Dos empleados públicos de la Autoridad Portuaria de Málaga y la empresa SANDO se conchabaron para certificar obras falsas en el Puerto de Málaga, logrando aumentar así la factura de la constructora en 781.000 euros, en perjuicio de las arcas públicas del Puerto. Nueve años después de que comenzara la investigación, la Audiencia Provincial acaba de condenar a dos de los acusados (Juan Pablo de la Fuente, ex jefe del departamento de infraestructuras del Puerto y José Fernández Durán, ex jefe de la división de obras) a dos años de prisión, multa e inhabilitación especial, como autores de un delito de falsedad en documento oficial. A Carlos Martínez, jefe de obra de SANDO, lo condenan a seis meses de prisión, multa e inhabilitación, como cómplice. A todos les aplica una atenuante muy cualificada, por el notable retraso de todo el procedimiento.
En cambio, los acusados han sido absueltos del delito de malversación: el tribunal entiende que, aunque certificaron y liquidaron unas obras que sabían que no existían o estaban sobremedidas, no tenían la facultad de disponer directamente del dinero público con el que se pagaron. SANDO, la empresa beneficiaria del fraude, ha sido condenada como responsable civil.
Esta sentencia es la primera de las dos en las que los tribunales se deben pronunciar sobre un modus operandi común, ejecutado en la primera década del siglo gracias a los fondos europeos que sirvieron para acometer una importante renovación en infraestructuras del Puerto de Málaga. Utilizando los vínculos laborales y comerciales con dos ingenieros del Puerto, Sando y Dragados inflaron irregularmente el coste de obras acometidas en el Atraque Sur [por las que se pagaron 781.000 euros de más, si bien la Fiscalía Anticorrupción cifraba el perjuicio en 1.106.912 euros] y del Muelle de Contenedores [cuatro millones de más, según la acusación de Fiscalía].
Las investigaciones comenzaron en 2012. Respecto a las obras del muelle de contenedores, la Fiscalía ha formulado acusación y se acaba de abrir juicio oral, tal y como adelantó eldiario.es/Andalucía.
Un fraude sumergido hasta que colisionó un barco
Para realizar el engaño, los ingenieros condenados, que debían certificar las obras, alteraron “mendazmente” los documentos públicos de liquidación de obra, añadiendo mediciones exageradas o elementos inexistentes. Antes, ya se había modificado el presupuesto base añadiendo 1.594.537,67 euros a los ocho millones de euros en que SANDO se había comprometido a realizar la obra. Un 19,78% más, al límite legal. La empresa también logró un proyecto complementario de 1.569.281,93 euros, teóricamente para dotar de mejoras técnicas a la obra, muy expuesta a los embates del viento y el mar.
Inicialmente, todas las obras se fueron liquidando sin contratiempos. El fraude se detectó cuando el buque Stolt Capability colisionó contra un pilote del atraque Sur. Cuando otra empresa acometió las obras de reparación, entre mayo y junio de 2010, se descubrió el engaño: la longitud de los pilotes que allí había era muy inferior a lo que se había certificado y liquidado. Una auditoría interna de Puertos del Estado constató poco después que, en efecto, en las obras del atraque Sur se había producido un engaño.
La sentencia concluye que en las unidades de pilotes se produjo intencionadamente un exceso de medición en la liquidación por valor de 515.182,92 euros. En la escollera se añadió una partida de 3.373 toneladas que nunca se ejecutó, y que costó 189.320 euros. Y en la pavimentación se introdujo de modo consciente un exceso de medición de superficie y grosor con un perjuicio para el Puerto de 76.702 euros. En total, un fraude con “mutaciones falsarias” de 781.204,92 euros públicos, que se pagaron a SANDO por obras que no realizó.
Un acuerdo entre los condenados y la empresa beneficiaria
La resolución, inusualmente extensa [235 páginas] por la complejidad técnica del asunto, el número de testigos y la minuciosidad de la prueba pericial y documental, da por probado que existió un acuerdo entre la adjudicataria y los dos trabajadores del puerto para alterar falsariamente las certificaciones y liquidación final del proyecto de obra. El fin era, dice la sentencia, “reequilibrar” (“sin descartar otras posibles ventajas económicas añadidas”) una licitación tan a la baja que la propia mesa de contratación había requerido a SANDO para que explicase cómo pensaba ejecutarla.
Los jueces concluyen que era una oferta que “en modo alguno habría realizado este contratista (ni ningún otro, por supuesto) si no hubiese contado de antemano con, al menos, la fundada expectativa” de la plena disposición de uno de los condenados “a efectuar las irregularidades que fueren precisas para compensarle económicamente de la baja oferta realizada”. Por eso, concluyen que ya estaba pactado que esa oferta baja se compensaría a posteriori inflando artificialmente el coste.
SANDO y uno de los ingenieros tenían una estrecha relación comercial a través de una empresa de la que eran socios este último y tres de sus hermanos. Aunque había dejado de ser su presidente, la administradora única era su mujer y él seguía percibiendo retribuciones mientras desempeñaba funciones públicas en el Puerto, según los informes aportados por la UDYCO.
Durante años, esa empresa facturó más de 300.000 euros a SANDO y DRAGADOS, encargadas luego de las millonarias obras del Puerto que se han investigado. Esta relación comercial habría motivado el pacto fraudulento en favor de las constructoras. Los jueces no se creen, como argumentaron los acusados, que el exceso de coste de un millón de euros compensara otras deudas anteriores (que no se habían reclamado hasta que comenzó la investigación, años después), y califican esas reclamaciones económicas de SANDO de “cortina de humo permanentemente blandida como estrategia procesal defensiva”, desarticulada por múltiples pruebas durante el juicio.