La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga ha vuelto a abrir diligencias de investigación que afectan a la obra de la ciudad deportiva del Málaga CF, que se desarrollan en el paraje de Arraijanal. El fiscal pide ahora que se investigue la perforación de un acuífero, denunciada por los ecologistas, y reclama que se aclaren sus posibles efectos sobre el medio ambiente y la salud.
Se trata de la segunda investigación que abre la Fiscalía en torno a las obras de Arraijanal, un paraje pegado a la última playa virgen de la ciudad donde la Fundación del Málaga CF está construyendo una ciudad deportiva, aprovechando una cesión gratuita del suelo por parte del ayuntamiento de la ciudad. En esta ocasión, el fiscal quiere saber si la constructora ha perforado un acuífero y cuáles son las consecuencias. El Decreto de apertura de las diligencias está fechado el 3 de julio.
De lo primero hay pocas dudas. Del subsuelo de Arraijanal mana desde hace semanas abundante agua. Los activistas que acampan desde hace meses han realizado acciones de protesta como bañarse allí, porque hay tanta agua que se forma una auténtica piscina cuando las bombas no están achicando a pleno funcionamiento.
El agua mana al menos desde el 2 de junio. Brota de una hondonada que las máquinas hicieron para que sirva de aljibe para la futura ciudad deportiva. El 15 de junio, las asociaciones Ciriana, Arcusves, Torre Vigía y Almar registraron la denuncia, advirtiendo de que el Plan Especial para Arraijanal ni siquiera contiene un Estudio de Impacto Medioambiental que tenga en cuenta las afectaciones para el acuífero de la obra y su posible sobreexplotación. Ese lugar ya está encementado, por lo que los ecologistas creen que el daño podría ser irreparable.
Los ecologistas denuncian que la constructora Bilba está usando el agua para la obra y desperdiciando la restante. El Plan Especial, publicado en el BOJA, recoge que la ciudad deportiva, que cuenta con varios campos de césped, se abastecerá con una toma a la red general y con pozos. Para abrir estos pozos del acuífero se necesitaría de la intervención de la Dirección General de Dominio Público Hidráulico y de la Dirección General de Minas, que no consta. Sin embargo, sorprendentemente el proyecto de urbanización tramitado en la Gerencia de Urbanismo sólo prevé que se abastezca de la toma de agua de la red. No prevé que se perfore un acuífero ni el abastecimiento procedente de pozos.
Mari Cruz Torres, portavoz de Ciriana, asegura que se ha reunido con el delegado de Medio Ambiente. “No entendemos cómo no paran la obra, que no se ajusta al plan especial ni a su propio proyecto de urbanización. Nos han dicho que ellos no han podido acceder al proyecto”. Ese proyecto está disponible para cualquier ciudadano en la Gerencia de Urbanismo.
La posible salinización del acuífero
La posible salinización del acuíferoEl acuífero apareció apenas a cuatro metros de la superficie. Las sucesivas fases del proyecto prevén incluso aparcamientos subterráneos, para cuya ejecución haría falta bombear agua durante todo el día. Cruz explica que se trata de un acuífero a mucha altura porque es aluvial, y añade que independientemente de su protección, es una zona de arenal húmedo. Existe el riesgo de que su sobreexplotación provoque la salinización del acuífero, lo que lo inhabilitaría para el consumo humano. “Hay una especie de barrera que lo separa del agua del mar; si sacas litros estás desequilibrando la masa de agua subterránea. Esa membrana que separa las aguas pierde estabilidad y se produce intrusión marina para rellenar lo que se va perdiendo”, explica.
Los ecologistas recuerdan también el caso del acuífero del Valle de Abdalajís; en 2005, una tuneladora del AVE pinchó su acuífero. Desde entonces, el pueblo no tiene agua asegurada y recurre con frecuencia a los cortes de agua y al suministro con cubas.
El fiscal archivó en mayo la primera investigación, por entender que las respuestas del ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Seprona acreditaban que la tramitación del proyecto se ajustaba a la legalidad. En aquella primera ocasión, las asociaciones Arcusves, Ciriana y Torre Vigía habían denunciado que las obras vulneraban la protección ambiental y arqueológica que merece el paraje. Decenas de aves migratorias morían cada día y la obra se realizaba sobre una antigua villa romana. Luego ampliaron su denuncia al riesgo de inundabilidad, pero tampoco sirvió para que el fiscal fuese más allá de instruir unas diligencias preprocesales.