nuestros padres murieron a los dos años y a nosotras nos abandonaron en un rincón mientras al asesino [un integrante de la Policía Armada cuya identidad solo se conoce por las iniciales] le subieron de categoría”, ha dicho este lunes Dolores.

Su reclamación es que se reconozca a su hermano como víctima del terrorismo, lo que abriría la puerta a su reparación íntegra, también en el plano económico. No les satisface el término “víctimas del posfronquismo”, que pretende el Gobierno, porque ni siquiera saben bien qué significa ni qué implicaría. Y creen que la situación actual crea una diferencia entre víctimas de primera y de segunda, entre las que estarían, además de Manuel José García Caparrós, otros asesinados o torturados durante los años de la Transición. “Se descabeza la familia, los padres se mueren de pena. Estas muertes suponían un trauma económico en la familia, porque empezaban a trabajar muy jóvenes”, resalta Joaquín Recio, que ha trabajado con las familias para constituir una asociación de víctimas de la Transición.

Recio también ha anunciado que pretenden incorporarse a la vía de la llamada “querella argentina”, un procedimiento penal abierto en aquel país para evitar la impunidad de los crímenes de genocidio y lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista.