El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Málaga ha dado carpetazo a la investigación penal sobre el deterioro acelerado del espaldón del dique de Levante del puerto de Málaga, que va a tener una vida útil de una cuarta parte de lo previsto. Concluye que el problema se debe a “deficiencias en la ejecución” y que “todo apunta” a que la dirección facultativa las conoció y consintió. Sin embargo, zanja la investigación porque considera que todo fue una imprudencia. El fiscal no ha encontrado “ningún indicio” que sugiera que la decisión de ejecutar una mala solución técnica (el espaldón está especialmente expuesto al mar) “fuera fruto de un concierto de naturaleza delictiva”. El espaldón del dique de Levante protege por el este a la plataforma sobre la que se colocaría el polémico rascacielos del Puerto.
La conclusión del fiscal, a la que elDiario.es Andalucía ha tenido acceso, contrasta con el hecho de que dos exingenieros del puerto, uno de ellos el responsable de esta obra, ya hayan sido condenados por alterar liquidaciones de obras acometidas en el recinto portuario en la misma época, beneficiando en 781.000 euros a la misma UTE que ejecutó el espaldón, integrada por Sando y Dragados. Estos dos mismos técnicos, así como tres empleados de la UTE, también han sido acusados por Fiscalía por emitir certificaciones falsas en beneficio de la UTE por valor de cuatro millones de euros en otro proceso, pendiente de sentencia.
En ambos procedimientos el fiscal concluyó que existió un modus operandi en las obras de renovación del Puerto ejecutadas a principios de siglo: utilizando los vínculos laborales y comerciales con dos ingenieros del Puerto, Sando y Dragados inflaron irregularmente su coste, emitiendo liquidaciones artificiales o por partidas sin ejecutar. La sentencia ya emitida llega a decir que el objetivo era “compensar” a Sando y Dragados por su oferta tan baja, gracias a la cual habían obtenido el contrato. El director de estas obras era Juan Pablo Gómez de la Fuente, el mismo que el de la prolongación del dique de Levante.
“La Dirección Facultativa conoció y consintió esos problemas”
En el caso del espaldón, en cambio, el fiscal cree que tan solo hay una actuación negligente de los responsables de obras del puerto. Apunta también que, aunque hayan aparecido en la liquidación dos partidas de escollera que nunca se pusieron, por valor de 167.000 euros, el delito de malversación y falsificación documental estaría ya prescrito.
“Todo apunta a que la Dirección Facultativa conoció y consintió esos problemas sin conminar al contratista a adoptar cualquier otra medida idónea, con un comportamiento que merece cuando menos la calificación de negligente”, dice el fiscal, puesto que ordenó unos ensayos cuyos resultados ignoró. Además, omitió la “precaución elemental” de un plan de auscultación y mantenimiento de la estructura. Hoy, el espaldón del dique de Levante presenta un estado de corrosión tan avanzado que repararlo costaría entre seis y siete millones, según un informe de Inelco citado en su día por el Presidente del Puerto.
El Puerto abrió un expediente para determinar qué perjuicio patrimonial le ha supuesto la rápida descomposición de la obra y ha pedido a Sando y Dragados que le propongan soluciones “amistosas”, “sin que dichas empresas hayan atendido el requerimiento”, recoge el fiscal. Fue la propia Autoridad Portuaria quien acudió a Fiscalía para que investigara los posibles delitos cometidos.
Ahora, el fiscal propone al Puerto dos alternativas: pedir una indemnización en la vía civil o “asumir una inversión millonaria” para sustituir una obra ya amortizada.
Un proyecto inadecuado y una normativa obsoleta
El dique de Levante es la estructura más oriental del puerto de Málaga. Las obras de prolongación se ejecutaron entre septiembre de 1997 y agosto de 2000, dentro de un ambicioso plan de modernización de todo el recinto portuario. El coste de las correspondientes al dique de Levante era inicialmente de 41,7 millones de euros. La adjudicataria fue la UTE Sando-Dragados, que concurrió con una variante técnica para el espaldón: en lugar de uno “de tipo masivo y trapezoidal” construiría otro “más esbelto” apuntalado con arbotantes. Poco después, añadió un modificado que incrementó el coste en cuatro millones. En total, el precio abonado a la UTE por toda la obra fue de 45,7 millones de euros.
Las investigaciones técnicas han acabado por constatar que aquella solución fue un error, puesto que solo ofrecía algunas “ventajas estéticas” y una “ligera reducción de costes”. Por el lucimiento y el ahorro, la estructura quedó más expuesta al oleaje y a la corrosión marina. Además de la mala solución técnica, allí nunca se vertió el hormigón adecuado. Así lo resalta el fiscal, basándose en los informes que ha aportado la propia Autoridad Portuaria.
Además, el fiscal dice que todo eso ya se sabía. La Asistencia Técnica encargada del control de materiales advirtió de que no se estaban cumpliendo las normas de calidad y que se estaban añadiendo unos aditivos “super fluidificantes” que generarían una disgregación de áridos. Además, la Dirección Facultativa ordenó al menos cinco ensayos de penetración del agua en el hormigón.
Nada de eso sirvió para exigir al contratista que reforzara la obra. Sando y Dragados esgrimieron una razón de “costes” para no “curar” el hormigón mediante riego, como pidió la Dirección Facultativa, y alegaron que la normativa de calidad, más exigente, no había entrado en vigor cuando empezaron la obra. Después, la dirección facultativa (el ingeniero del puerto, ya condenado por otras obras) dejó de exigirles nada.
La seguridad del dique que abrigaría el futuro rascacielos
En 2016 empezaron a observarse los primeros síntomas, en forma de corrosión y de fisuras en el hormigón. El Puerto encargó una inspección técnica al CEDEX, un centro de estudios de obras públicas dependiente del ministerio de Fomento, cuyo informe es concluyente: existe un “importante estado de fisuración” que no afecta, por ahora, a la seguridad estructural, “pero que de no remediarse derivaría en un deterioro paulatino y acabaría comprometiendo la seguridad y estabilidad del Dique de Levante”, según recuerda el fiscal.
La corrosión es “prematura, intensa y generalizada”, lo que se traduce en una “drástica reducción de su vida útil”, según el CEDEX. Arreglarlo no es barato. Carlos Rubio, presidente de la Autoridad Portuaria, explicó a El Español de Málaga que el coste estimado por Ineco para corregir estas deficiencias está entre seis y siete millones de euros, y se mostró partidario de eliminar el espaldón y sustituirlo por una nueva estructura. De los 57 años de vida útil que se estimaron en el proyecto, solo ha cumplido 17.
Se da la circunstancia de que sobre la plataforma protegida por el dique de Levante, ahora en proceso de corrosión, está proyectado el rascacielos del Puerto, promovido por un grupo inversor catarí, y con una altura autorizada provisionalmente de 135 metros en 27 plantas. Esta plataforma surge en el hueco generado por la prolongación del dique, el muelle de cruceros (al oeste) y una escollera (al sur).
En su día, José Seguí, arquitecto del rascacielos, explicó a elDiario.es Andalucía que no había problema y aseguró que su edificio no se vería afectado por la corrosión del dique, que calificó de “superficial”, puesto que se asienta sobre la plataforma de relleno, actualmente ocupada por un aparcamiento. “Los cajones del dique no tendrían ninguna relación con la construcción de la Torre porque es un elemento distante”, aseguró. Sin embargo, otras fuentes portuarias alertan de que la inestabilidad de uno de los laterales de la plataforma podría producir un desplazamiento de todo el conjunto. De hecho, en la última modificación del proyecto, el rascacielos se retranquea de 20 a 50 metros, alejándolo del dique de Levante. Para conocer la posible afectación de todo el conjunto el Puerto encargó un informe subacuático, cuyas conclusiones aún se desconocen.
El Puerto y el ayuntamiento de Málaga apoyan la construcción del rascacielos en el Puerto, a la que el Ministerio de Cultura ha opuesto un informe negativo por considerar que tendría una afectación irreversible sobre el paisaje del centro histórico de la ciudad. También se oponen a instituciones como el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), que asesora a la Unesco, la Academia de Bellas Artes de San Telmo, el Colegio de Arquitectos o la Plataforma Defendamos Nuestro Horizonte, que integra numerosas voces de la cultura, la universidad y la sociedad civil malagueña.