Karim Bouyakhrichan, presunto cabecilla de la Mocro Mafia holandesa, se ha esfumado ante la vista de las autoridades españolas aprovechando el momento: justo cuando los dos juzgados que tenían algo que decir le concedieron una libertad cautelar.
La Audiencia Provincial de Málaga acordó el pasado febrero ponerle en libertad porque, a pesar de que creía que había riesgo de que se fugase, concluyó que no era necesario mantenerlo en prisión y que ese riesgo se eliminaba con una fianza de 50.000 euros, la retirada de su pasaporte, su comparecencia ante el juzgado cada quince días y la aportación de un “teléfono de contacto directo”.
En paralelo, la orden europea de detención, que tramitaba la Audiencia Nacional a petición de Países Bajos, había quedado sin efecto porque los juzgados de Marbella reclamaban poder juzgarlo, según explican fuentes de la Audiencia Nacional. La orden fue ampliada posteriormente, pero cuando el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno quiso citarlo, Bouyakhrichan ya no respondió. Había aprovechado el ínterin en el que había quedado en libertad por los dos casos (el de Marbella y el de la Audiencia Nacional) para desaparecer.
Karim Bouyakhrichan, a quien en enero se le embargaron propiedades y saldos bancarios millonarios, está reclamado en Países Bajos por liderar una vasta red presuntamente dedicada al narcotráfico, a la que también se vincula con asesinatos, secuestros, extorsiones y una manera de conducirse particularmente violenta que no se detiene ante nadie, lo que incluiría amenazas directas a la princesa Amalia de Orange y al primer ministro Mark Rutte. Estas amenazas motivaron la adopción de medidas especiales de seguridad para protegerlos.
Cuando fue capturado en Marbella, el 9 de enero, la Policía Nacional dio una rueda de prensa y destacó su perfil como el del “delincuente más buscado y peligroso de Países Bajos”. La operación asestó un duro golpe a la Mocro Mafia en la Costa del Sol y supuso el bloqueo de 172 propiedades valoradas en 50 millones de euros, además de casi tres millones en cuentas bancarias.
Transcurridos 22 días desde la última vez que firmó ante un juzgado en España, su fuga se da por segura, como demostraría el hecho de que la Audiencia Nacional haya reactivado la orden de busca y captura contra él. Esto provocó este martes un buen puñado de reacciones, de la incredulidad a la frustración, por haber dejado escapar a una valiosa pieza criminal. “Es una noticia preocupante”, admitió el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. La Fiscalía holandesa mostró su “extrañeza” por la decisión judicial de dejarlo en libertad.
En el origen de su puesta en libertad está un auto, dictado por la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Málaga el 22 de febrero de 2024, contra el criterio del juzgado de instrucción 4 de Marbella y la Fiscalía. La Audiencia Provincial debía pronunciarse contra un recurso interpuesto por Bouyakhrichan contra la resolución del juzgado que ordenó, el 10 de enero, su ingreso en prisión provisional.
El juzgado había adoptado esa medida por su presunta participación en un delito de blanqueo de capitales cometido en España y al apreciar riesgo de fuga, según consta en el auto, al que ha tenido acceso este medio. Además, fuentes judiciales añaden que en la causa se le investiga también presuntos delitos de tráfico de drogas, organización criminal y banda armada, aunque esos tipos penales no aparecen referidos en el auto de la Audiencia Provincial.
Bouyakrichan recurrió la prisión provisional, alegando que no había indicios de criminalidad ni riesgo de fuga, y pidió que en lugar de mantenerlo en la cárcel se le impusiera alguna medida alternativa, como una fianza, la retirada del pasaporte o la prohibición de abandonar territorio nacional.
La Fiscalía se opuso, subrayando la enorme capacidad económica del investigado, su falta de arraigo efectivo en España, su nacionalidad marroquí (lo que dificultaría su posterior entrega si se evadiese a aquel país) y el interés de las autoridades holandesas en que les fuera entregado, en el curso de un procedimiento que se seguía paralelamente en la Audiencia Nacional.
En su razonamiento, los magistrados de la Audiencia Provincial dieron la razón a la Fiscalía, desestimando los argumentos de Bouyakrichan. Y afirmaron: “Finalmente hemos de decir que, en contra de lo que se alega en el recurso, sí que existe riesgo de fuga, toda vez que el recurrente es ciudadano extranjero, sin que conste que tenga bienes raíces en España”.
Desmontaban así la coartada del supuesto domicilio de su esposa, pues esta vive en Dubai habitualmente y solo visita Marbella esporádicamente. “A ello ha de sumarse que el tipo básico del delito de blanqueo de capitales (art. 301.1 del Código Penal) prevé pena de hasta seis años de prisión. Todo lo que revela la existencia de ese riesgo de fuga”, concluía el razonamiento.
Sin embargo, los magistrados concluyeron que imponer la prisión provisional incumplía el requisito de proporcionalidad que se exige a toda medida cautelar, y que el riesgo de fuga quedaba solventado con “medidas menos gravosas”, que son las que finalmente se establecieron para acompañar la puesta en libertad: una fianza de 50.000 euros (una cuantía exigua para el orden de magnitud de las propiedades que se le atribuyen); la retirada del pasaporte (con prohibición de salida del territorio nacional); la designación de domicilio y el deber de facilitar un teléfono de contacto directo; y la obligación apud acta de comparecer “ante el Juzgado de su domicilio, o el que instruya o conozca de la causa cada quince días”.
Desde entonces, ha estado firmando “fuera de Marbella”, según fuentes judiciales, que no aclaran desde dónde. Estas comparecencias se notificaban al juzgado 4 de Marbella “unos días después”, según estas fuentes, que aseguran que “es legal firmar desde el juzgado que quiera”, y que se hace de forma habitual. El artículo 530 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece los siguiente: “El investigado o encausado que hubiere de estar en libertad provisional, con o sin fianza, constituirá apud acta obligación de comparecer en los días que le fueren señalados en el auto respectivo, y además cuantas veces fuere llamado ante el juez o tribunal que conozca de la causa”.
La última firma recibida tenía fecha del 1 de abril. Después, ya no acudió a la que correspondería al día 15. “Aún puede llegar la notificación desde el lugar donde lo haya hecho”, dicen fuentes judiciales, aunque todo el mundo da ya por perdida la pista del jefe de la Mocro Mafia.
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